El 24 de marzo de 2026, el Banco Central de Venezuela sorprendentemente publicó las cifras de la balanza de pagos correspondientes al período 2019-2025, cerrando una brecha informativa de siete años. La noticia genera expectativa inmediata: si el BCV más es capaz de retomar sus obligaciones estadísticas, ¿qué impide que las demás hagan lo mismo?
El informe revela una realidad contundente. En 2020, las exportaciones petroleras se desplomaron a 4.815 millones de dólares —una caída del 67% frente al año anterior— tocando el punto más bajo en décadas. El economista Luis Oliveros lo dimensionó con precisión: Venezuela tardó siete años en acumular por concepto petrolero lo que ingresó en un solo ejercicio en 2012. Para 2025, sin embargo, las exportaciones totales de bienes alcanzaron 26.785 millones de dólares, con 18.212 millones provenientes del sector petrolero, y se registró un superávit en cuenta corriente de 3.336 millones de dólares, señal de una estabilización relativa, aunque construida sobre una base estructuralmente débil.
Siete años sin publicar esa información tuvieron consecuencias reales y verificables. Entre otras: La opacidad sostenida elevó la percepción de riesgo país, desalentó la inversión productiva, alimentó una incertidumbre estructural que afectó incluso las estimaciones de los organismos multilaterales y privó a ciudadanos y agentes económicos de los datos necesarios para tomar decisiones fundamentadas, impidió contraloría social, fomento corrupción. Ese silencio no fue accidental: fue la expresión de una conducta institucional que eligió la opacidad en lugar del cumplimiento de sus obligaciones legales.
La Constitución venezolana nunca dejó de exigirlo, su artículo 141 establece la transparencia como principio rector de la administración pública; el artículo 143 reconoce el derecho ciudadano a ser informado oportuna y verazmente sobre los asuntos de interés público; y la propia Ley del BCV impone la obligación de publicar estadísticas económicas periódicas y confiables. Nada de eso es discrecional. Su incumplimiento sostenido durante siete años fue una ruptura objetiva entre lo que las normas exigen y lo que las instituciones hicieron. Desde la perspectiva del Estado de derecho, esa conducta violó al menos tres principios fundamentales: la supremacía de la ley, la previsibilidad jurídica y la claridad normativa. La publicación de marzo de 2026 no borra ese período, pero representa el primer paso en la dirección constitucionalmente correcta.
Ahora bien, es conveniente ser honestos sobre el contexto en que ese reencuentro ocurre. El economista Hermes Pérez señaló que la decisión se produjo en el marco de conversaciones con el FMI, que exige estadísticas externas actualizadas como condición para sus procesos de consulta y asistencia técnica. La reanudación de relaciones con Estados Unidos y la apertura de negociaciones petroleras también crearon incentivos para la apertura estadística. La misma jornada, el gobierno lanzó el portal «Transparencia Soberana», destinado a mostrar el uso de los ingresos petroleros y la ejecución del gasto público. Todo ello sugiere una estrategia de apertura informativa con motivaciones tanto institucionales como tácticas. Se apuesta a que prevalezcan las primeras, porque la transparencia genuina requiere que las instituciones internalicen el mandato constitucional como obligación propia y no como concesión coyuntural. Venezuela conoce bien el ciclo de la apertura instrumental que se revierte cuando cambia el contexto que la motivó.
Lo que genera este paso es, sobre todo, una expectativa legítima: que la lógica que lo sustenta —rendir cuentas porque la ley lo exige, y no porque la coyuntura lo sugiera— se proyecte sobre las demás instituciones del Estado. El Ministerio Público lleva desde 2019 sin presentar informes anuales de gestión e igual sucede con las demás instituciones del sistema de justicia y la Contraloría.
Retomar el hilo constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas no es una tarea parcial: El BCV ha dado el primer paso, la expectativa es que las demás instituciones lo sigan. Todos los venezolanos que hemos estado pagando el costo de la opacidad, tenemos el derecho constitucional de exigir transparencia.