En Venezuela, un país marcado por décadas de crisis política y social, las instituciones que deberían proteger a la ciudadanía no solo han fallado, sino que continúan adaptándose para perpetuar la represión. Según la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estas estructuras represivas están “mutando” frente a los cambios recientes, pero los patrones de violaciones graves de derechos humanos persisten.
Entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, la Misión documentó hechos alarmantes: 135 presuntas detenciones arbitrarias entre septiembre y diciembre, torturas, violencia sexual y de género, e incluso la muerte de personas bajo custodia. Tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro, se abrió un periodo de excarcelaciones masivas y reformas legales, pero las libertades fundamentales siguen restringidas, y cientos de personas permanecen detenidas de manera injusta.
La Misión subraya que, aunque se han producido cambios superficiales, las instituciones responsables de la represión —el poder judicial, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Contraloría y organismos de control electoral— permanecen intactas. Los funcionarios identificados previamente como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ejerciendo altos cargos, y las leyes que han servido para perseguir a opositores y ciudadanos críticos siguen vigentes.
Incluso los esfuerzos positivos, como la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la excarcelación de detenidos políticos, se ven limitados por exclusiones arbitrarias, falta de transparencia y ausencia de mecanismos para garantizar la reparación de las víctimas. La Misión enfatiza que la liberación de quienes han sido detenidos injustamente no requiere de nuevas leyes: es un imperativo de derechos humanos.
Más de 8,7 millones de venezolanos viven fuera del país y miles de víctimas buscan contar su historia en un contexto ahora algo más seguro, evidenciando la urgencia de documentar y sancionar los crímenes cometidos. La Misión insta a las autoridades venezolanas a permitir su acceso pleno al país para garantizar transparencia y cooperación.
El mensaje es claro: la represión persiste, las instituciones mutan para adaptarse a nuevos escenarios, pero el cambio profundo y duradero que permita restaurar la democracia, los derechos humanos y la confianza de los ciudadanos todavía está por venir. Este es un momento decisivo para Venezuela y para la comunidad internacional: es hora de vigilancia, de apoyo y de acción, no de indiferencia.