La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela promulgada en 1999 es prolija en la consagración de derechos, garantías y valores, basados el “fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”.
Sin embargo, preguntarse por el estado del derecho constitucional y la institucionalidad democrática en la Venezuela de hoy, puede generar, como única respuesta, una afirmación en la que se exprese, simplemente, que en este país hoy no existen ni derecho constitucional ni institucionalidad democrática. Por lo tanto, en lugar de formularnos la indicada pregunta lo pertinente debería ser interpelarnos acerca de por qué y cómo fue posible que arribáramos a esta situación absolutamente negadora de la democracia constitucional.
Se responderán estas dudas, en el marco de un análisis jurídico (colocar vínculo al artículo), con algunas ideas acerca de cómo el orden jurídico constitucional venezolano fue permitiendo que ello ocurriere. Dicho de otra manera, cómo fue posible que el intento de crear una democracia constitucional moderna en nuestro país fue derivando hacia lo que, sin duda alguna, es hoy un régimen despótico con forma de dictadura constituyente.
A continuación, se presenta el desglose de esos derechos, garantías y valores, su concatenación con instrumentos jurídicos internacionales, sus definiciones más elementales, y el lamentable desmontaje a través de actuaciones gubernativas, legislativas y/o judiciales ejecutadas sistemáticamente desde hace más de 20 años por los regímenes autoritarios de Chávez y Maduro
TÍTULO I: Principios Fundamentales (Arts. 1–9)
TÍTULO III: De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes (Arts. 19–135)
Capítulo I: Disposiciones Generales
Capítulo II: Nacionalidad y Ciudadanía
Capítulo III: Derechos Civiles (Arts. 43–59)
Capítulo IV: Derechos Políticos y del Referendo Popular (Arts. 62–74)
Capítulo VII: Derechos Económicos (Arts. 112–118)
TÍTULO VII: De la Seguridad de la Nación (Arts. 322–332)
TÍTULO VIII: De la Protección de esta Constitución (Arts. 333–336)
TÍTULO IX: De la Reforma Constitucional (Arts. 340–350)
Disposiciones Finales, Transitorias y Derogatoria
Establecen normas de aplicación temporal y la derogación expresa de la Constitución de 1961.
TÍTULO II: Del Espacio Geográfico y la División Política (Arts. 10–32)
TÍTULO IV: Del Poder Público (Arts. 136–315)
Organización General (Art. 136)
El Poder Público se divide en:
Nivel nacional, estadal y municipal.
Poder Judicial (Capítulo IV, Arts. 253–272)
Principios fundamentales:
Órganos del Poder Judicial:
Consejo de la Magistratura:
Poder Ciudadano (Capítulo V, Arts. 273–291)
Es un poder independiente, cuya función es prevenir, investigar y sancionar la corrupción, y fomentar la ética pública.
Órganos que lo integran (forman el “Consejo Moral Republicano”):
Funciones del Consejo Moral Republicano:
TÍTULO V: De la Organización del Poder Público Nacional
TÍTULO VI: Del Sistema Socioeconómico (Arts. 299–321)
Es una asociación civil sin fines de lucro orientada a trabajar en pro de los Derechos Humanos para la construcción de una sociedad que goce de paz, justicia y democracia.
Conciencia es Dignidad © 2025
