Durante su participación ante la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana del Parlamento Europeo el 22 de septiembre de 2025, el Instituto Casla advirtió que las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela comparten mecanismos de represión que configuran un “sistema criminal transnacional” basado en la persecución de la disidencia, el control absoluto del poder y la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Así lo denunció la abogada y defensora de derechos humanos venezolana, Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, un centro de investigación y análisis en asuntos relacionados con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en América Latina.
En su intervención, Sujú aseguró que en los tres países se repite la criminalización de la protesta, la ejecución extrajudicial de opositores, la censura y el control de los medios de comunicación, así como la instrumentalización del sistema judicial como herramienta de castigo político. “No existe Estado de derecho, solo aparatos de represión que recurren a detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías y la utilización de grupos paramilitares y parapolicías”.
Venezuela: un aparato de represión planificado
Para Sujú en Venezuela opera una red criminal transnacional encabezada por Nicolás Maduro y su cúpula, que actúa como un aparato de dominación sustentado en el terrorismo de Estado, la violencia sistemática y la represión planificada.
Según lo que explicó, la organización de esta red criminal se produjo a partir de la integración de fuerzas civiles, militares, policiales y paramilitares bajo el mando directo de Maduro y, posteriormente esta tarea se delegó en el Consejo de Defensa y de Seguridad, el órgano de defensa integral y nuevas tropas especiales encapuchadas y sin identificación que ejecutan órdenes de control total dentro del país.
Tal entramado no solo desconoció los resultados de las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024 mediante un fraude, sino que consolidó un aparato represivo que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas sistemáticas, y que incluso se ha extendido a la detención de familiares de opositores como forma de intimidación colectiva.
Aclaró que este sistema fue planificado, pues para ello se remodelaron y construyeron con anticipación nuevas cárceles y centros de tortura, donde más de 1.700 personas han sido sometidas a tratos crueles e inhumanos.
Como muestra de ello, el Instituto Casla ha documentado los casos de más de 1.700 víctimas de tortura en estos centros, así como 383 detenciones de opositores en un año, incluidos 116 miembros del partido Vente Venezuela -fundado por María Corina Machado-, 18 periodistas y dirigentes de otras fuerzas políticas.
Acerca de las prácticas violatorias a los DDHH empleadas contra presos políticos en Venezuela, Suju mencionó las golpizas, los colgamientos, las descargas eléctricas en genitales, el aislamiento prolongado, la privación de agua y alimentos, y las humillaciones sexuales. A esto le sumó la tortura psicológica, que ha generado olas de intentos de suicidio dentro de los centros de detención.
Nicaragua: consolidación del poder absoluto
Al igual que en Venezuela, Sujú expresó que en Nicaragua las desapariciones forzadas y detenciones selectivas caracterizan el terrorismo de Estado aplicado. Denunció que en los últimos meses se ha intensificado la represión y se ha consumado la concentración de poder en la pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes, gracias a la reciente reforma constitucional, han establecido una “codictadura” que liquida la separación de poderes y convierte al aparato estatal en un instrumento directo del Ejecutivo.
En Nicaragua el Instituto Casla ha documentado 73 presos políticos, 33 de ellos bajo desaparición forzada. Además, a 259 nicaragüenses se les prohibió el ingreso al país y 434 han sido expulsados, entre ellos 357 prisioneros políticos.
De igual forma, hay casos de persecuciones y amenazas extraterritoriales, incluidos intentos de secuestro, tres asesinatos sin esclarecer y más de 1.000 opositores en condición de apátridas.
Cuba: presos políticos y tortura sistemática
De acuerdo con cifras de la ONG Prisoners Defenders citadas por Tamara Sujú, en Cuba se registraron 1.185 presos políticos, incluidos menores de edad, artistas y periodistas; entre los que se encuentran opositores como José Daniel Ferrer y Maykel Castillo Pérez.
Según las denuncias, estos presos políticos están sometidos a golpizas, aislamiento en celdas plagadas de insectos, privación de alimentos y torturas psicológicas.
También señaló que el régimen cubano “no solo comete crímenes de lesa humanidad en su territorio, sino que coopera con la estructura criminal de Nicolás Maduro para la planificación y ejecución de estos delitos en Venezuela”.
Ante esta realidad Suju pidió a los eurodiputados y a la comunidad internacional no guardar silencio ante los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Nicaragua y Cuba y recordó que las denuncias recabadas por el Instituto Casla forman parte de expedientes ante instancias internacionales de justicia.