Por: Equipo de Redacción de Conciencia es Dignidad
Obviamente, no es una vasija de barro. Es un fondo de inversiones que maneja 1.85 billones de euros entre acciones, bonos, inmuebles y activos renovables. Con inversiones en 7.200 compañías cotizadas en 60 países, entre ellas Nvidia (1.26% del capital), Apple (1.23%), Microsoft (1.26%), Alphabet (1.15%) y Amazon (1.24%). Una cifra mayor que el PIB de un país como España. Con retornos medios anuales del 6.5%. Solo se puede sacar cada año un máximo del 3% del dinero del fondo, lo cual no es poca cosa si se advierte que en el 2025 sirvió para cubrir una cuarta parte de los presupuestos del Estado.
Es el fondo soberano noruego: una operación de alquimia, tal como lo expresa Miguel Moreno Mendieta en un artículo del encartado Negocios del diario El País (España) del domingo 22 de marzo de 2026; operación por la cual los noruegos “transforman en riqueza los átomos de carbono e hidrógeno enterrados bajo el mar”, es decir, su petróleo. Y lo han logrado muy rápidamente, pues Noruega es un país petrolero relativamente joven. Su industria petrolera se inició apenas a finales de los años sesenta[1] al descubrirse el enorme yacimiento de Ekofisk, en el Mar del Norte.
En triste contraste, otro país con mayor tradición petrolera, Venezuela, cuyo desarrollo efectivo en ese ámbito se sitúa en 1922 con el reventón del pozo de los Barrosos II[2], ha tenido una muy penosa historia como alquimista petrofinanciero.
En este país se comenzó con la idea de “sembrar el petróleo para que una riqueza transitoria le aportara a Venezuela sólidos cimientos perdurables como nación y como Estado”[3]. Se entendió esa siembra como el “[c]omienzo del desarrollo integral de la producción realmente venezolana: echar los sólidos cimientos de una industria nacional; reformar el régimen de propiedad agraria; aumentar la población, y domiciliarla, educarla y proteger su salud”[4]
Decir que esa siembra fue un fracaso sería insensato. Algunos expertos lo expresan así: “Los ingresos provenientes de las exportaciones ayudaron a la modernización del país. Se construyeron carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas, liceos y universidades. Se dotó al país de formidables centros de generación hidroeléctrica y termoeléctrica, con una amplia red de distribución. El 92 por ciento del territorio nacional llegó a tener electricidad. Pero lo más importante fue que se consolidó una robusta clase media, lograda por el acceso de los jóvenes a la educación en el país y en el exterior. La industria petrolera se convirtió en la locomotora económica del país”[5]
Con ese contexto, la idea de un fondo como alcancía prendió en Venezuela en el 1974. Ese año se creó el Fondo de Inversiones de Venezuela como entidad autónoma con personalidad jurídica propia, con el objeto de administrar e invertir su patrimonio a los fines de completar el financiamiento de la expansión y diversificación de la estructura económica nacional, realizar colocaciones rentables en el exterior y propiciar el desarrollo de programas de cooperación internacional de manera de coadyuvar a la estabilidad económica y financiera del país. Años más tarde, a esa primera gran alcancía, se le agregó el Fondo para el Rescate de la Deuda Pública Venezolana. Lamentablemente, lo que pudo hacerse al respecto a partir de aquella primera experiencia se complicó hacia los años ochenta del siglo pasado, particularmente en los tiempos en los cuales se ubica lo que los venezolanos denominan el “viernes negro”[6]
Como una reacción a esas complicaciones, en el año 1995 se quiso iniciar en el país un esfuerzo para la modernización de la administración financiera del sector público venezolano[7], con la pretensión de hallar soluciones efectivas para el establecimiento de una gestión fiscal disciplinada y responsable, promotora de una utilización óptima de los recursos públicos; todo ello a la luz de las tendencias de la administración financiera pública comparada, la cual tenía identificados como objetivos prioritarios disminuir la discrecionalidad en la política fiscal, corregir el sesgo deficitario de las finanzas públicas y alcanzar estabilidad macroeconómica y mayor calidad de las políticas públicas.
Sin duda, lo más significativo de ese intento de modernización de la administración financiera del sector público fue la promulgación, en el año 2000, de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público[8], cuyo proceso de elaboración coincidió con el proceso constituyente de 1999 del cual surgió la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por esa coincidencia es por lo que ambos textos normativos postulan la creación por ley de un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la consistencia de los gastos del Estado en todos sus niveles ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios (artículos 321 CRBV y 150 LOAFSP). Es más, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, con base en lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 311 de la Constitución, previó también la creación de un Fondo de Ahorro Intergeneracional para atender el largo plazo las políticas públicas de desarrollo, especialmente la inversión real reproductiva, le educación y la salud; fondo éste, sin embargo, nunca constituido. En realidad, ya para ese año 2000 existía el Fondo de Inversiones para la Estabilidad Macroeconómica (FIEM), creado en 1998 en previsión de las fluctuaciones de los ingresos petroleros[9]. Fue luego, en noviembre de 2003, cuando en ejecución de los mandatos de la Constitución y de la citada ley de administración financiera se lo convirtió en Fondo para la Estabilización Macroeconómica (FEM), en previsión de las fluctuaciones de los ingresos ordinarios, no solo de los petroleros como estaba estipulado para el anterior fondo[10].
Lo sucedido posteriormente a estos intentos de proveer al país de una gran alcancía protectora es realmente desolador. Solo explicable si se le mira como el accionar de una clase política dirigente para la cual es inexistente la relación causa-efecto. Sea suficiente señalar que luego de su promulgación en el año 2000, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público fue modificada en quince (15) oportunidades, siempre para desmontar toda la batería de reglas de disciplina macrofiscal que en ella se había creado en el año 2000. En particular, por lo que se refiere al Fondo de Estabilización Macroeconómico (FEM), por paradójico que parezca, éste fue desactivado desde antes de nacer pues en su ley creadora se incluyó la siguiente disposición: “No se causarán ingresos al Fondo de Estabilización Macroeconómica en el período correspondiente al ejercicio fiscal 2004, a los fines de proveer a la aplicación de las nuevas reglas y desarrollos institucionales contemplados en esta ley” (art. 34); disposición esta que ya estaba incluida en la última modificación de su antecesora, la Ley del Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica (FIEM) con el siguiente tenor: “No se causarán ingresos al Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica en el período correspondiente al último trimestre del referido ejercicio fiscal 2001 y a los ejercicios fiscales de los años 2002 y 2003, a los fines de proveer a la aplicación de las nuevas reglas contempladas en esta ley” (art. 28)[11]. En años posteriores esa disposición “transitoria” que impedía la acumulación de ingresos (ahorros) en el Fondo se repitió invariablemente; y la provisión pensada para la aplicación de las nuevas reglas nunca se produjo.
Es cierto que, paralelamente se crearon en Venezuela muchos otros fondos, pero ninguno con la finalidad de rentabilizar el ingreso petrolero y asegurar la estabilidad del gasto público. En realidad, se trataba de fórmulas de fraude a la ley para disponer de recursos eludiendo los controles ordinarios del gasto público. El único pensado para asegurar estabilidad en el gasto fue el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Sin embargo, solo fue pensado y no concretado.
En los actuales momentos nada se conoce del referido Fondo de Estabilización Macroeconómica, mientras que la deuda externa venezolana se estima en aproximadamente 180 mil millones de dólares[12].
Dicho en palabras sencillas: el Fondo de Estabilización Económica, ni siquiera llegó a ser una vasija de barro.
[1]Eszter Wirth, “Breve historia y organización de la industria petrolera noruega”, Departamento de Economía Aplicada I (UCM), 2014. Véase en: https://www.academia.edu/10351080/Breve_historia_y_organización_de_la_industria_petrolera_noruega
[2] H. Calderón Berti, La OPEP por dentro, Gestión de Libros PAPF, SLU. 2022, pág. 41
[3] R. Betancourt, Venezuela, Política y Petróleo, ACIENPOL-UCAB-Fundación Rómulo Betancourt, 2007. Pág. 315.
[4] R. Betancourt, op. cit. pág.318
[5] H. Calderón Berti, op. cit. pág. 48
[6] «Qué fue el Viernes Negro y por qué marcó el fin de la “Venezuela saudita”» – BBC, 17/02/2023. Véase en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64428203
[7] El decreto N° 570, publicado en la Gaceta oficial de la República de Venezuela N° 35.660 del 23-02-95, contentivo del Programa de Modernización de la Administración Financiera del Estado y modificado por decreto N° 2.695, publicado en la Gaceta Oficial N° 36.572 del 02-11-98, fueron la expresión gubernamental de ese esfuerzo.
[8] Gaceta Oficial N° 37.029 del 05 de septiembre de 2000.
[9] Gaceta Oficial N° 36.575 del 05 de noviembre de1998
[10] Gaceta Oficial N° 37.827 del 27 de noviembre de 2003
[11] Gaceta Oficial N° 37.665 del 04 de abril de 2003
[12] “Aumenta la deuda externa a más de 170.360 millones de dólares” – Transparencia Venezuela, 05/03/2026. Véase en: https://transparenciave.org/aumenta-la-deuda-externa-a-mas-de-170-360-millones-de-dolares/