En febrero de 2020 el régimen venezolano, entonces liderado por Nicolás Maduro, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) un reclamo inusual: argumentaba que las sanciones impuestas por Estados Unidos habían provocado crímenes de lesa humanidad en el país, incluyendo asesinatos, persecución y deportaciones.
Tras más de seis años de examen preliminar, la Fiscalía de la CPI concluyó el 12 de marzo de 2026 que no hay evidencia suficiente para sostener que las sanciones causaran esos crímenes, por lo que no se abrirá una investigación formal sobre este caso, conocido como Situación Venezuela II.
La Corte dejó claro que la responsabilidad penal internacional es individual, y que quienes hayan participado en la gestión o resguardo de activos congelados del país no pueden ser responsabilizados por los crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen dentro de Venezuela. Al mismo tiempo, la investigación sobre los crímenes cometidos directamente por el régimen chavista, la Situación Venezuela I, continúa en curso, incluyendo violaciones cometidas incluso tras la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Intento de desviar la atención
La remisión presentada por el régimen buscaba que la CPI investigara a Estados Unidos y a personas que contribuyeron a la gestión de activos congelados, alegando que sus acciones habían generado graves daños a la población. En otras palabras, el régimen intentó culpar a terceros por las consecuencias de sus propias violaciones de derechos humanos
Históricamente, la CPI investiga crímenes directos cometidos por actores con poder sobre la población civil. Pretender responsabilizar a sanciones internacionales o a personas externas fue un enfoque novedoso y estratégico, pero que no cumple con los estándares de derecho penal internacional.
Lo que evaluó la CPI
Durante seis años, la Oficina del Fiscal analizó información del régimen venezolano, de fuentes abiertas y comunicaciones internacionales. La decisión se basó en dos criterios fundamentales:
- Causalidad: ¿Existe un vínculo directo entre la acción (sanciones) y el daño (crímenes)? La Fiscalía concluyó que no hay conexión suficiente.
- Intención: ¿Se actuó con el propósito de cometer crímenes de lesa humanidad? La CPI determinó que no hay evidencia de intención criminal de parte de Estados Unidos ni de quienes gestionaron los activos congelados.
Aunque las sanciones pudieron agravar la situación humanitaria, esto no constituye un crimen bajo la jurisdicción de la Corte.
¿Qué significa el cierre de Venezuela II?
El cierre del examen preliminar no afecta la investigación principal, la Situación Venezuela I, que sigue enfocada en crímenes cometidos por el régimen, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y persecución política desde al menos 2014.
Esto refuerza un principio clave: la responsabilidad penal recae en individuos que cometen crímenes, no en países ni en políticas externas, y que la justicia internacional se centra en el aparato estatal venezolano y sus funcionarios.
¿Por qué importa?
La decisión de la CPI confirma que:
- La Corte no es un foro para controversias políticas o sanciones económicas.
- La responsabilidad internacional se evalúa individualmente.
- Las investigaciones sobre los crímenes internos del régimen continúan, con la meta de garantizar justicia, reparación a las víctimas y prevención de futuras violaciones.
En otras palabras, el intento del régimen chavista de culpar a factores externos fracasó ante la Corte, mientras que los responsables dentro del país siguen bajo escrutinio internacional.
Conclusión
La Situación Venezuela II demuestra que las sanciones internacionales no generan crímenes de lesa humanidad y que la CPI actúa con rigor técnico para distinguir responsabilidad individual de consecuencias indirectas de políticas externas.
Por el contrario, la investigación sobre los crímenes cometidos por el régimen continúa, recordando que ningún cargo o posición de poder exime de rendición de cuentas. Venezuela sigue necesitando justicia, reparación para las víctimas y un registro claro de los responsables que han mantenido la represión durante años.