Los derechos humanos son garantías inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanas. Protegen la dignidad, la libertad y la igualdad, y obligan al Estado a respetar, garantizar y proteger esos derechos sin discriminación.
Estos derechos son universales, indivisibles e interdependientes. Esto significa que no pueden ser eliminados arbitrariamente y que la vulneración de uno afecta el ejercicio de otros.
La Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos como base del sistema internacional de protección de derechos humanos, esta fue redactada después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Consta de 30 artículos que describen estos derechos y libertades esenciales, para una sociedad justa, equitativa, tolerante, inclusiva y respetuosa.
Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás.
Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales como el derecho a la vida hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad.
Los 30 derechos de la Declaración de Derechos Humanos son los siguientes:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los derechos humanos son obligatorios para todos los órganos del poder público.
El artículo 19 señala que:
“El Estado garantizará a toda persona (…) el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”.
Además, la Constitución reconoce la jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Venezuela.
Entre los principales tratados internacionales suscritos por Venezuela se encuentran:
El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos.
Esto implica garantizar:
La situación venezolana ha sido observada por distintos mecanismos internacionales.
Entre ellos:
Estos organismos han emitido informes y recomendaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y persecución política.
A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 reconoce un amplio catálogo de derechos humanos y establece la obligación del Estado de garantizarlos y protegerlos (artículos 19, 22, 23 y 29), durante más de dos décadas los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han sido señalados, nacional e internacionalmente, por la comisión sistemática de violaciones a derechos fundamentales, debilitando progresivamente el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y los mecanismos de protección judicial.
Las denuncias más reiteradas han estado relacionadas con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, persecución política, restricciones a la libertad de expresión, criminalización de la protesta social, ejecuciones extrajudiciales y violaciones al debido proceso. Estas prácticas han sido documentadas de manera consistente por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, especialmente en el contexto de protestas sociales, procesos electorales y operativos de seguridad ciudadana desplegados en sectores populares.
Asimismo, existe una ausencia de independencia judicial y la utilización de órganos de seguridad e inteligencia con fines de persecución política que han favorecido la impunidad y limitado el acceso de las víctimas a mecanismos efectivos de justicia y reparación.
Hay casos emblemáticos como las muertes bajo custodia de Fernando Albán, Víctor Quero Navas y del capitán Rafael Acosta Arévalo, así como detenciones masivas posteriores a procesos electorales, las denuncias de torturas en centros de reclusión y las desapariciones forzadas de corta duración que han sido ampliamente documentados por instancias internacionales.
Esta situación se ha agravado en el contexto de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela desde hace varios años, caracterizada por el deterioro institucional, económico y social, así como por el colapso parcial de servicios esenciales como salud, alimentación, educación y acceso a la justicia. La prolongación de esta crisis ha incrementado la vulnerabilidad de amplios sectores de la población y ha profundizado las desigualdades sociales, impactando directamente el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Frente a este panorama, organizaciones como PROVEA, Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón, Acceso a la Justicia y Amnistía Internacional han desarrollado labores de documentación, acompañamiento a víctimas y denuncia internacional, recopilando información sobre violaciones de derechos humanos y promoviendo mecanismos de memoria, verdad y justicia.
Asimismo, distintos organismos internacionales han emitido informes y pronunciamientos sobre la situación venezolana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado preocupación por el debilitamiento de las garantías democráticas y el incremento de la represión estatal, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado patrones de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y restricciones al espacio cívico.
De igual forma, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2019, ha concluido en diversos informes que existen motivos razonables para considerar que en Venezuela se han cometido violaciones graves de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad. Entre los hechos investigados destacan ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, persecución política y desapariciones forzadas, atribuidas a cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado.
Estas denuncias han impulsado investigaciones y actuaciones ante instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), donde actualmente se desarrolla un examen sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Ante la falta de mecanismos internos independientes y eficaces, numerosas víctimas y organizaciones han acudido al sistema internacional de protección de derechos humanos en búsqueda de justicia, reparación y garantías de no repetición.
Frente a esta realidad, la defensa de los derechos humanos en Venezuela continúa representando un desafío fundamental para la reconstrucción institucional y democrática del país. El restablecimiento de la independencia judicial, el fortalecimiento de las garantías constitucionales y el reconocimiento integral de las víctimas son elementos esenciales para avanzar hacia procesos de verdad, justicia y reparación.
A modo de conclusión, es necesario destacar que los derechos humanos constituyen el núcleo esencial de toda sociedad democrática y representan límites jurídicos frente al ejercicio arbitrario del poder. Su protección no depende de ideologías políticas ni de contextos de excepción, sino de la obligación permanente del Estado de garantizar la dignidad humana. Comprender la situación de los derechos humanos en Venezuela implica no solo analizar el marco normativo existente, sino también reflexionar críticamente sobre la distancia entre las garantías constitucionales y la realidad vivida por millones de ciudadanos.
Es una asociación civil sin fines de lucro orientada a trabajar en pro de los Derechos Humanos para la construcción de una sociedad que goce de paz, justicia y democracia.
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