El trabajo de los defensores de los derechos humanos nunca ha sido sencillo. La investigación y documentación de violaciones a los derechos fundamentales, las denuncias de abusos cometidos en transgresión de la ley y de tratados internacionales de derechos humanos y el apoyo a las víctimas no es bien recibido por los perpetradores y responsables de estos hechos, generalmente, el gobierno de un Estado soberano.
En Venezuela, a partir de la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y luego, con la asunción de la presidencia por Nicolás Maduro en 2013, se han exacerbado los abusos contra los derechos fundamentales de los ciudadanos cometidos por parte del gobierno o con su anuencia o patrocinio. Como en otras latitudes, han sido los defensores de derechos humanos los encargados de documentar, visibilizar y denunciar tales situaciones, convirtiéndose en la voz de las víctimas y sus familiares. Lamentablemente, esto ha traído consigo que también sean amenazados y perseguidos por su labor, siendo criminalizados por ello.
Durante años el Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo del 1989 (COFAVIC) ha venido desarrollando un programa de seguimiento, monitoreo y registro de casos que claramente encuadran dentro de una política de persecución, amenaza, hostigamiento, estigmatización e intimidación en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. Así dejaron constancia en sus informes de 2020 y 2021.
Recientemente, un informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura -OMCT y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos -FIDH) sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela entre 2022 y 2024, presentado el 20 de marzo de 2025 (con datos provenientes de COFAVIC), reveló un incremento de las detenciones arbitrarias, hostigamiento, censura y un marco normativo restrictivo que evidencian una política deliberada del Estado venezolano para reducir el espacio cívico y limitar la labor de defensa de derechos humanos.
El informe documentó entre 2022 y 2024 más de 1.730 ataques contra defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, ataques que incluyeron acciones de hostigamiento, difamación y estigmatización, censura, detenciones arbitrarias, restricción de derechos laborales, agresiones físicas, desaparición forzada e intimidación; siendo el 78,1% de estas agresiones perpetradas directamente por actores estatales.
Tal situación se hizo más grave en el marco de las elecciones presidenciales para el periodo 2025-2031, celebradas el 28 de julio de 2024, y luego del arrollador triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia y del fraude fraguado por Maduro, a través de la denominada “Operación Tun-tun”, una campaña de persecución estatal selectiva activada dos días después de las elecciones y dirigida en contra de líderes sociales, opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que expresaron su descontento con el proceso electoral o sus resultados.
El caso de Eduardo Torres
Eduardo Torres es un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con especialidad en Derechos Humanos, que se desempeña principalmente en el área de defensa laboral y gremial, pero también en la asistencia a familiares de víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En 2025, Torres pasó a ser víctima y sujeto de una detención arbitraria y desaparición forzosa, precisamente por sus diligencias y declaraciones públicas sobre violaciones de derechos humanos.
Torres trabajó durante muchos años en el Centro para la Paz y Derechos Humanos de la UCV, y participó en los programas sociales del Centro como la “olla solidaria” dirigido por el asesinado concejal Fernando Albán, y en permanente apoyo al servicio comunitario de la Escuela de Derecho (FCJP) de la UCV en planes de formación y difusión sobre derechos humanos. Recientemente, prestaba sus servicios en el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) en acompañamiento legal y defensa ante instancias nacionales e internacionales de víctimas de violaciones de derechos laborales. Y en 2024 había sido beneficiario, junto a integrantes de PROVEA, de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
A pesar de ello, en octubre de 2024 le fue anulado su pasaporte sin justificación legal, como parte de una práctica intimidatoria gubernamental posterior a las elecciones presidenciales, pero ello no lo amedrentó y denunció el hecho ante la sede de la Defensoría del Pueblo.
El 09 de mayo de 2025 fue interceptado y detenido arbitrariamente cuando iba camino a su casa, luego de salir de una reunión. Después de que, durante varios días, su esposa y miembros de PROVEA, lo buscaran incansablemente y denunciaran la situación, el 13 de mayo de 2025, la Fiscalía General de la República publicó un comunicado en su cuenta de Instagram informando que Torres se encontraba detenido bajo custodia estatal por una supuesta vinculación con una trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones regionales que se llevarían a cabo el 25 de mayo 2025.
El 13 de mayo de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas informó al gobierno venezolano sobre las irregularidades de este caso mediante el procedimiento urgente del mandato humanitario, pero aún no se sabía dónde estaba detenido ni qué cargos se le imputaban. Fue hasta el 17 de mayo de 2025 que la esposa de Torres fue informada por los custodios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismo de inteligencia del gobierno venezolano, que éste se encontraba recluido en la sede del organismo en “El Helicoide”, pero se le negó el derecho a recibir visitas y a contactar a sus familiares o abogados privados.
El 19 de mayo de 2025, la esposa de Torres se reunió con el Defensor del Pueblo y éste le mostró el expediente construido por la Fiscalía para realizar la detención, y en el cual se le imputaron los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. La “receta” típica usada por el régimen para encerrar a los disidentes, sin pruebas y sin sentido.
En un informe sobre el caso de fecha 18 de junio de 2025, los grupos de relatorías de derechos humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG), Suiza, manifestaron su profunda preocupación por hechos como que Torres hubiera permanecido desparecido durante ocho días antes de que se revelara su paradero bajo custodia del Estado, que se encontrara incomunicado y que se desconociera su estado de salud. Además, expresaron que los delitos imputados parecen ser una represalia directa por sus actividades legítimas como abogado y defensor de derechos humanos.
También, el 27 de junio de 2025, durante la actualización oral presentada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD. HH, Volker Turkante, al Consejo de Derechos Humanos, éste se refirió al caso de Eduardo Torres (así como de otros defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas), instando a su liberación inmediata e incondicional.
Sin embargo, a la fecha la situación de Torres continua intacta: incomunicado, y en flagrante violación de sus derechos a la libertad personal, al debido proceso y a la defensa. En fin, en desprecio de su dignidad.
Libertad para Eduardo Torres y para todos los defensores de derechos humanos.
Fuentes
- PROVEA:
- Provea ejerció Amparo Constitucional ante constante violación al debido proceso y derecho a la defensa de Eduardo Torres
- Provea exige la liberación de su abogado Eduardo Torres
- Carta abierta al Gobierno de Venezuela por la liberación de Eduardo Torres, defensor de los derechos humanos
- Eduardo Torres debe aparecer sano y libre
- Acceso a la Justicia: