Entre la suspensión del Fiscal y la espera de justicia: Caso Venezuela I frente a una oportunidad decisiva

El 8 de junio de 2026, la Corte Penal Internacional atravesó uno de los momentos institucionales más delicados de su historia reciente. La Mesa de la Asamblea de Estados Partes decidió suspender con efecto inmediato al Fiscal de la Corte, Karim A. A. Khan KC, en el marco del procedimiento disciplinario seguido en su contra.

La decisión fue adoptada por mayoría cualificada, con fundamento en la Regla 28 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, y el asunto fue remitido al pleno de la Asamblea de Estados Partes, que deberá pronunciarse en una sesión extraordinaria. La propia Mesa aclaró que la suspensión provisional no prejuzga el resultado definitivo del procedimiento. Sin embargo, sus efectos institucionales son inmediatos: el Fiscal queda apartado de sus funciones generales mientras la Asamblea decide.

Este hecho, aunque se produce dentro de un procedimiento disciplinario aparte, tiene una lectura inevitable desde Venezuela I: Venezuela I es una de las investigaciones más sensibles de la Corte Penal Internacional. No solo por ser la primera investigación formal de la CPI en América Latina sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, sino porque se refiere a hechos de extrema gravedad: detenciones arbitrarias, torturas, persecución política, violencia estatal y  patrones de represión desarrollados desde estructuras de poder.

La investigación fue abierta formalmente en 2021 y, luego de una fase de controversia impulsada por el Estado venezolano, la CPI autorizó su reanudación. La Sala de Apelaciones confirmó esa decisión en marzo de 2024. Desde entonces, la expectativa de las víctimas y de quienes han documentado la represión en Venezuela era clara: que la Fiscalía avanzara en la recolección de evidencias, en la identificación de responsables y en el análisis de cadenas de mando.

Si bien es  cierto que la CPI no está obligada a revelar cada diligencia de investigación y ahora tampoco hace pùblicas las ordenes de detención,  en un caso como Venezuela I, donde existe abundante documentación nacional e internacional, múltiples fuentes de evidencia y patrones represivos ampliamente denunciados, la reserva procesal no puede convertirse en una explicación indefinida para la falta de resultados visibles.

Esta es una gran  inquietud, la cual no nace únicamente de la demora. Nace de la combinación entre demora, gravedad de los hechos y las dudas posteriores sobre la apariencia de imparcialidad en la conducción de la Fiscal de la CPI.

En 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI abordó la solicitud de recusación del Fiscal Karim Khan en la situación Venezuela I fundamentado  con un posible conflicto de interés derivado de su relación familiar y profesional con una abogada integrante del equipo de defensa del Estado venezolano. La discusión no se limitaba a probar una parcialidad subjetiva,  el problema era aùn más profundo: si, desde la mirada objetiva de las víctimas y de la confianza pública, podía mantenerse intacta la apariencia de imparcialidad.

Posteriormente, el Fiscal se separó de la situación Venezuela I. Sin embargo, esa separación no resolvía por completo la tensión institucional. Aunque el expediente quedó formalmente en manos de otro responsable dentro de la Fiscalía, ese fiscal encargado seguía formando parte de una estructura jerárquica cuya autoridad superior continuaba siendo el mismo Fiscal cuestionado, quien permanecía en funciones dentro de la Corte. Allí estaba el núcleo del problema: Khan ya no conducía directamente Venezuela I, pero la persona llamada a impulsar la investigación seguía actuando dentro de una Fiscalía dirigida por él.

Esa subordinación institucional no era un detalle menor. En investigaciones de esta naturaleza, la independencia no solo debe existir; también debe ser percibida con claridad por las víctimas, por los Estados parte y por la comunidad internacional. Cuando una investigación ya venía mostrando escasos avances públicos y, además, permanecía dentro de una estructura jerárquica encabezada por una autoridad cuestionada, la confianza se debilitaba inevitablemente. Pero el efecto más grave iba más allá de la percepción: la falta de avances también vaciaba de contenido la función preventiva de la CPI frente a un Estado que, mientras no encuentra límites efectivos, puede seguir actuando, persiguiendo y reproduciendo los mismos patrones de violencia institucional.