Entre las prácticas documentadas se encuentran campañas de estigmatización promovidas por altas autoridades del Estado, actos de hostigamiento e intimidación contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil, vigilancia, allanamientos, investigaciones penales, detenciones arbitrarias y otras formas de represalia dirigidas contra defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, abogados, periodistas, líderes comunitarios y organizaciones humanitarias. La Misión observó que altos funcionarios presentaban públicamente a numerosas organizaciones como agentes al servicio de intereses extranjeros o como actores desestabilizadores, favoreciendo un entorno de creciente hostilidad hacia la sociedad civil independiente[2].

La persistencia de este patrón quedó reflejada en los hallazgos más recientes de la Misión. En su informe presentado en 2023 investigó 43 nuevos casos, correspondientes a 72 víctimas, y documentó 58 detenciones arbitrarias ocurridas desde 2020, muchas de ellas dirigidas contra dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos. La MIIDHV concluyó que estas actuaciones evidenciaban la continuidad de un patrón represivo destinado a restringir el espacio cívico y desincentivar la participación de la sociedad civil en asuntos de interés público.

Las restricciones también se materializaron mediante reformas «legislativas» de dudosa constitucionalidad, dirigidas a incrementar el control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil. Organismos internacionales han expresado especial preocupación por la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, promulgada en 2024[3] (Ley contras las ONG’s). Concretamente la MIIDHV advirtió que esta normativa imponía nuevas obligaciones de registro, identificación de miembros y beneficiarios, suministro de información financiera y amplias facultades de supervisión por parte del Estado, lo que podía generar un efecto inhibidor sobre el funcionamiento independiente de las organizaciones y restringir el ejercicio de la libertad de asociación[4].

Las restricciones documentadas afectaron igualmente a organizaciones sindicales, gremios profesionales, universidades y otras formas de organización social. La Oficina del ACNUDH y la MIIDHV señalaron que dirigentes sindicales, profesores universitarios, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos fueron objeto de amenazas, actos de intimidación, vigilancia, investigaciones penales y otras medidas de represalia vinculadas al ejercicio de sus actividades, generando un efecto disuasorio sobre la participación de la sociedad civil en la defensa de derechos y en los asuntos públicos[5].

El ejercicio de la libertad de asociación en Venezuela experimentó un progresivo deterioro como resultado de un conjunto de medidas orientadas a controlar, limitar o desincentivar el funcionamiento de organizaciones independientes. Lejos de constituir actuaciones aisladas, los organismos internacionales concluyeron que estas restricciones respondieron a un patrón dirigido a reducir el espacio cívico, limitar la actuación de la sociedad civil organizada y debilitar uno de los principales mecanismos de participación democrática y protección de los derechos humanos[6].