El 04 de septiembre de 2025 un grupo de 25 ONGs unidas bajo el nombre genérico “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento”, presentaron un informe denominado “Crisis postelectoral y de derechos humanos 2024 en Venezuela: El libro negro de la dictadura”, que documenta patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos ocurridos en el país antes, durante y después de la jornada electoral del 28 de julio de 2024.
El reporte expone que durante el primer semestre de 2024 se registraron dos mil trescientas ochenta y tres protestas, 56% de éstas en reclamo por Derechos Económicos, Sociales y Culturales; por lo menos ciento sesenta y nueve personas fueron detenidas de manera arbitraria por razones políticas (siendo uno de los casos más emblemáticos el de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel), veinticinco por informar y cuarenta y nueve por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia; a seis personas refugiadas en la sede de la embajada de Argentina en Caracas se les violó el derecho al asilo; se procesaron noventa y ocho denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión; y fue bloqueado el acceso a cincuenta y ocho sitios web.
Durante la jornada electoral del 28 de julio de 2024 las organizaciones de observación ciudadana registraron entre 53,8% y 65,9% incidentes en centros electorales que retrasaron el proceso de votación. En el 70% de los centros electorales se encontraban puntos proselitistas, mientras que en el 33% de los centros se observó el uso de recursos públicos para la movilización de electores. También se registraron veinte situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información y ochenta y seis ataques propinados por grupos armados afectos al oficialismo en diecisiete estados del país con la tolerancia de los cuerpos de seguridad.
Luego de las elecciones presidenciales el régimen de Nicolás Maduro neutralizó las movilizaciones populares en reacción a los resultados mediante una combinación de métodos “duros” y “blandos”. Los primeros caracterizados por una represión masiva en la que al menos veintiséis personas perdieron la vida en el marco de manifestaciones. Ello fue complementado con mecanismos “blandos”, que incluyeron la aprobación de una ley contra las ONG, la anulación masiva de pasaportes, despidos por razones políticas, estímulo de la delación comunitaria a través de una aplicación tecnológica, revisión ilegal de teléfonos celulares en alcabalas y la divulgación de mensajes atemorizantes por parte de voceros gubernamentales.
A partir de estos datos el informe concluyó que durante el 2024 en Venezuela las autoridades siguieron ejerciendo “terrorismo de Estado” a partir del empleo de un patrón sistemático de persecución por motivos políticos y de la acción coordinada de las diferentes instituciones del poder público para fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción. La grave erosión de la institucionalidad democrática ha transgredido el 21.7% de los artículos de la Carta Magna vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por vía de hecho.