El Gobierno de Delcy Rodríguez ha propuesto cuatro ajustes de 40 dólares para 2027, según la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Pero falta aclarar si ese dinero se sumará a los ingresos actuales o si se convertirán en salario los bonos que ya reciben los trabajadores.
El salario mínimo en Venezuela permanece congelado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Entonces equivalía a unos 30 dólares y, en la actualidad su valor ronda los 15 centavos de dólar al cambio oficial. Los ajustes de los últimos años se han concentrado en bonificaciones, sin aumentar el salario mínimo legal. Sin embargo, ahora se plantea un aumento. Según José Elías Torres, secretario general de la CTV, Delcy Rodríguez habría presentado una propuesta de aumento salarial durante una reunión en Miraflores el 19 de octubre. Los ajustes serían de 40 dólares cada uno y se aplicarían en enero, abril, julio y octubre de 2027, respectivamente, hasta sumar 160 dólares. La CTV considera insuficientes los montos y exige que se incorporen progresivamente al salario, para que tengan incidencia en las prestaciones sociales, las vacaciones, los aguinaldos y otros beneficios laborales. Asimismo, sigue sin precisarse si esos ajustes representarían dinero adicional o la conversión en salario de una parte de las bonificaciones actuales.
Además de la incertidumbre sobre el planteamiento de los aumentos, la legitimidad de la representación sindical es una cuestión central en las actuales negociaciones laborales. Para evaluar el alcance de los acuerdos que puedan surgir de estas mesas, es necesario conocer a los representantes, las organizaciones y sectores que representan y los procedimientos de consulta a los trabajadores. La transparencia de estos elementos resulta indispensable cuando se discuten posibles modificaciones de sus salarios, prestaciones y condiciones de empleo, a pesar de que la CTV reconoce su participación en esas conversaciones. Pero estar en una mesa no demuestra, por sí solo, que exista un mandato de los trabajadores para acordar cambios en sus salarios y prestaciones.
¿Los 40 dólares se suman o salen de los bonos actuales?
Hoy se habla de un ingreso mínimo integral de referencia de 240 dólares, compuesto por bonificaciones. No es el salario mínimo legal, que sigue fijado en 130 bolívares desde marzo de 2022, ni un ingreso garantizado para todos los trabajadores. Ese monto también puede servir de referencia en el sector privado, pero no constituye un salario mínimo legal distinto para ese sector.
La propuesta deja dos cuestiones sin aclarar: si aumentará el dinero que recibe el trabajador cada mes y qué parte de ese pago tendrá carácter salarial. Si los ajustes son adicionales a los 240 dólares de referencia, el ingreso mensual aumentaría, aunque todavía habría que precisar si se pagarían como salario o como bonos. Si lo que se plantea es convertir progresivamente en salario una parte de las bonificaciones existentes, el trabajador podría seguir cobrando los mismos 240 dólares, pero una mayor proporción contaría para calcular sus prestaciones y otros beneficios. La información disponible no permite saber cuál de estas opciones se está negociando ni si habría un aumento del salario mínimo legal.
Y la diferencia importa, porque añadir dinero al pago mensual y reconocer como salario una cantidad que ya se recibe tienen efectos distintos sobre el bolsillo del trabajador.
Salarizar no significa cobrar más
Así, si una persona recibe 240 dólares al mes y una parte de ese mismo dinero pasa a reconocerse como salario, puede mejorar la base de cálculo de sus prestaciones y otros beneficios. Pero, si el total sigue siendo de 240 dólares, tendrá el mismo dinero disponible para comida, transporte o medicamentos. Mejoraría la protección de sus derechos, pero no su ingreso mensual. A esto se suma que mantener ese monto mientras suben los precios significa poder comprar cada vez menos. Por eso, convertir los bonos existentes en salario puede corregir parte del problema jurídico, pero no basta para aliviar los gastos cotidianos de una economía bastante golpeada. Para recuperar el poder de compra también hace falta que el ingreso aumente y que esa mejora no se la lleve la inflación.
Si la propuesta consiste en añadir dinero, debe explicarse cuánto se sumará, sobre qué base y quiénes lo recibirán. Si consiste en salarizar bonos, debe precisarse qué cantidades pasarán a contar como salario y desde cuándo tendrán efectos sobre los beneficios laborales. Venezuela necesita discutir su legislación laboral, con garantías para los derechos acumulados. Pero los trabajadores también necesitan respuestas sobre lo inmediato, es decir, cuánto van a cobrar en la próxima quincena o al final del mes. El Gobierno, los empresarios y los dirigentes sindicales deben explicar qué están negociando y abrir esa discusión a los trabajadores.