Por: Claudia Paparelli
Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Enrique Molina, funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, que tras un juicio ampliamente cuestionado cumplen condena por los hechos ocurridos en Puente Llaguno, Caracas, una jornada que dejó al menos 19 muertos y más de un centenar de heridos.
Aquel 11 de abril de 2002, las televisoras y radios de Venezuela transmitieron algunas de las imágenes y relatos más estremecedores de nuestra historia reciente. Una multitudinaria marcha opositora contra el gobierno de Hugo Chávez, que inicialmente se dirigía hacia la sede de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), fue desviada hacia el Palacio de Miraflores. En camino al palacio, en el centro de Caracas, fueron confrontados por francotiradores -aún sin identificar- y adeptos al oficialistas, marcando el inicio de un muro de violencia y contención para los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacíficas.
Lo que siguió fue objeto de versiones enfrentadas. En las inmediaciones de Puente Llaguno pistoleros arremetieron contra la masa de miles de asistentes, dejando 19 muertos y cientos de heridos.
Las calles del centro de Caracas se fundieron entre gritos, heridos, sangre y desesperación. El país quedó paralizado ante la incertidumbre y se mantuvo aferrado a cualquier fuente informativa. Ese mismo día Chávez “acepto su renuncia, fue apresado, y posteriormente liberado, retornando a Miraflores el 13 de abril. En su reparación, Chávez crucifijo en mano y en alocución pública, hizo un haciendo un llamado a detener la violencia y pidiendo perdón por su gestión.
Días después de los hechos, el entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, anunció el inicio de investigaciones penales para esclarecer lo ocurrido el 11 de abril. La Fiscalía imputó a varios funcionarios de la Policía Metropolitana por su presunta responsabilidad en las muertes. Llama la atención que se procesará a estos agentes, pues a pesar de la confusión, las imágenes de la época mostraron que la referida policía no confrontó a los marchantes, sino que les advirtió de la amenaza y acciones violentas de los oficialistas.
El largo proceso judicial fue ampliamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos y por las defensas de los acusados, que denunciaron irregularidades en la investigación, falta de imparcialidad judicial y ausencia de pruebas concluyentes.
La sentencia llegó finalmente en el 2009 y condenó a once (11) funcionarios a penas de hasta 30 años de prisión, la máxima permitida por la Constitución y legislación venezolana. La defensa ha insistido en que no se demostró de forma concluyente quién disparó ese día ni que las armas de los policías acusados hubieran sido efectivamente accionadas. Aun así, el Estado sostuvo -y sigue sosteniendo- que las condenas fueron legales. Hoy, 24 años después, tres de los condenados permanecen en prisión.
La recientemente promulgada y Ley de Amnistía, producida en el marco de la “transición” tutelada por la administración del presidente de EE. UU Donal Trump, expresamente dispone en el numeral 1 de su artículo 8, la concesión del beneficio por los supuestos delitos cometidos o acaecidos en el contexto del “golpe de estado del 11 y 12 de abril del año 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas”. No obstante, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Enrique Molina, continúan encarcelados y han sido excluidos -no se han beneficiado- hasta ahora de la amnistía que por ley les corresponde. Los expolicías, emblemáticos presos políticos del régimen, tampoco han recibido beneficios procesales (de libertad) a los que tienen derecho conforme al COPP. Se desconocen las razones de este sistemático trato ilegal y obviamente injusto, que más bien parece ser una amenazante advertencia a policías y militares que puedan disentir contra el régimen de Delcy Rodríguez.
En el presente, Venezuela sigue teniendo obstáculos para ejercer el derecho de reunión y asociación pacíficas; la justicia y democracia aún son tareas pendientes.
Las enuncian que a pesar de la vigencia de la Ley Amnistía y de la reciente mea culpa de la interina Rodríguez, más de 500 personas continúan detenidas por motivos políticos, incluyendo desapariciones forzadas. Vale decir, continúa la consumación de crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, justiciables por la Corte Penal Internacional, y por tribunales de cualquier país bajo el principio de justicia universal.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas es uno de los más relevantes, detenido a principios de 2025, su paradero sigue sin confirmación oficial más de un año después, según han denunciado familiares y organizaciones como Foro Penal. Su madre, de más de 80 años, recorre tribunales sin obtener respuestas. No sabe dónde está su hijo. No sabe si está vivo. Otro caso emblemático, el de desaparecido desde 2019, y aun sin información oficial.
Más de dos décadas después del 11 de abril de 2002, los tres policías metropolitanos siguen tras las rejas, sin que su caso haya sido revisado en profundidad. Son los presos políticos más antiguos del régimen que hoy es encabezado por Delcy Rodríguez. El país sigue clamando por justicia para estos y centenas de presos políticos. Sin libertad la transición luce lejana.