El vertiginoso avance de las tecnologías y su masificación en todos los ámbitos de la vida ha traído como consecuencia beneficios para la colectividad, pero también ha propiciado su uso indiscriminado, facilitando el acceso no autorizado a la información privada de terceros.
Esto ha sido conocido como espionaje digital, que consiste en cualquier acción de vigilancia, acceso o interceptación de comunicaciones privadas sin consentimiento del titular e incluye la grabación de conversaciones privadas, el uso de aplicaciones de control, la lectura de correos electrónicos o chats ajenos y los accesos a la nube, archivos personales o redes sociales de otra persona.
Valiéndose de la excusa de combatir el terrorismo y proteger la seguridad nacional, algunos Estados han convertido el espionaje digital en una práctica frecuente para vigilar a las personas, siendo usado como medio de represión de críticos y disidentes -entre ellos miembros de la oposición, periodistas y defensores de Derechos Humanos- con un impacto profundo sobre derechos fundamentales como la libertad de circulación, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y el derecho a la privacidad.
Un informe presentado en 2023 por la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Fionnuala Ní Aoláin, sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, alertó sobre el alarmante aumento del uso de “tecnologías intrusivas y de alto riesgo” a escala mundial, con el empleo indiscriminado de drones, la biometría, la inteligencia artificial (IA) y los programas espía.
Este uso de tecnología de vigilancia sin regulación alguna ha permitido el abuso en el uso de herramientas de injerencia informática (“spyware”) para acceder al contenido de teléfonos inteligentes y conocer datos sensibles de la vida de las personas o en el monitoreo sistemático de lo que la gente expresa en Internet, incluso mediante la recolección y el análisis de los mensajes que aparecen en las redes sociales.
El caso venezolano
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha puesto en marcha programas de espionaje digital con el objeto de reprimir, detener y acusar de delitos de traición a la patria, terrorismo, incitación al odio o instigación a delinquir a quienes discrepan de sus políticas o develan sus actuaciones ilícitas.
Esto se ha convertido en una práctica habitual desde hace algunos años, y pese a que la Constitución de ese país contemple que el Estado tiene el deber de garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos (artículo 19), se han vuelto constantes los abusos cometidos por funcionarios del gobierno a derechos constitucionales; al punto de que miembros de las fuerzas de seguridad han confiscado aleatoriamente, y sin orden judicial, teléfonos móviles de personas en la calle para verificar sus mensajes de texto (o de Whatsapp) u opiniones en redes sociales, irrespetando el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones (artículo 48), el libre tránsito (artículo 50) y la libertad de expresión y de conciencia (artículos 57 y 61, respectivamente). Y cualquier delito imputado en este contexto es nulo, ya que todas las “pruebas” obtenidas por la fuerza o digitalmente sin una orden deberían ser desechadas en el marco de un Estado de Derecho.
Organizaciones como IPYS Venezuela, VeSinFiltro y Freedom House han documentado cómo el régimen ha construido un aparato de control que incluye interceptaciones masivas de llamadas, aplicaciones oficiales que recolectan datos sin consentimiento, monitoreo constante de redes sociales y acceso forzado a dispositivos móviles, propiciando un clima de intimidación y autocensura que erosiona la libertad digital en el país.
Un informe publicado en 2021 por la empresa Telefónica (casa matriz de Movistar Venezuela) reveló que durante ese año se intervinieron en el país más de 1,5 millones de líneas telefónicas -a casi el 20% del total de los usuarios de Movistar en el país-, por medio de la intercepción de llamadas, la supervisión de mensajes de texto (SMS), la geolocalización de personas a través de sus teléfonos móviles y el monitoreo de su tráfico de internet.
También se ha institucionalizado el monitoreo digital a través del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA) y de la capacitación de miembros de las fuerzas de seguridad -principalmente de efectivos de la Guardia Nacional- en el uso de redes para detectar “advertencias tempranas”.
Aplicaciones desarrolladas por el gobierno con fines de apoyo social o económico han sido usadas para recolectar datos personales y de geolocalización. Como ejemplo de ello podemos mencionar la aplicación VenApp, creada inicialmente como una “red social venezolana” de emprendedores, que fue usada por el régimen tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 para centralizar reportes sobre protestas sociales y presuntas “guarimbas fascistas”. A través de ella muchos ciudadanos denunciaron a los vecinos que expresaban su descontento por los resultados electorales en grupos de Whatsapp o redes sociales, y que luego fueron detenidos en el operativo de seguridad conocido como “Operación Tun Tun”.
Además, una investigación realizada por el medio Armando.info dio a conocer sobre la existencia de al menos 80 antenas sospechosas en Venezuela, muchas de ellas ubicadas en zonas estratégicas de Caracas, aeropuertos y en la frontera con Colombia. Simulando ser antenas de telefonía móvil, estos dispositivos han sido usados para interceptar comunicaciones en un radio de hasta un kilómetro, pudiendo capturar llamadas, leer mensajes de texto y rastrear la ubicación exacta de un teléfono.
Para poner en marcha todas estas actividades el gobierno venezolano ha invertido millones de dólares. Según un comunicado publicado en agosto de 2025 por la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, en 2024 Maduro habría invertido en inteligencia militar para el espionaje digital 927 millones de dólares, lo que contrasta con los 18 millones de dólares asignados para alimentar a más de 5 millones de escolares durante el mismo año.
Medidas a tomar para contrarrestar el espionaje digital
En un contexto donde el monitoreo estatal se ha vuelto sistemático y agresivo, es fundamental adoptar medidas de autoprotección digital. Por ello, te recomendamos las siguientes:
- Usa aplicaciones con cifrado de extremo a extremo (como Signal).
- Usa dispositivos que permitan actualizaciones de seguridad.
- Evita realizar las llamadas tradicionales o escribir mensajes SMS.
- No descargues archivos ni enlaces desconocidos.
Mantén tus dispositivos actualizados.
Fuentes
- El Pitazo
- El Nacional
- OHCHR
- ONU
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela