Desde que Donald Trump asumió el segundo su mandado en la presidencia de los Estados Unidos (EEUU), en enero de 2025, ha implementado sistemáticamente una serie de medidas anti-migratorias que violan acuerdos internacionales y derechos humanos.
Su política anti-migrantes ha incluido la estigmatización de los migrantes (calificándolos de “criminales” y “una amenaza”), deportaciones masivas, redadas y detenciones en condiciones denigrantes, incluso usando la cárcel de Guantánamo para los considerados peligrosos o creando un nuevo centro de detención como el denominado Alligator Alcatraz (construido en solo una semana en los terrenos de un aeropuerto abandonado entre los Everglades, en el estado de Florida). Además, eliminó permisos migratorios temporales y propuso acabar con la ciudadanía automática por nacimiento en EE.UU.
Estas acciones de Trump han tenido un fuerte impacto en tanto en la población estadounidense, reforzando discursos de odio y exclusión, como en los propios migrantes, a quienes se les ha separado de sus familias y tratado como delincuentes, vulnerando sus derechos humanos fundamentales.
Uno de los casos más graves y extremos fue la expulsión masiva de 238 venezolanos y su encarcelamiento en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en El Salvador. Los mismos fueron enviados a esta prisión de máxima seguridad, imputándoseles supuestos delitos sin las pruebas pertinentes ni el debido proceso -muchos de ellos con trámites de asilo en marcha o sin antecedentes penales -. Sin embargo, gracias a la presión internacional y negociaciones entre el gobierno salvadoreño y venezolano, luego de cinco meses de detención, los mismos fueron repatriados a su país de origen.
Es de resaltar que la mayoría de esas medidas han sido tomadas mediante órdenes ejecutivas. Pero ante la franca inconstitucionalidad de las mismas, varios jueces federales han suspendido su aplicación en su respectiva jurisdicción, convirtiendo esto en una guerra entre el poder ejecutivo y el judicial.
Frente a esto, países como Colombia, Guatemala y México han tomado medidas para proteger a sus migrantes y ofrecerles apoyo digno, en contraste con las políticas de EE.UU. que violan derechos humanos y fomentan la xenofobia y el racismo.
Pero el impacto que las políticas de Trump podrían tener en los derechos humanos será capaz generar un efecto de una onda expansiva tanto el continente americano como en el resto del mundo. Por ello es muy importante que internacionalmente se tomen decisiones en pro de la defensa de los derechos humanos que sirvan para contrarrestar sus políticas y evitar su réplica en otro países.