Derecho a la vida

El derecho a la vida constituye el presupuesto indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo reconoce expresamente en su artículo 43, al establecer que «el derecho a la vida es inviolable», además, prohibiendo la pena de muerte. Esta protección también está prevista en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obligan a los Estados no solo a abstenerse de privar arbitrariamente de la vida a las personas, sino también a adoptar las medidas necesarias para garantizar su protección.

Durante las primeras décadas del siglo XXI, Venezuela experimentó un incremento sostenido de la violencia homicida, que alcanzó algunos de sus niveles más elevados entre 2013 y 2017. Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el número de homicidios pasó de 4.550 en 1998 a 24.763 en 2013, mientras que la tasa de homicidios aumentó de aproximadamente 20 por cada 100.000 habitantes en 1998 a 90 por cada 100.000 habitantes en 2015. Para 2016, el OVV estimó 28.479 muertes violentas en el país. Parte de estas muertes fueron atribuidas oficialmente a la delincuencia común, enfrentamientos entre bandas o supuestos «ajustes de cuentas», en un contexto caracterizado además por elevados niveles de impunidad y crecientes cuestionamientos sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.

Las principales vulneraciones del derecho a la vida no han derivado del aumento de la violencia o de la criminalidad, sino de actuaciones atribuibles a agentes estatales o toleradas por las autoridades, así como de la falta de investigaciones eficaces para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Uno de los fenómenos más graves ha sido el patrón de ejecuciones extrajudiciales registrado en operativos de seguridad ciudadana. Desde 2015, operaciones como la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) y, posteriormente, las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana fueron objeto de reiteradas denuncias por el uso excesivo de la fuerza y por la ejecución de personas[1]. Tanto la Oficina del ACNUDH[2] como la MIIDHV[3] concluyeron que existían motivos razonables para considerar que muchas de estas muertes constituían ejecuciones extrajudiciales.

Fuente Informe anual de Violencia 2023 (más actualizado) – Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)
Fuente Informe anual de Violencia 2023 (más actualizado) – Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)

El propio Estado venezolano registró 5.287 muertes por supuesta «resistencia a la autoridad» durante 2018 y 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019[4]. Tras analizar estas cifras, junto con testimonios, expedientes y el modo de actuación de los cuerpos de seguridad, la Oficina del ACNUDH señaló que muchas de estas muertes podían constituir ejecuciones extrajudiciales y expresó su preocupación por la utilización de las FAES y otros cuerpos de seguridad como instrumentos para infundir temor en la población y mantener el control social.

Las cifras más actualizadas sobre el tema las podemos encontrar en el último informe anual de PROVEA correspondiente al 2025. Según la organización, durante 2025 unas 336 personas fueron asesinadas por efectivos policiales y militares en distintas circunstancias a lo largo del territorio nacional, lo que representó una reducción del 35,8 % respecto de 2024. Sin embargo, la organización resaltó en su informe que esta cifra constituye un subregistro debido, entre otros factores, a la creciente opacidad de las instituciones estatales y a las dificultades existentes para documentar y difundir las denuncias[5].

GRÁFICO 4 · VENEZUELA 2020–2025

Víctimas de violaciones del Derecho a la Vida y tasa de variación interanual.

Víctimas Variación interanual
Víctimas de violaciones del Derecho a la Vida, 2021 a 2025 2021: 1414 víctimas, variación menos 53,3 por ciento. 2022: 824 víctimas, menos 41,7 por ciento. 2023: 620 víctimas, menos 24,7 por ciento. 2024: 522 víctimas, menos 15,8 por ciento. 2025: 336 víctimas, menos 35,8 por ciento. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1.414 824 620 522 336 2021 2022 2023 2024 2025 -53,3 % -41,7 % -24,7 % -15,8 % -35,8 %
Fuente: PROVEA. Elaboración propia.

El gráfico 4 indica que en los últimos cinco años, policías y militares han asesinado a 3.716 personas, a un promedio de 61 por mes. Aun cuando desde 2021 se inició un proceso de descenso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, los niveles de letalidad siguen siendo muy altos.

Fuente: Informe anual 2025 de PROVEA

A las ejecuciones extrajudiciales se suman las muertes ocurridas durante manifestaciones, los fallecimientos bajo custodia del Estado y la persistente impunidad frente a estos hechos. Se han documentado casos emblemáticos como la muerte del concejal Fernando Albán[6], ocurrida el 8 de octubre de 2018 mientras permanecía bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo[7], fallecido el 29 de junio de 2019 tras permanecer detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con visibles signos de tortura, y la de Víctor Hugo Quero Navas[8], detenido en enero de 2025, sometido a desaparición forzada y cuyo fallecimiento bajo custodia fue ocultado durante meses a su familia, hasta que las autoridades lo reconocieron públicamente en mayo de 2026. Estos casos reflejan graves incumplimientos de la obligación estatal de proteger la vida de las personas privadas de libertad y de investigar de manera pronta, independiente e imparcial las muertes ocurridas bajo su custodia.

No investigar los homicidios también es un crimen

A pesar de la gravedad y reiteración de estos hechos, los mecanismos de investigación y rendición de cuentas han resultado insuficientes. La Oficina del ACNUDH y MIIDHV documentaron la alteración de escenas del crimen, la manipulación de evidencias, la clasificación sistemática de numerosas muertes como casos de «resistencia a la autoridad», la intimidación de familiares y testigos y la ausencia de investigaciones independientes e imparciales. Esta situación ha favorecido la impunidad y ha impedido garantizar el derecho de las víctimas y de sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación.

La reiteración de estos hechos, su documentación por organismos nacionales e internacionales y la ausencia de mecanismos efectivos de investigación y sanción evidencian que las vulneraciones del derecho a la vida no responden únicamente a actuaciones individuales de determinados funcionarios, sino al progresivo debilitamiento de las instituciones encargadas de prevenir los abusos, controlar el ejercicio del poder y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos.

Las deficiencias de las investigaciones internas también han sido examinadas por la Corte Penal Internacional (CPI) en la situación Venezuela I. En junio de 2023[9], al autorizar la reanudación de la investigación internacional, la Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que, aunque Venezuela había adoptado algunas medidas investigativas, «los procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía». La Sala constató, entre otros aspectos, pasos investigativos limitados, períodos de inactividad sin explicación y la ausencia de investigaciones sobre las alegaciones fácticas relativas a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. Además, observó que las investigaciones nacionales parecían concentrarse generalmente en autores directos o de bajo nivel. En consecuencia, Venezuela no logró demostrar la existencia de actuaciones nacionales suficientes para justificar que la Fiscalía de la CPI se abstuviera de continuar su investigación conforme al principio de complementariedad del Estatuto de Roma. La decisión fue confirmada por la Sala de Apelaciones el 1 de marzo de 2024, que rechazó el recurso presentado por Venezuela y mantuvo la autorización para continuar la investigación internacional[10].

[1] «OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela», Connectas. Véase en: https://www.connectas.org/especiales/olp/index.html

[2] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin, 2018. Véase en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf

[3] Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, A/HRC/45/33, 15 de septiembre de 2020. Véase en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/advance-versions/a-hrc-57-57-es.pdf

[4] «Urgen medidas para detener las violaciones de derechos humanos en Venezuela», ONU, 04 de julio de 2019. Véase en: https://news.un.org/es/story/2019/07/1458802

[5] Informe anual 2025 de PROVEA. Véase en: https://provea.org/wp-content/uploads/2026/05/Provea-2025-18Vida.pdf

[6] «Muerte de Fernando Albán en una comisaría del Sebin: 3 incógnitas del caso del opositor que falleció en Venezuela», BBC, 10 de octubre de 2018. Véase en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45817059

[7]«Venezuela: Morir ante un juez: detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo», Amnistía Internacional, 04 de septiembre de 2020. Véase en: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/2909/2020/es/

[8] «Muerte del preso político Víctor Hugo Quero, cronología de la mentira oficial y la crueldad», El País, 10 de mayo de 2026. Véase en: https://elpais.com/america/2026-05-10/muerte-del-preso-politico-victor-hugo-quero-cronologia-de-la-mentira-oficial-y-la-crueldad.html

[9] Corte Penal Internacional (CPI), «Situación en Venezuela: La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI autoriza la reanudación de la investigación», comunicado de prensa, 27 de junio de 2023. Véase en: https://www.icc-cpi.int/fr/news/situation-au-venezuela-la-chambre-preliminaire-i-de-la-cpi-autorise-la-reprise-des-enquetes?lang=Spanish&

[10] Corte Penal Internacional (CPI), Sala de Apelaciones, Situación en la República Bolivariana de Venezuela I, resumen de la sentencia sobre el recurso de apelación de Venezuela contra la decisión que autorizó la reanudación de la investigación, 1 de marzo de 2024. Véase en: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-03/2024-03-01-venezuela-summary-spa.pdf

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