La justicia va encontrando camino: jurisdicción universal, verdad y garantías de no repetición para las víctimas venezolanas

El 8 de octubre de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación sustitutiva contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro que añade el cargo de conspiración para cometer tortura. Ambos están detenidos en Nueva York desde que fuerzas estadounidenses los capturaron en Caracas el 3 de enero de 2026, y ya respondían por narcotráfico y delitos relacionados con armas.^[1] Según el Departamento de Justicia, durante años habrían participado en una estructura que detenía y torturaba a opositores, militares y otras personas, entre ellas ciudadanos estadounidenses. Son alegaciones que la Fiscalía tendrá que probar, y los acusados conservan la presunción de inocencia.

Eduardo Torres, abogado de PROVEA y expreso político, escribió ese mismo día: «Como ex preso político, doy fe que las cárceles en Venezuela, son centros de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes». Añadió que la acusación de la Fiscalía estadounidense «es un paso para la justicia en el mundo, un paso para la justicia en Venezuela».^[2] Hechos de esa naturaleza ya estaban siendo examinados por la justicia argentina y por la Corte Penal Internacional; ahora los examina también un tribunal estadounidense.

La base legal del cargo explica por qué el caso interesa también a las víctimas venezolanas. El artículo 2340A del título 18 del Código de los Estados Unidos castiga la tortura cometida fuera del territorio estadounidense y da competencia a sus tribunales en dos supuestos: que el acusado sea nacional estadounidense o que se encuentre en Estados Unidos, cualquiera sea su nacionalidad o la de la víctima.^[3] Como Maduro y Flores no son estadounidenses, la competencia descansa en su presencia en el país, y por eso la acusación describe nueve víctimas, de las cuales solo tres son estadounidenses, las demás son militares, opositores y otros detenidos venezolanos.^[4] La norma desarrolla el artículo 5.2 de la Convención contra la Tortura, que Estados Unidos ratificó en 1994 y que obliga a cada Estado parte a juzgar o extraditar al presunto torturador que se halle en su territorio.^[5] Es una forma de jurisdicción universal condicionada a la presencia del acusado.

El 23 de septiembre de 2024, la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la captura internacional de Maduro, Diosdado Cabello y otros funcionarios en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, con fundamento en la jurisdicción universal y a partir de testimonios, documentos e informes internacionales.^[6] Esa causa demostró que un tribunal extranjero podía reunir y valorar prueba sobre hechos ocurridos a miles de kilómetros.

Buena parte de ese material procede de la diáspora. Muchas víctimas y testigos viven hoy fuera de Venezuela, y con ellos salieron documentos, fotografías, mensajes y relatos. Un proceso abierto donde residen puede recoger sus declaraciones mientras la memoria está fresca y conservarlas para procedimientos posteriores.

Cada ordenamiento trata la jurisdicción universal a su manera. España fue durante años la referencia obligada, hasta que las reformas de 2009 y 2014 exigieron vínculos de conexión más estrictos y cerraron buena parte de la puerta a investigar hechos ocurridos por completo en el extranjero.^[7] Con la numerosa comunidad venezolana que reside en España, la pregunta sigue abierta: ¿hasta dónde debe llegar un juez nacional cuando las víctimas viven en su territorio y el Estado donde ocurrieron los hechos no les ofrece justicia? En el Congreso sigue pendiente, en fase de enmiendas desde 2024, una proposición de ley de Sumar para recuperar la jurisdicción universal; otra de Esquerra Republicana, presentada en octubre de 2025, fue retirada en febrero de 2026.^[8]

Alemania mantuvo un modelo amplio. Su Código de Crímenes contra el Derecho Internacional permite perseguir genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en cualquier lugar, sin exigir vínculo territorial ni personal, aunque el §153f de la Ordenanza Procesal Penal deja a la Fiscalía margen para abstenerse si el sospechoso no está en Alemania o si otra jurisdicción está mejor situada.^[9] El caso Al-Khatib muestra lo que ese modelo puede dar. En enero de 2022, el Tribunal Superior Regional de Coblenza condenó a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad a Anwar R., antiguo jefe de investigaciones de un centro de detención de la inteligencia siria.^[10] Las denuncias presentadas en Alemania por sobrevivientes refugiados en ese país contribuyeron de manera significativa al proceso, una situación que los venezolanos dispersos por Europa conocen bien.

Varios procesos abiertos a la vez pueden apoyarse entre sí. Un testigo identificado en Buenos Aires puede declarar en Nueva York, y un peritaje estadounidense puede ayudar a fiscales de otros países a entender cómo funcionaba un centro de detención. Nada de esto ocurre de forma automática: cada tribunal examina la prueba según sus propias reglas y verifica su autenticidad y la forma en que se obtuvo. La asistencia judicial entre Estados evita que cada proceso empiece de cero. Las organizaciones de derechos humanos llevan años documentando casos y acompañando víctimas que no encontraron respuesta en los tribunales venezolanos, y sus archivos suelen ser el punto de partida de esas investigaciones, sobre todo cuando pasa el tiempo y los testigos se dispersan.

La Corte Penal Internacional tiene su propio lugar en este mapa. Conforme a la política de selección de casos de su Fiscalía, la investigación Venezuela I se orienta hacia quienes tienen mayor responsabilidad, categoría que puede incluir a mandos medios con una participación relevante.^[11] La Corte no llegará, en cambio, a la mayoría de los autores materiales, a los fiscales y jueces que convalidaron detenciones ni a los directores de centros de reclusión. Esos casos corresponderán a la justicia venezolana.

El silencio de la Corte tampoco permite saber cuánto ha avanzado. Desde el 10 de noviembre de 2025, la norma 23 del Reglamento de la Corte dispone que las solicitudes de órdenes de arresto o de comparecencia previstas en el artículo 58 del Estatuto se tramiten en secreto o bajo sello, salvo que la Sala decida otra cosa.^[12] Puede haber actuaciones que no conocemos, sin que eso autorice a suponer que ya se han dictado órdenes. A ello se suma el retiro de Venezuela, notificado al Secretario General de las Naciones Unidas el 24 de julio de 2026, que tendrá efecto el 24 de julio de 2027.^[13] El artículo 127.2 del Estatuto mantiene las obligaciones contraídas mientras el Estado fue parte y la cooperación en las investigaciones iniciadas antes de esa fecha.^[14] Venezuela I sigue abierta, aunque es previsible que la cooperación sea más difícil.

El proceso de Nueva York plantea, además, una cuestión de complementariedad. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, pero el artículo 17 no exige que el Estado que investiga lo sea; basta con que tenga jurisdicción sobre el caso, y el artículo 19.2.b permite a cualquier Estado en esa situación impugnar la admisibilidad.^[15] La Sala de Apelaciones ha exigido, sin embargo, que el proceso nacional se refiera a la misma persona y sustancialmente a la misma conducta.^[16] Un cargo de conspiración para torturar, centrado en un grupo determinado de víctimas, cubre solo una parte de lo que examina Venezuela I, que incluye también la privación grave de libertad, la violencia sexual y la persecución. Si en Nueva York se dictara sentencia, el artículo 20.3 impediría a la Corte juzgar a los acusados por la misma conducta, salvo que aquel proceso hubiera buscado sustraerlos de su responsabilidad o careciera de independencia e imparcialidad.^[17] Hay también un límite práctico, Estados Unidos no está obligado por la Parte IX del Estatuto a cooperar con la Corte, y nada indica que vaya a entregar a quienes tiene bajo custodia.^[18] Las dos vías pueden coexistir, siempre que cada una respete el margen de la otra.

El trabajo más extenso tendrá que hacerse en Venezuela, cuando exista un sistema judicial independiente y con capacidad técnica. Habrá que reconstruir miles de historias, establecer quién ordenó cada detención y quién la ejecutó, reparar a las víctimas y revisar las instituciones que hicieron posibles los abusos. Una excarcelación repara una parte del daño, pero deja sin responder quién decidió la detención y qué falló para que ocurriera. De esas respuestas depende la garantía de no repetición. Saber qué organismos intervinieron y qué controles dejaron de funcionar es lo que permite reformarlos; sin ese conocimiento se cambian los nombres y los mecanismos de persecución quedan intactos.

Mientras tanto, lo que se haga en Nueva York, Buenos Aires o La Haya puede servir a ese momento futuro si cada testimonio se preserva y cada prueba se obtiene conforme a derecho. La justicia va encontrando camino por varias rutas a la vez, y lo que importa es que, al final, converjan en una verdad lo bastante sólida para establecer responsabilidades y reparar a quienes sufrieron la tortura.