Por: Equipo de redacción de Conciencia es Dignidad
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocerá el caso de Fernando Albán luego de que el Estado venezolano incumplió las recomendaciones de la Comisión Interamericana para investigar su muerte bajo custodia, sancionar a los responsables y reparar a su familia. La decisión reactiva y avanza en uno de los casos más emblemáticos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
“Mi nombre es Meudy Osio, viuda de Fernando Albán. Hoy hace casi ocho años estuve en esta sala de audiencia para decirles lo que ha significado para mi familia pasar todos estos años buscando una justicia que, en Venezuela, nunca llegó”. Fueron las primeras y firmes palabras de Osio ante la audiencia pública número 26 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 06 de agosto de 2026.
Fernando Albán falleció bajo custodia del Estado venezolano el 08 de octubre de 2018, tres días después de su detención arbitraria el 5 de octubre. Su muerte acaparó los titulares de la prensa nacional e internacional tras conocerse que cayó desde el décimo piso de la sede caraqueña del SEBIN ubicada en Plaza Venezuela, uno de los centros de tortura más grandes del mundo. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación, esta nunca logró determinar con precisión las circunstancias de la muerte de Albán ni establecer todas las responsabilidades, pese a la larga lucha emprendida por sus familiares y representantes legales para exigir una investigación independiente.
Sin embargo, esta búsqueda de justicia encontró esta semana un nuevo escenario. Después de concluir que el Estado venezolano incumplió las recomendaciones formuladas en su Informe de Fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana, que ahora deberá determinar la responsabilidad internacional de las autoridades venezolanas por las violaciones de derechos humanos cometidas contra Fernando Albán y su familia.
La batalla jurídica que inició en el 2018
Desde los primeros días posteriores a su muerte, un equipo de abogados venezolanos integrados por Ramón Alfredo Aguilar, María Gabriela Aguilar, Enrique Serra, Susnaikyl Corniel y Eduardo Torres, emprendió una estrategia jurídica que, años después, terminaría llevando el expediente hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Antes de acudir a instancias internacionales la familia intentó obtener respuestas dentro de Venezuela. El 06 de octubre de 2018, apenas un día después de la detención de Albán, su hermana Luz, presentó una denuncia por desaparición forzada ante el Ministerio Público, después de recorrer sin éxito el aeropuerto de Maiquetía, la sede del SEBIN y el Helicoide, donde los funcionarios negaban conocer su paradero. Según la documentación presentada posteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esa denuncia nunca fue tramitada.
La búsqueda de justicia continuó, el 27 de noviembre de 2018 los apoderados de la familia Albán interpusieron una denuncia ante la Inspectoría de Tribunales para que se permitiera su participación en el proceso de investigación penal iniciado, dado que el Tribunal ante el que se adelantaba el caso había impedido la participación de la representación de la víctima (la familia Albán Osio).
Posteriormente, el 4 de diciembre de 2018 la representación legal de la familia presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por los delitos de privación ilegítima de libertad, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, encubrimiento y asociación para delinquir. En ese mismo escrito solicitaron la exhumación del cuerpo de Fernando Albán y la aplicación del Protocolo de Minnesota, el estándar de Naciones Unidas para investigar muertes potencialmente ilícitas. Y se solicitó que se investigara a los funcionarios del SEBIN que participaron en la detención arbitraria, traslado y custodia del concejal Albán, incluyendo al supuesto forense que “revisó” el cadáver antes de realizar el levantamiento por parte del órgano competente (CICPC); al General Gustavo González López, en su condición de Director del SEBIN; a los funcionarios judiciales y fiscales (incluida la juez Carol Padilla) que habrían participado en la producción de la supuesta orden judicial dictada mientras no existía acceso al expediente y sin que el tribunal diera despacho, y quienes no permitieron que el concejal Albán, detenido en ese momento, se presentara ante el juez competente en los plazos que prevé la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal; y a los funcionarios del Ministerio Público a quienes correspondía averiguar la denunciada desaparición forzada del concejal Albán, como posibles encubridores de ese delito. Tampoco esa solicitud recibió respuesta.
Pero las gestiones no terminaron allí, entre noviembre de 2018 y julio de 2019, los abogados consignaron 31 diligencias ante el Ministerio Público para solicitar acceso al expediente y copias certificadas de la investigación. Solo lograron revisar el expediente una única vez, durante aproximadamente veinte minutos, sin que posteriormente se les permitiera volver a consultarlo ni obtener la documentación solicitada. Sin embargo, quedó documentada la negativa del tribunal y de la fiscalía de permitir el acceso a la representación de las víctimas.
Aunado a ello, el 4 de febrero de 2019, ante las obstrucciones y falta de trámite de las denuncias por parte del Ministerio Público, se presentaron denuncias formales ante la Dirección General de Apoyo Jurídico y Consultoría Jurídica de la Fiscalía General de la República, en las que se solicitó que se ordenara a los fiscales actuantes: i) cesar en la violación del derecho al debido proceso; ii) permitir el acceso al expediente de la supuesta investigación de la muerte del concejal Albán; y iii) expedir las copias certificadas de todo el expediente. Seguidamente, el 6 de febrero de 2019 se presentó una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo, solicitando la intervención de dicho ente para investigar y sancionar los hechos que originalmente fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República el 4 de diciembre de 2018. Un aspecto relevante de esta nueva denuncia fue que se incluyó como denunciado al fiscal general Tarek William Saab por el delito de encubrimiento. Esta denuncia tampoco fue tramitada.
La persecución de los defensores de Derechos Humanos.
La intensa actividad jurídica para exigir respuestas y promover una investigación independiente tuvo consecuencias negativas para la defensa de Albán, también fundador del partido político opositor, Primero Justicia y ex concejal del municipio Libertador. Se hicieron públicas las denuncias contra el director del SEBIN y en contra del propio fiscal general.
Días después de la denuncia contra Saab y quizá a raíz de ésta, en el mismo mes de febrero de 2019, la DGCIM se presentó en las oficinas y casa del abogado Aguilar -coordinador de la defensa- para detenerlo. Aguilar evadió la persecución y se vio forzado a exiliarse en Colombia, su situación fue documentada por la Comisión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU para el año 2020. Luego, otros miembros del equipo de defensa se vieron forzados al exilio, y el abogado Eduardo Torres que se mantuvo en Venezuela, finalmente fue detenido como preso político en 2025. Siendo sometido a ocho meses de injusta presión.
La denuncia ante la Comisión Interamericana
A pesar de que formalmente no hubo acceso al expediente, el equipo continuó investigando y con apoyo de algunos funcionarios bajo anonimato, se pudo determinar nuevas inconsistencias y circunstancias relevantes. Entre los elementos incorporados a la petición presentada ante la CIDH figura la existencia de dos certificados de defunción distintos, firmados por médicos diferentes y con discrepancias sobre la causa inmediata de la muerte. Según la documentación aportada por los abogados, uno de los certificados fue suscrito por un médico comunitario que no contaba con las credenciales para practicar una autopsia forense, mientras que el otro aparecía firmado con un número de cédula que correspondía a otra persona.
Así, el referido equipo legal compuesto por los abogados antes mencionados, Ramón Alfredo Aguilar, María Gabriela Aguilar, Enrique Serra, Susnaikyl Corniel y Eduardo Torres, ahora apoyados por expertos en el sistema interamericano de justicia, Beatriz Borges, María Daniela Rivero, Ignacio J. Álvarez Martínez y Claudio Grossman, en fecha 26 de abril de 2019, presentó formal Petición Individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigara el caso de Albán.
El equipo legal identificó como autoridades responsables al entonces director del SEBIN, Gustavo González López, al fiscal general Tarek William Saab, a la jueza Carol Padilla, al fiscal Farik Mora Salcedo, al entonces ministro de comunicación Jorge Rodríguez, al director de la DGCIM, Iván Hernández Dala, y a los funcionarios del SEBIN que participaron en la detención y custodia de Fernando Albán, así como al entonces jefe del ejecutivo, Nicolás Maduro.
Resalta la circunstancia de que varios de esos funcionarios continúan ocupando posiciones de alta relevancia dentro del Estado venezolano. Gustavo González López ejerce como ministro de la defensa, mientras que Jorge Rodríguez preside la Asamblea Nacional de 2025.
En el año 2021 la defensa también incorporó nuevos argumentos y pruebas a través de observaciones adicionales sobre el fondo presentadas ante la Comisión el 24 de junio. Entre otros aspectos, la representación de la familia sostuvo que la Asamblea Nacional electa en 2015 había ratificado “nuevamente” la Convención Americana sobre Derechos Humanos (previamente denunciada por Chávez), reafirmando la vigencia de las obligaciones internacionales de Venezuela dentro del Sistema Interamericano. Ese planteamiento fue posteriormente acogido por la Corte Interamericana en el caso Chirinos Salamanca vs. Venezuela, en el que el tribunal reconoció la validez de la ratificación realizada por la Asamblea Nacional en el año 2019 y concluyó que la Convención Americana permanece vigente para el Estado venezolano.
Pese a todas las actuaciones, las investigaciones desarrolladas en Venezuela nunca lograron esclarecer plenamente las circunstancias de la muerte de Fernando Albán ni establecer responsabilidades más allá de dos funcionarios de bajo rango del SEBIN, condenados en 2021 por homicidio culposo y otros delitos, cuyas penas fueron posteriormente reducidas. Para la Comisión Interamericana, el Estado incumplió su obligación de realizar una investigación seria, imparcial y efectiva.
Al final, cada denuncia, cada diligencia y cada escrito presentado durante esos primeros meses permitió construir un registro documental de las violaciones denunciadas y de la falta de respuesta de las autoridades venezolanas. Ese trabajo sostenido terminó convirtiéndose en la base del expediente que la Comisión Interamericana estudió durante años y que hoy finalmente será conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque posiblemente esto demore varios años más, se espera que la Corte determine la responsabilidad del Estado Venezolano, individualice algunas responsabilidades y procure garantías de no repetición. La Corte Interamericana no juzgará penalmente a los individuos, pero sus determinaciones seguramente serán consideradas por la Corte Penal Internacional en la Situación Venezuela I, ya en fase de investigación.
Denunciar para que la verdad no desaparezca
En marzo de 1965, durante un sermón en Alabama, el líder del movimiento por los derechos civiles Martin Luther King Jr. defendió la importancia de alzar la voz frente a la injusticia. De aquel discurso surgió una de las frases que con el tiempo se convertiría en símbolo de la lucha por los derechos humanos: «Nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan«.
El caso de Fernando Albán es un ejemplo de ello, porque, durante años su familia y sus representantes legales insistieron en documentar lo ocurrido, presentar denuncias y agotar las vías nacionales e internacionales disponibles. Aunque esas acciones no obtuvieron una respuesta efectiva en Venezuela, permitieron construir el expediente que hoy examina la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un caso que también conoce la Corte Penal Internacional.
En Venezuela, denunciar violaciones de derechos humanos suele implicar un riesgo ante el temor a represalias, la desconfianza en las instituciones y la percepción de impunidad hacen que muchas víctimas y sus familiares opten por guardar silencio. No obstante, el caso de Fernando Albán demuestra que, incluso cuando la justicia nacional no ofrece respuestas, documentar los hechos y agotar las vías legales puede abrir el camino hacia instancias internacionales. Precisamente, la jurisdicción internacional se activa ante la inocuidad o complicidad de los sistemas nacionales (internos).
El expediente que hoy examina la Corte Interamericana y que los defensores de derechos humanos celebran, no surgió de un solo documento sino de años de denuncias, solicitudes de investigación, recursos legales y pruebas reunidas de manera sistemática. Esa documentación permite reconstruir los hechos, evidenciar las irregularidades denunciadas por la familia y demostrar ante el Sistema Interamericano que, pese a los intentos por obtener justicia en Venezuela, las investigaciones no avanzaron conforme a los estándares internacionales.