La apertura económica como ocasión para hacer exigibles los derechos humanos
Carmen Alguindigue Morles[1]
Las reformas de 2026 en materia de hidrocarburos y electricidad[2] abrieron a la inversión extranjera sectores que durante décadas estuvieron reservados al Estado. El debate público se ha centrado, como es natural, en los montos, los sectores y las garantías para el inversionista. Menos atención han recibido quienes viven donde esa inversión va a instalarse: las comunidades vecinas a los campos petroleros y a las minas, los trabajadores que contratarán las empresas mixtas y sus contratistas, y los pueblos indígenas en cuyos territorios se encuentra buena parte de los recursos.
Para ellos, la apertura puede ser también una oportunidad. La inversión europea llegará necesariamente acompañada de obligaciones en materia de derechos humanos que las empresas deben cumplir por mandato de su propio derecho, y que coinciden con lo que la Constitución venezolana y los tratados ratificados por la República ya exigen. Esa coincidencia puede fortalecer la exigibilidad de derechos que no siempre han encontrado cauces eficaces para hacerse valer[3].
Muchos riesgos están identificados, en el sur del país, Naciones Unidas registró la presencia de grupos armados, la trata de personas y el trabajo infantil en torno a la explotación minera[4], y distintos órganos internacionales han recomendado evaluar de forma independiente el impacto de los proyectos extractivos y garantizar la consulta previa de los pueblos indígenas[5]. En esas zonas se verá si la apertura contribuye también al cumplimiento de los derechos.
Las organizaciones de derechos humanos estarán muy atentas a este aspecto. Conforme a los estándares de Naciones Unidas y de la OCDE, las empresas deben identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos que sus actividades, o las de sus socios comerciales, puedan causar sobre las personas, rendir cuentas de ello y reparar los daños que hayan causado[6]. Lo que nació como un estándar voluntario es hoy una obligación legal en países como Francia y Alemania, y el derecho de la Unión Europea lo ha incorporado mediante una directiva que los Estados miembros deben trasladar a su legislación[7]. A ello se suman normas de la UE que operan directamente sobre el mercado, como la que prohibirá, desde diciembre de 2027, vender en su territorio productos fabricados con trabajo forzoso, cualquiera que sea su origen[8].
En Francia, por ejemplo, las grandes empresas deben adoptar y aplicar un plan de vigilancia que comprende sus propias actividades, las de sus filiales y las de los subcontratistas y proveedores con los que mantienen una relación comercial estable, cualquiera que sea el país donde operen, Venezuela incluida. Toda persona con interés para actuar, ya sea una comunidad afectada, un sindicato o una asociación de derechos humanos, puede requerir formalmente a la empresa que cumpla ese plan y, si no lo hace en tres meses, pedir a un juez francés que se lo ordene. Quien haya sufrido un daño que la empresa habría podido evitar cumpliendo su deber de vigilancia puede, además, reclamar su reparación ante los tribunales franceses[9].
Estas obligaciones cobran fuerza cuando se invocan, y en ello las comunidades, los trabajadores y las organizaciones tienen un papel principal. Pueden advertir a la empresa de un impacto que desconoce, exigir la consulta previa, libre e informada que imponen la Constitución y el Convenio 169 de la OIT[10], y presentar una queja ante el mecanismo de reclamación de la empresa o, si este no responde, ante el Punto Nacional de Contacto de su país de origen, aun cuando Venezuela no se haya adherido a las Líneas Directrices de la OCDE[11]. La experiencia de las organizaciones venezolanas en la documentación de violaciones de derechos humanos resulta aquí especialmente valiosa, pues identificar qué empresa opera en cada proyecto, de qué país proviene y qué ley la obliga permite presentar esa documentación ante quien está obligado a responder por ella. No obstante, las empresas extranjeras no sustituyen al Estado, muchas inversiones se canalizarán mediante concesiones o empresas mixtas, y la jurisprudencia interamericana ha establecido que el Estado sigue siendo garante de los derechos humanos aun cuando la actividad la realicen particulares, por lo que responde si no la regula ni la supervisa[12]. De allí que la sociedad civil tenga razones para pedir que los contratos de la apertura sean públicos e incorporen cláusulas de derechos humanos, como recomiendan los principios de contratación responsable de Naciones Unidas[13].
Así las cosas, ninguna empresa europea puede invertir en Venezuela sin haberse blindado antes en materia de derechos humanos, pues lo que ocurra en sus proyectos tendrá consecuencias también en su propio país. Para las organizaciones de derechos humanos, esa exigencia es también un punto de apoyo. Pareciera, entonces, que la inversión y la producción pueden avanzar de la mano del reforzamiento en el cumplimiento de los derechos humanos, y que el éxito de ambas se medirá también por el respeto efectivo de los derechos de quienes viven y trabajan en el entorno de cada proyecto. Si ello ocurre, la apertura habrá contribuido a la exigibilidad de los derechos humanos en Venezuela y, por ende, a retomar el hilo constitucional[14].
[1] Profesora e investigadora universitaria. Especialista en Gerencia de Auditoría de Estado, Ciencias Penales y Criminológicas y Derecho Digital.
[2]La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos se aprobó el 29 de enero de 2026 (BBC Mundo, reproducido en El Observador, https://observador.cr/que-cambia-en-venezuela-con-la-nueva-ley-de-hidrocarburos-y-por-que-es-una-ruptura-radical-con-50-anos-de-modelo-petrolero/) y la de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, el 10 de noviembre de 2026 (EFE, reproducido en Infobae, https://www.infobae.com/america/agencias/2026/11/10/venezuela-reforma-la-ley-electrica-para-atraer-inversiones-en-medio-de-apertura-petrolera/).
[3]El análisis jurídico completo de esta coincidencia, entre los estándares internacionales, la legislación europea y el ordenamiento venezolano, se desarrolla en Carmen Alguindigue Morles, «Apertura económica y exigibilidad de los derechos humanos en Venezuela. La diligencia debida empresarial», AMS Abogados, 18 de noviembre de 2026, Disponible en: https://amsabogados.org/apertura-economica-y-exigibilidad-de-los-derechos-humanos-en-venezuela/
[4]Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, A/HRC/51/43, 2022, cap. III, sobre el Arco Minero del Orinoco (https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g22/592/08/pdf/g2259208.pdf); el trabajo infantil en la zona fue documentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de 15 de julio de 2020 (Crónica Uno, https://cronica.uno/arco-minero-del-orinoco-se-convirtio-en-zona-de-explotacion-laboral/).
[5]Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD/C/VEN/CO/22-24, 2024; Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, actualización oral de marzo de 2025 (https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2025/03/oral-update-human-rights-situation-venezuela), y CIDH y REDESCA, 2026 (Provea, https://provea.org/actualidad/cidh-y-redesca-alertan-sobre-mineria-ilegal-de-oro-en-el-sur-de-venezuela/).
[6]Naciones Unidas, Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos (A/HRC/17/31), hechos suyos por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 17/4, de 16 de junio de 2011, que definen la diligencia debida en materia de derechos humanos como el proceso por el cual la empresa identifica, previene, mitiga y rinde cuentas de los impactos negativos de sus actividades y de las de sus socios comerciales, principios 11, 13, 15 y 17 a 22 (https://digitallibrary.un.org/record/705860/files/A_HRC_17_31-ES.pdf); y OCDE, Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, París, 2018, que, en apoyo de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, organiza ese proceso en seis pasos: incorporar la conducta empresarial responsable en las políticas y los sistemas de gestión; identificar y evaluar los impactos negativos reales y potenciales; hacerlos cesar, prevenirlos o mitigarlos; hacer seguimiento de la aplicación y de los resultados; comunicar cómo se abordan los impactos, y reparar o cooperar en la reparación cuando corresponda (https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de-debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf).
[7]En el derecho interno de los Estados: Francia, Ley n.º 2017-399, de 27 de marzo de 2017, relativa al deber de vigilancia de las sociedades matrices y de las empresas contratantes, y Alemania, Ley sobre la diligencia debida empresarial en las cadenas de suministro (LkSG), de 16 de julio de 2021, aplicable desde 2023. En el derecho de la Unión Europea: Directiva (UE) 2024/1760, modificada por la Directiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), aplicable desde el 26 de julio de 2029 (CMS, https://cms.law/en/lux/legal-updates/final-adoption-of-omnibus-i-directive-simplifying-csrd-and-csddd).
[8]Reglamento (UE) 2024/3015, de 27 de noviembre de 2024, aplicable a partir del 14 de diciembre de 2027.
[9]Código de Comercio francés, artículos L.225-102-4 y L.225-102-5, introducidos por la Ley n.º 2017-399, de 27 de marzo de 2017. El primero regula el contenido del plan de vigilancia y, en su apartado II, el requerimiento a la empresa y la orden judicial de cumplimiento; el segundo establece la responsabilidad civil por su incumplimiento, en los términos de los artículos 1240 y 1241 del Código Civil. Estas acciones corresponden al Tribunal Judicial de París, conforme al artículo L.211-21 del Código de Organización Judicial.
[10]Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 120, y Convenio 169 de la OIT, artículos 6 y 15, cuya ratificación por Venezuela se registró el 22 de mayo de 2002.
[11]Según OECD Watch, 52 países se han adherido a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales; Venezuela no figura entre ellos (https://www.oecdwatch.org/wp-content/uploads/sites/8/2025/12/oecd-handbook-esp-digital.pdf).
[12]Corte IDH, Caso Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus vs. Brasil, sentencia de 15 de julio de 2020, y Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras, sentencia de 31 de agosto de 2021 (https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_72_2021.pdf).
[13]Naciones Unidas, Principios para contratos responsables (A/HRC/17/31/Add.3, de 25 de mayo de 2011), difundidos por la Oficina del Alto Comisionado como Principios de contratación responsable: integración de la gestión de los riesgos relacionados con los derechos humanos en las negociaciones entre Estados e inversores. Orientación para los negociadores, HR/PUB/15/1, 2015 (https://digitallibrary.un.org/record/3975305/files/Principles_ResponsibleContracts_HR_PUB_15_1_SP.pdf).
[14]Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 333.