Por José Vicente Carrasquero[1]
Cada vez que el bolívar pierde valor, reaparece la misma pregunta: ¿por qué no adoptar definitivamente el dólar? Es una pregunta legítima. Los venezolanos ya han tenido que buscar por su cuenta una unidad en la cual calcular precios, preservar ahorros y pactar obligaciones. Sin embargo, conviene precisar qué se espera de la dolarización. Puede impedir que el Estado siga depreciando una moneda que emite. No puede impedir que el Estado gaste mal, se endeude irresponsablemente o desvíe recursos públicos.
El problema comienza en el presupuesto. Cuando el gasto excede de manera persistente los ingresos y el déficit se financia creando dinero, cada nueva emisión reduce la capacidad adquisitiva de quienes reciben bolívares. El salario, la pensión y el ahorro pagan una cuenta que jamás aprobaron. El Fondo Monetario Internacional advirtió en enero de 2026 que el aumento del déficit fiscal venezolano había impulsado su financiación monetaria, en un contexto de inflación de tres dígitos y rápida depreciación de la moneda.
A menudo se dice que el dinero se imprime «sin respaldo». La expresión comunica bien la pérdida de confianza, pero requiere una precisión: una moneda moderna no necesita estar respaldada por oro para conservar su valor. Necesita una autoridad monetaria creíble, límites efectivos a la emisión, cuentas públicas sostenibles y ciudadanos capaces de exigir explicaciones. En Venezuela, la discusión sobre el bolívar es, por ello, inseparable de la discusión sobre el poder.
La corrupción agrava el déficit por dos vías. Primero, convierte recursos que deberían financiar servicios públicos en contratos inflados, obras inconclusas o beneficios particulares. Después, dificulta reconocer el verdadero coste de esas pérdidas: las cuentas opacas permiten ocultar obligaciones y aplazar decisiones. Cuando finalmente se recurre a la emisión, la sociedad paga también por aquello que nunca recibió. La dolarización cerraría esa vía de financiación inflacionaria, pero no cerraría por sí sola la vía del despilfarro. Un Estado puede gastar dólares que no tiene, acumular deuda y sacrificar servicios esenciales aun cuando haya renunciado a imprimir moneda.
La experiencia ecuatoriana merece atención precisamente por sus dos enseñanzas. La dolarización contribuyó a vencer la inestabilidad de precios que acompañó a una crisis profunda; no aseguró, en cambio, la disciplina fiscal ni un crecimiento sostenido. También redujo la capacidad del banco central para proporcionar liquidez en una emergencia bancaria. Son costes que una propuesta seria debe reconocer antes de prometer resultados.
Existe, además, una diferencia decisiva entre usar dólares y dolarizar oficialmente. Que una tienda cobre en dólares no resuelve cómo se convertirían los depósitos en bolívares, con qué activos se atenderían los pagos bancarios ni qué ocurriría con las pensiones, los contratos y las obligaciones del Estado. Tampoco hace aparecer dólares en los hogares que hoy carecen de ellos. Una conversión mal preparada podría trasladar pérdidas a los ciudadanos mientras protege a quienes tuvieron acceso privilegiado a las divisas. Por eso, antes de fijar una tasa de conversión habría que conocer y auditar los balances del sector público, del Banco Central y de los bancos.
Hay también un obstáculo jurídico que no se puede despachar con una consigna. El artículo 318 de la Constitución establece que la unidad monetaria de la República es el bolívar y asigna al Banco Central las competencias monetarias. El artículo 320 dispone que el Banco Central no podrá convalidar ni financiar políticas fiscales deficitarias. Una dolarización oficial plena exigiría resolver expresamente su compatibilidad con ese marco constitucional. Conviene observar, asimismo, que la Constitución ya contiene una prohibición de financiar el déficit que no ha bastado para impedir la práctica denunciada por el FMI. El fracaso de una regla escrita obliga a preguntarse quién tendrá la independencia y la capacidad de hacer cumplir las siguientes.
Mi posición es favorable a estudiar la dolarización oficial como parte de una reconstrucción económica y democrática, y contrario a presentarla como un remedio instantáneo. La consideraría defendible si estuviera acompañada de un presupuesto público verificable, una auditoría de las obligaciones monetarias y bancarias, reglas claras para la conversión, protección de los pequeños depositantes y un sistema de supervisión sometido a controles independientes. Sin esas condiciones, cambiar de moneda podría ofrecer un alivio inicial mientras se conserva intacta la estructura que produjo la crisis.
Al final, el dilema no se resuelve invocando la soberanía del bolívar ni atribuyendo al dólar virtudes morales. Una moneda nacional que se destruye para financiar el poder ofrece poca protección a la soberanía de quienes trabajan y ahorran. Una moneda extranjera tampoco vuelve honrado a quien administra el tesoro público. Venezuela necesita decidir cómo recuperará la estabilidad; pero, sobre todo, quién rendirá cuentas por cada dólar que ingrese y por cada dólar que se gaste.
[1] Profesor de Ciencia Política.