La Ley de Amnistía y Convivencia Ciudadana, promulgada en febrero de 2026, fue presentada como una señal de voluntad de rectificación en el ejercicio del poder punitivo del Estado. Se reconoció que la acción penal fue ejercida durante años fuera de los límites que la Constitución impone: instrumentalizada, sin independencia y al servicio de intereses ajenos al ordenamiento jurídico, generando un entorno que generó violaciones de derechos humanos y propicio la corrupción. En Venezuela, ese poder lo ejerce el Ministerio Público, es el Fiscal General quien decide qué se investiga, qué se acusa, qué se sobresee y qué se archiva. Por eso su designación importa tanto y por eso lo que está ocurriendo merece atención.
Voluntad puesta a prueba de inmediato.
Apenas promulgada la Ley, Tarek William Saab renunció a la Fiscalía General. La Asamblea Nacional, en lugar de aplicar lo que la ley manda —que el vacío sea cubierto por el Vicefiscal— designó discrecionalmente un Fiscal encargado de confianza, un primer gesto, pequeño pero revelador.
Luego vino el proceso de designación del nuevo Fiscal, sin baremo público, sin participación de la sociedad civil en el Comité de Evaluación, y cuando el plazo vencía, se anunció una prórroga de 48 horas para alcanzar —en palabras del presidente de la Asamblea Nacional— un “mediano consenso” entre candidatos. Un criterio que no existe en ninguna norma constitucional y que confirma lo que muchos sospechaban: que el proceso responde a una negociación política, no a una evaluación de méritos, ni una apuesta por la independencia en el ejercicio de la acción penal.
Quien resulte designado recibirá un Ministerio Público sin auditoría de la gestión saliente, sin indicadores de gestión verificables y sin que se hayan establecido responsabilidades por los delitos y las violaciones de derechos humanos cometidos desde adentro de la institución. Una institución vaciada de carrera fiscal y de controles efectivos, frente a la cual el reto no es solo renovar su conducción sino institucionalizarla verdaderamente y devolverle el cumplimiento de su misión constitucional.
La Ley de Amnistía prometió rectificación. La designación del Fiscal General es la prueba de fuego para saber si esa promesa es real. Hasta ahora, cada paso del proceso ha respondido con la misma lógica de siempre. El hilo constitucional no se retoma con declaraciones: se retoma con decisiones.