Las organizaciones internacionales Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR), se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en representación de organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas, para exponer en una audiencia pública el agravamiento de las medidas de represión y persecución sistemática emprendidas por el régimen de Nicolás Maduro en contra de defensores de derechos humanos en Venezuela.
Esta política, caracterizada por desapariciones forzadas de corta y larga duración, detenciones arbitrarias, criminalización, campañas de desprestigio y estigmatización, así como otros ataques contra defensores de derechos humanos; ha presentado una serie de patrones que evidencian una estrategia deliberada de castigo y disuasión contra quienes ejercen esta labor. Así lo demostraron datos exhibidos por éstos, que muestran que en la primera mitad del 2024 se registraron más de 592 ataques en contra de defensores de derechos humanos, que recrudecieron con las elecciones del 28 de julio de 2024. Cifras que se han mantenido, pues hasta la primera mitad del 2025 se registraron 236 ataques e incidentes de seguridad similares.
Ello ha venido acompañado por la criminalización de la labor de los defensores por parte de fiscales del Ministerio Público, quienes le han imputado sin pruebas delitos de “terrorismo” o “traición a la patria”, mientras se les ha negado sistemáticamente el acceso a una defensa adecuada y el contacto con familiares. También se han registrado múltiples casos de tortura y condiciones inhumanas de detención.
Uno de los mecanismos más alarmantes ha sido la anulación arbitraria de pasaportes, sin base legal ni notificación oficial, que se ha consolidado como herramienta de persecución para silenciar las voces de los defensores, al restringir su movilidad y el acceso a espacios de denuncia internacional. Y se ha agravado con la entrada en vigencia, desde noviembre de 2024, de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines”, mejor conocida como la “ley anti-ONG”, que busca regular y controlar las actividades y financiamiento de las ONG en el país, censurando y obstaculizando el trabajo realizado.
Con base en todos estos hechos, las organizaciones internacionales denunciantes solicitaron a la CIDH fortalecer el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), articulando su labor con las relatorías y otros mecanismos regionales e internacionales; reportar de manera regular la situación venezolana ante los órganos políticos de la OEA; y fortalecer el sistema de medidas cautelares, incluyendo llamados expresos a liberar a los defensores detenidos arbitrariamente.
Es necesario tomar medidas urgentes para frenar la criminalización de las ONGs en Venezuela, y permitir que los defensores de derechos humanos puedan seguir ejerciendo su labor libremente y sin censura ni miedo a represalias.