En diciembre de 2025, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (MIIDHV) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, un informe que rebeló las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos de forma sistemática durante más de una década por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El instrumento de 123 páginas, presentado el 11 de diciembre, documentó ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles y violencia sexual y de género perpetrados por la GNB entre 2014 y 2025, principalmente en el contexto de protestas y persecución política.
La misión investigadora explicó que las autoridades venezolanas fusionaron funciones militares y policiales a través de esta guardia nacional, lo que legitimó la militarización de la seguridad ciudadana y amplió el papel de este cuerpo en operaciones orientadas al control social y la represión interna.
Ello se vio facilitado mediante una cadena de mando sin contrapesos para la rendición de cuentas y “altamente centralizada” bajo la dirección del depuesto presidente Nicolás Maduro, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La Misión manifestó tener motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB dispararon armas de fuego de manera indiscriminada, apuntando directamente a zonas vitales de los cuerpos de las víctimas. En los picos de las protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB habría usado fuerza desproporcionada, incluyendo armas de fuego con proyectiles modificados para causar mayor daño.
Asimismo, documentaron detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física durante los arrestos, siembra de evidencia, torturas y malos tratos, incluso violencia sexual y de género dentro de instalaciones de la GNB utilizadas como centros de detención transitoria.
Según la Misión, la persistencia de estos abusos se vio facilitada por un entorno prolongado de impunidad estructural, sostenido por un sistema judicial sin capacidades técnicas o con poca voluntad de investigar o procesar las violaciones cometidas por la Guardia Nacional: investigaciones sin avances, paralización procesal prolongada, manipulación de evidencia, obstrucción deliberada por parte de la GNB y concentración de sanciones únicamente en personal de bajo rango.
El informe resaltó que la GNB fue determinante en la comisión del crimen de lesa humanidad de “persecución con motivos políticos”, siendo, además, según datos de la sociedad civil, la institución que ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020, y que desempeñó un papel clave en la captura y criminalización de opositores tras las elecciones de 2024.
En este contexto, la investigación también dejó ver la responsabilidad de altos funcionarios como Delcy Rodríguez, quien mientras ocupaba el cargo de vicepresidenta de la República –hoy en conducción transitoria del poder ejecutivo en Venezuela- expresó públicamente el compromiso del Estado para investigar estos crímenes y establecer responsabilidades[1]. Sin embargo, Rodríguez y Maduro incumplieron estos compromisos, continuando con la persecución política, manteniendo centenares de presos políticos y persistiendo en la inercia sobre las debidas investigaciones, lo que conllevó a que en octubre de 2025 la MIIDHV anunciara que pondría fin a su labor en el país.
Este conjunto de factores demuestra tanto la falta de voluntad como la incapacidad del Estado para llevar a cabo investigaciones genuinas, sustentando la conclusión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la necesidad de continuar con la investigación internacional en la situación Venezuela I.
En vista de los indicios obtenidos, la misión estimó que existen motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB, así como altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, tanto como autores y coautores directos o indirectos como por responsabilidad de mando; por lo cual, instó nuevamente a una respuesta firme de los mecanismos nacionales e internacionales para garantizar justicia y rendición de cuentas.
Labor de la MIIDHV en Venezuela
Cabe recordar, que la Misión Internacional Independiente (MIIDHV) fue creada en 2019 mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el mandato de investigar violaciones graves de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual o de género. Este último informe constituye la investigación más reciente realizada por la Misión en el marco de su mandato, actualmente prorrogado hasta octubre de 2026.
Durante seis años y cuatro mandatos consecutivos, la Misión se consolidó como una fuente esencial de documentación independiente, rigurosa y técnicamente sólida sobre la situación de Venezuela, aportando análisis clave para los mecanismos internacionales de determinación de responsabilidades penales individuales. Su labor ha sido particularmente relevante para la identificación, análisis y contextualización de patrones de conducta atribuibles a estructuras estatales y, a cadenas de mando, siendo importante recordar que la competencia de la CPI se concentra en la responsabilidad penal de los autores mediatos, de los mandos superiores y medios, y no en los perpetradores directos de los crímenes. En este sentido, los informes de la MIIDHV han aportado elementos analíticos y probatorios esenciales para establecer vínculos entre las graves violaciones documentadas y las políticas, decisiones y omisiones adoptadas en los niveles jerárquicos superiores del Estado venezolano, incluyendo a la vicepresidente Delcy Rodríguez, el hoy encarcelado Nicolas Maduro, y los ministros de defensa e interior y justicia, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, respectivamente, como máximos responsables de la comprobada represión y crimines de lesa humanidad.
Sin embargo, el mecanismo experimentó un debilitamiento significativo como consecuencia de limitaciones técnicas y presupuestarias, lo que derivó en la renuncia, con efecto al 31 de octubre de 2025, de dos de sus tres miembros expertos, situación que generó una amplia preocupación en la comunidad internacional respecto de la continuidad, efectividad e independencia del mandato sobre Venezuela. En respuesta a este escenario, el 18 de diciembre de 2025 el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a dos nuevos expertos, el canadiense Alex Neve y la jurista María Eloísa Quintero, quienes se incorporaron a la Misión junto con su presidenta, Marta Valiñas, con el objetivo de restablecer su plena operatividad, reforzar su capacidad investigativa —aun cuando el régimen venezolano continúa impidiendo el acceso al territorio para la realización de investigaciones in situ— y asegurar la continuidad de un mandato que resulta indispensable para seguir documentando, con rigor metodológico, los elementos contextuales de los crímenes cometidos en Venezuela que actualmente se encuentran bajo investigación por la Corte Penal Internacional, así como aquellos que podrían ser examinados por jurisdicciones nacionales en aplicación del principio de justicia universal.
[1] El informe cita como ejemplo la reunión sostenida el 08 de agosto de 2025 entre Delcy Rodríguez y el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, resaltando las declaraciones de Rodríguez que reiteraban el compromiso de la Fiscalía de continuar la investigación iniciada en 2018 y de evaluar los esfuerzos nacionales bajo el principio de complementariedad establecido en el artículo 17 del Estatuto de Roma. Punto 305, pags 60-61
FUENTES:
- Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (11 de diciembre de 2025). : El rol de la Guardia Nacional Bolivariana.
- Noticias ONU (11 de diciembre de 2025). Misión sobre Venezuela: La Guardia Nacional Bolivariana es responsable de crímenes de lesa humanidad.
- CNN en Español (11 de diciembre de 2025). Misión de la ONU para Venezuela señala a Guardia Bolivariana por presuntas violaciones a DD.HH. y crímenes de lesa humanidad.
- Swissinfo.ch (11 de diciembre de 2025). Misión de la ONU acusa a la Guardia Nacional Bolivariana de crímenes de lesa humanidad.