Por: Ramón Alfredo Aguilar
El lunes 14 de septiembre de 2026 arribó a Caracas la delegación de la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por su presidenta Dinorah Figuera, para participar en la segunda ronda del proceso de negociación o mesa de diálogo que, frente al gobierno interino de Delcy Rodríguez gestiona el trámite de transición a la democracia, bajo el tutelaje del gobierno de EE.UU. El inicio formal de este segundo ciclo ha sido pospuesto y está previsto para el jueves 17 de septiembre[1]. Entre los asuntos que se prevé abordar se encuentran la continuación del proceso de reconstrucción institucional del Tribunal Supremo de Justicia, las garantías políticas y civiles, la libertad de expresión y las inhabilitaciones políticas[2].
La gestión avanza lentamente mientras se conocen sus objetivos inmediatos: designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -32 principales y sus suplentes- y designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trata de un proceso de reinstitucionalización previo y necesario para la realización de elecciones justas y libres, y especialmente para garantizar la transparencia del proceso (CNE) y el respeto de los resultados (TSJ).
La planificación se ajusta al plan diseñado por EE.UU. de tres (3) fases de “estabilización, recuperación (económica) y transición”; que justifica anteponer la reinstitucionalización del TSJ y el CNE en la idea de prevenir y no repetir eventos como el desconocimiento de la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024, el robo de las elecciones en la servilleta de Amoroso[3], el celestinaje de las Fuerzas Armandas venezolanas, las espurias decisiones del TSJ[4], y la violencia postelectoral con más de 2.000 detenciones arbitrarias[5], desapariciones forzadas y torturas. Desde esta perspectiva resulta sensato reconocer la necesidad de avanzar primero a la requerida reinstitucionalización.
Los ciudadanos tanto en Venezuela como en el exilio quieren «elecciones ya». El profesor Escovar León destaca que «estamos listos para votar»[6], aunque reconoce que «[l]o que todavía no está listo es el marco institucional dentro del cual debe realizarse la elección»[7]. Lo que sube la vara y las exigencias frente a la AN2105, el gobierno de EE.UU. y al interinato. El proceso enfrenta grandes desafíos, obstáculos, limitaciones, críticas y exigencias. Veamos.
1.- La intervención preponderante de EE. UU. y los tiempos de ejecución.
La actuación disruptiva del 3 de enero de 2026, la extracción de Nicolás Maduro para su encarcelamiento y juzgamiento en las cortes de Nueva York, no sólo demostró la absoluta ineficiencia de la FF.AA. y/o la complicidad de factores internos con capacidad para traicionar al extraído, sino que, marcó el inicio de un proceso político (de poder y control) sobre las instituciones y patrimonio venezolanos, que esperamos se traduzca en un camino para la transición y la restitución del orden democrático y el Estado de derecho.
Algunos sostienen que nada ha cambiado[8], especialmente por la designación y subsistencia de la presidencia interina e inconstitucional de la señora Delcy Rodríguez, designada por EE.UU. No estamos de acuerdo. Basta con referir que se han liberado cientos de presos políticos (más abajo volvemos sobre esto), muchos exiliados han retornado, el dinero del petróleo está protegido en una cuenta extranjera[9], y que, Jorge Rodríguez ha sido forzado a sentarse en una mesa de diálogo con la diputada Dinorah Figuera, que cuenta con orden de captura y petición de extradición acordada por el TSJ[10], y a quien, el mismo Rodríguez, amenazó con retirarle la nacionalidad[11]. Agréguese, que el chavismo ha aceptado remover y sustituir a todos los magistrados del TSJ con participación de los factores democráticos.
Estas realidades muestran que, si ha habido cambios, y también deja ver quién diseña la agenda e impone parámetros. No hay mucho espacio para cambiar temas o prioridades, pero resulta legítima toda petición o exigencia para que el tutor entienda que debe acelerar el ritmo.
La delegación de la AN2015 debe ser enfática y trasmitir al gobierno de EE.UU. la urgencia de los cambios, y acceder a las propuestas que instan a trabajar de manera más ágil o «en sesión permanente». Las visitas esporádicas cada seis semanas y la falta de un cronograma conocido, exacerban la frustración y la incredulidad ciudadana. Al respecto, voceros políticos instan a los actores de la oposición a no caer en las “trampas del madurismo” y sugieren a la mesa de negociación que se declaren en sesión permanente durante el proceso de diálogo.
2.- Legitimidad y frustración
Otro obstáculo que confronta la delegación encabezada por la diputada Dinorah Figuera, es la falta de confianza en la legitimidad de la AN2015 y las malas experiencias en que derivaron los procesos de diálogos o negociaciones previas.
El primer asunto, la legitimidad[12]. Puede que resulte difícil de entender, espacialmente, para quienes desconocen que la AN2105 no sólo designó a Juan Guaidó como presidente en 2019, sino que, desde ese año y hasta la actualidad ha sido reconocida por el gobierno norteamericano como la “última institución democráticamente designada en Venezuela”. No se trata sólo de un reconocimiento simbólico, durante más de siete (7) años la AN2015 ha actuado en las Cortes de EE.UU. y del Reino Unido en la defensa de los activos venezolanos (CITGO) y de las reservas de oro depositadas en Londres. Actuaciones que han evitado la pérdida de la refinadora, a pesar de los miles de millones de dólares en deudas legados por Chávez y Maduro, y preservado las reservas que pretendían ser utilizadas (expoliadas) en 2020 por este último.
Aquí, vuelve a mostrar su importancia la conciencia sobre quién dirige el proceso. Aunque el presidente Trump ha designado y/o reconocido la presidencia interina, Delcy Rodríguez, al tiempo, ha obrado de manera coherente con la política exterior estadounidense que sustentó el desconocimiento de Maduro y el reconocimiento de la AN2015 (en su primer y segundo gobierno y en el de Biden) como la única institución democrática supérstite. Por eso ahora ha concedido o reconocido esa misma capacidad del cuerpo parlamentario para negociar frente al interinato, como adelantamos en nuestro primer artículo sobre el proceso de transición, publicado a finales de enero. Las leyes y políticas públicas de EE.UU. conceden esa legitimidad.
Internamente, la legitimidad de la AN2015, más allá del triunfo electoral de 2015, ahora parece condicionada a los resultados. Debe considerarse que la delatada persecución de Figuera y de los demás diputados, sus posiciones políticas históricas y su mantenimiento de la AN2105 como institución en contraposición al régimen de Maduro, sin duda le conceden legitimidad “opositora” o democrática, que cuando menos debe merecer un voto de confianza, especialmente porque un importante sector ciudadano se inclina por hallar soluciones a través de acuerdos políticos[13]. Sin embargo, otras encuestas muestran escepticismo[14], asociado a la demora o a la no participación de la líder María Corina Machado, quién, junto a el presidente electo en 2024, Edmundo González, han referido que: «Nosotros no seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales. La evaluaremos con base en logros concretos y verificables»[15].
Otros hallan legitimidad en las previsiones de los artículos 333 y 350 Constitucionales, lo que puede regresarnos al tema de la eficacia y los resultados.
Segundo aspecto, el escepticismo derivado de las resultas de negociaciones previas. Para atender este aspecto se requiere reiterar las características y consecuencias del tutelaje. Si se entiende quién «coordina» las negociaciones, se puede argüir que los procesos previos no tienen similitud con el proceso actual, o por lo menos, que existe una gran diferencia.
Aquí y ahora el poder de coerción lo tiene la potencia extranjera, las partes directas han sido compelidas a transigir, no parece haber “alacranes”, y se han acordado (aceptado) los objetivos. Recuérdese, además, que el tutor tiene conciencia y ha reaccionado previamente con sanciones por la violación o incumplimiento por parte de Maduro del acuerdo Barbados de 2024[16]. Ahora, no requiere sanciones, simplemente, está en el terreno.
Obviamente, todo el esfuerzo de cambio está en cabeza de Figuera y su equipo, acompañado por la sociedad civil, y esperamos que por el tutor. Mientras que los Rodríguez ni siquiera mencionan el asunto. En la praxis, como refiere el profesor Carrasquero, «del interinato no vas a obtener soluciones nunca. Y no porque sus integrantes sean malos administradores, que lo son, sino por algo mucho más básico. Un interinato es por definición un custodio. Su función es sostener, no transformar. No tiene mandato popular porque no fue electo. No tiene horizonte porque su existencia es provisional y no tiene incentivo para reformas profundas, porque toda reforma profunda le acorta la vida».
Se sabe que, los Rodríguez et al. harán lo necesario por retrasar, conservar espacios de poder, hacer negocios, echar mano a las reservas de oro y ser los «mejores amigos» de Trump. Ese es su juego.
En contraposición, la delegación de la AN2015 debe apurar el paso y centrarse en los objetivos esenciales, sin desviarse ni caer en los juegos formalistas o en discusiones estériles que promoverá el sr. Rodríguez. Incrementar la velocidad y mostrar avances ayudará a que aumente la confianza ciudadana en el proceso.
3.- Libertad plena para todos los presos políticos.
Antes de crearse la mesa de diálogo, el gobierno de Trump ordenó u ofreció la liberación de los presos políticos. En el mes de febrero se dictó la ley de amnistía que ha resultado imperfecta y obviamente insuficiente, las liberaciones se han hecho a cuentagotas, sin libertades plenas y de forma discrecional (arbitraria)[17]. El secretario Rubio ante el senado de EE.UU. en fecha 2 de junio de 2026 reconoció que, cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro, todavía permanecían encarceladas alrededor de 400 personas que Estados Unidos consideraba presos políticos, aunque destacó que muchas otras habían sido excarceladas[18].
Como hemos referido, «No puede hablarse de una auténtica transición hacia la democracia mientras existan presos políticos. Las detenciones por motivos políticos, la persecución judicial selectiva y las restricciones sistemáticas a las libertades fundamentales, constituyen una línea roja que impide cualquier proceso de normalización democrática»[19].
Los Rodríguez lo saben y se burlan de EE.UU. manteniendo procesos penales abiertos y a más de 300 ciudadanos encarcelados,[20] en un grupo conformado principalmente por militares y policías[21]. La delegación opositora ha dicho que no desea o no puede incluir a los presos políticos en la discusión como «monedas de cambio», sin embargo, ha atendido a los familiares y ha manifestado su compromiso de continuar buscando vías urgentes para lograr la libertad de todos los detenidos por razones políticas[22]. El talante criminal de la dictadura sigue de manifiesto, juega con la situación, la libertad y la dignidad de estas víctimas de la sistemática represión.
Nuevamente, la vara es muy alta para la delegación de la AN2015, debe insistir ante EE. UU. y mostrar con nombres y listas que el interinato no abona a la pretendida reconciliación. La primera representante diplomática norteamericana en suelo venezolano sumó este trámite de reconciliación a los tres pasos inicialmente diseñados[23].
No será fácil una reconciliación después de años de hambre, robos, corrupción, secuestros, violaciones, torturas, asesinatos, exilio, y ruptura de todo orden democrático y constitucional. La reconciliación es una necesidad consustancial de la transición, pero ahora mismo, es una necesidad instrumental y urgente, que sólo comenzará cuando no existan presos políticos.
Aunque la necesidad es perentoria, posiblemente requiera de otros pasos que también pueden ejecutarse en la mesa, siempre con la debida urgencia. Sectores académicos y de la sociedad civil han propuesto la derogatoria de la ley contra el odio, la ley contras las ONGs y la ley Simón Bolívar, mal llamadas leyes «constitucionales». Sin duda esto ayudaría al cierre de procesos penales y la liberación de presos de conciencia, al tiempo que impedirá que no se abran nuevos procesos judiciales, avanzando en la garantía de no repetición.
Sin embargo, como ha ocurrido con la ley de amnistía, en la práctica el cumplimiento de la ley en última instancia queda en manos del Poder Judicial, encabezado por el TSJ. Reconocer esta circunstancia podría llevar a priorizar la reinstitucionalización del máximo tribunal.
4.- Ordenar los objetivos y prioridades.
Las principales expectativas y dudas asociadas al proceso de diálogo son la demora, la falta de cronograma y el desconocimiento detallado de la agenda y las prioridades.
Como ocurre en las campañas electorales, se exige a los candidatos enorme diversidad de soluciones, tantas como problemas aquejan a la población. El asunto es que un presidente o un gobernador, en realidad no tienen capacidad para resolver todo tipo de asuntos, porque muchos corresponden a las competencias de otros poderes, legislativo o judicial, o a otros órganos, nacionales, regionales o locales. Lo que se quiere mostrar es que, mutatis mutandi, tanto los ciudadanos como los diputados de la AN2015, deben concentrarse en decantar las prioridades, capacidades y objetivos de la mesa. No se puede arreglar toda la crisis, menos aún, en el tiempo que se requiere para convocar elecciones que legitimen los poderes.
Nuestra propuesta es que los objetivos inmediatos se limiten a tres:
- Liberación de los presos políticos (aunque se ha excluido como tema de negociación)
- Designación de magistrados del TSJ
- Designación de rectores del CNE.
Todo, como plataforma para la organización y convocatoria de elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional. Es fácil distraerse o desviarse en el camino para atender muchas otras necesidades. Todo está mal y todo necesita recomponerse, pero se debe recurrir a la lógica, a la ley, y esencialmente a los principios constitucionales. Esto es, si se apuesta a la reinstitucionalización y esa es la base fundacional, entonces no es necesario que la mesa corrija lo que según la ley es (o será) competencia de las instituciones una vez reconstruidas.
Además de los enunciados objetivos, los diputados de la delegación opositora han referido que trabajarán en otros asociados, en garantías políticas y encuentros con sectores sociales[24]. Algunos integrantes de la delegación han extendido públicamente el ámbito de los asuntos que consideran vinculados al proceso. Jorge Millán ha incluido entre sus pilares, además de los sistemas de justicia y electoral, el sistema de partidos políticos, las garantías políticas, la libertad de expresión y el desmontaje del aparato represor. Dinorah Figuera, por su parte, ha anunciado que durante el segundo ciclo se abordarán las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión. Todos son aspectos fundamentales, tanto como las reuniones sostenidas por la delegación con representantes de la sociedad civil, familiares de los presos, ONGs, la iglesia, los gremios y universidades, pero debe administrarse el tiempo y limitarse los objetivos, debido a la urgencia y en pro de la eficacia.
Para ser claros, en materia electoral es necesario, quizá urgente, la depuración del patrón electoral, la auditoría de las máquinas, la rehabilitación de los partidos y candidatos, la observación internacional y garantizar el voto en el extranjero, entre otros aspectos. Eso es fundamental, urgente y necesario, pero, en pureza no son temas para la mesa. Si se designan rectores del CNE cualificados e independientes, éstos ejercerán sus atribuciones legales, convocarán, organizarán y realizarán elecciones, resolviendo en el ínterin todos los referidos asuntos.
Lo mismo ocurre con la «devolución» de las tarjetas y los partidos, o la (in)habilitación de los candidatos, como la que recae sobre María Corina Machado y decenas de líderes opositores[25]. Un renovado CNE puede resolver sobre todos estos aspectos por vía administrativa y, de ser necesario escalar los conflictos a otra instancia, se resolverán por las salas del TSJ recién designado.
Igual ocurre con los temas de libertad de expresión o libertad personal y debido proceso, así como, la derogatoria de las leyes que sirven de marco para la persecución judicial, y la correcta aplicación de la ley de amnistía. Son temas fundamentales y si se logra avanzar en soluciones concertadas, sería magnífico. Pero, si esas discusiones desvían la atención y ralentizan la designación de magistrados del TSJ y rectores del CNE, deben soslayarse, dando prioridad a las designaciones que darán soluciones más amplias, definitivas y eficaces a los mismos asuntos.
Considérese que, la nulidad por inconstitucionalidad de las leyes o los delitos que sirven a la represión y persecución política podrá proponerse ante las Salas del TSJ recién reconstituido, con lo que las cuestiones dejarían de ser políticas y pasarán al plano jurisdiccional (al que realmente corresponden), en donde serán resueltos con independencia y bajo parámetros estrictamente jurídicos (constitucionales y legales).
Entonces, ¿cuál es la prioridad?
Aunque la negociación que se adelanta es eminentemente política, los asuntos que se mencionan, como la rehabilitación de partidos y candidatos, las condiciones electorales, la abrogación o nulidad de leyes inconstitucionales, e incluso, la efectiva liberación de presos políticos, son aspectos regulados por la Constitución y las leyes. Por ello, la primera negociación plausible y requerida en el ámbito de la transición es la recomposición de del TSJ y el CNE para que, éstos con autonomía e independencia cumplan y hagan cumplir la ley. Así lo dispone la Constitución y así funciona la democracia.
Si se trata de agregar temas para ser discutidos en la mesa, creemos que, de forma paralela o complementaria (sin interferir ni restar el espacio principal de los mencionados), se deben acordar y garantizar las condiciones para que se respeten las nuevas autoridades e instituciones designadas (TSJ y CNE), convocando e instruyendo a las fuerzas militares y policiales, para someterse estrictamente a la Constitución y la ley, a las instituciones democráticas. Acaso, otro acuerdo urgente, el desarme pleno y la neutralización de los grupos armados irregulares, y el desarme y cierre absoluto del SEBIN y la DGCIM, en tanto los organismos internacionales, como la Comisión Independiente de la ONU, confirman y alertan «que el aparato represivo en el país permanece intacto».
¿Qué se espera de la segunda ronda?
De esta segunda jornada de diálogo se espera el nombramiento, designación y presentación pública de los miembros del cuestionado Comité de Postulaciones Judiciales y del Consejo de Revisión de Credenciales (nuevo órgano de transición), el baremo, la convocatoria para las postulaciones, las reglas para la publicidad del proceso, impugnaciones de candidatos, respuestas y el calendario para la designación de los magistrados del TSJ.
El tiempo apremia, por lo que, los objetivos deben depurarse y las reuniones deberían realizarse de manera continua o permanente.
[1] “El chavismo y la oposición reanudan este jueves el segundo ciclo de negociaciones”, EFE/SWI swissinfo.ch, 15 de septiembre de 2026. Véase en: https://www.swissinfo.ch/spa/el-chavismo-y-la-oposici%C3%B3n-reanudan-este-jueves-el-segundo-ciclo-de-negociaciones/92064020
[2] “El diálogo en Venezuela entra en una nueva fase: libertad de expresión e inhabilidades, entre los temas”, El Espectador, 11 de septiembre de 2026. Véase en: https://www.elespectador.com/mundo/venezuela/libertad-de-expresion-e-inhabilidades-lo-que-viene-en-el-dialogo-de-transicion-en-venezuela/
[3] “María Corina sobre Amoroso: “Prácticamente proclamó a Maduro con una servilleta””, El Estímulo, 13 de agosto de 2024. Disponible en: https://elestimulo.com/elecciones-2024/2024-08-13/maria-corina-elvis-cne/
[4] Allan R. Brewer-Carías, “El bizarro ‘proceso contencioso electoral de peritaje’ inventado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para avalar, mediante diez sentencias, el secuestro del resultado de la elección presidencial del 28 de julio de 2024”, Revista de Derecho Público, nos 179-180, 2024. Véase en: https://revistadederechopublico.com/wp-content/uploads/2025/10/El_bizarro_proceso_contencioso_electoral_inventado_por_la_Sala_Electoral_para_secuestrar_el_resultado_de_la_eleccion_presidencial_de_julio_de_2024_Allan_Brewer_Carias.pdf
[5]«’Operación Tun Tun’ en Venezuela: más de 2.000 detenidos en las protestas», France24, 08 de agosto de 2024. Véase en: https://www.france24.com/es/video/20240807-operaci%C3%B3n-tun-tun-en-venezuela-m%C3%A1s-de-2-000-capturados-por-el-estado-en-las-protestas
[6] “Estamos listos para votar”, El Nacional/Ramón Escovar León, 15 de septiembre de 2026. Véase en: https://www.elnacional.com/columnas/2026/09/estamos-listos-para-votar/
[7] Ibidem.
[8] “Cuidado con acostumbrarnos con el tema de la tutela. En el país continúa la dictadura, el país sigue sufriendo y solo lo superaremos cuando lo desalojemos del poder de manera total. La captura de Maduro no significa un cambio completo”, declaraciones del dirigente del partido de la Causa R, Andrés Velásquez, 25 de agosto de 2026. Véase en: https://www.instagram.com/reel/DcgcCMhOkDm/
[9] The White House. (2026, 09 de enero). Executive Order 14373: Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People. Federal Register. El decreto centraliza la autoridad de desembolso en el secretario de Estado y protege los fondos de embargos judiciales mediante una declaración de emergencia nacional. Véase en: https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/15/2026-00831/safeguarding-venezuelan-oil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people
[10] Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia n.º 337, expediente AA30-P-2023-000329, 5 de octubre de 2023. Véase en: https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2023/10/SCP-nro.-0337-05-10-2023.pdf
[11] “Jorge Rodríguez propone retiro de nacionalidad a «cabecillas» del robo de CITGO”, Globovisión, 02 de diciembre de 2015. Véase en: https://www.globovision.com/nacional/48653/jorge-rodriguez-exhorta-al-ejecutivo-retiro-de-nacionalidad-a-responsables-del-robo-de-citgo
[12] “Henry Alviárez afirmó que la mesa de negociación entre la AN2015 y el Gobierno es ilegítima”, Polianalitica, 15 de agosto de 2026. Véase en: https://www.polianalitica.com/nacionales/5774/henry-alviarez-afirmo-que-la-mesa-de-negociacion-entre-la-an2015-y-el-gobierno-es-ilegitima
[13] “Venezolanos ven en la mesa de negociación un camino para cambiar el país, según encuesta”, El Nacional, 27 de agosto de 2026. Véase en: https://www.elnacional.com/2026/08/venezolanos-ven-en-la-mesa-de-negociacion-un-camino-para-cambiar-el-pais-segun-encuesta/
[14] Meganálisis, Encuesta Verdad Venezuela, agosto de 2026. Encuesta realizada entre el 24 y el 31 de agosto de 2026, con una muestra de 1.129 personas y un error muestral de ±2,92 %. Ante la pregunta sobre si confiaban en que la nueva mesa de diálogo, encabezada por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, estaba trabajando por el pronto bienestar de la mayoría de los venezolanos, el 82,4 % respondió negativamente. Véase en: https://drive.google.com/file/d/1h_1SuUtipmB7tkBWEAB10wtuB4CNR7bQ/view
[15] Comunicado oficial de María Corina Machado y Edmundo González a los venezolanos y la comunidad internacional, 26 de julio de 2026. Véase en: https://x.com/MariaCorinaYA/status/2081484734002020568/photo/1
[16] “Venezuela Sanctions Relief: Expiration of General License 44”, U.S. Department of State, 17 de abril de 2024. Véase en: https://2021-2025.state.gov/venezuela-sanctions-relief-expiration-of-general-license-44/?safe=1
[17] “Niegan amnistía a seis sindicalistas y al coordinador nacional de Vente Venezuela”, Correo del Caroní, 18 de marzo de 2026. Véase en: https://correodelcaroni.com/pais-politico/niegan-amnistia-a-seis-sindicalistas-y-al-coordinador-nacional-de-vente-venezuela/
[18] “ONG le aclara a Marco Rubio: El Helicoide no ha sido cerrado”, Efecto Cocuyo, 02 de junio de 2026. Véase en: https://efectococuyo.com/la-humanidad/ong-venezolana-le-aclara-a-marco-rubio-el-helicoide-no-ha-sido-cerrado/
[19] Aguilar, Ramón A. “Venezuela: Trump, Tutelaje Constituyente y Transición”, Conciencia es Dignidad, 30 de enero de 2026. Véase en: https://concienciaesdignidad.org/la-transicion-venezolana-como-cuando-con-quienes-y-hacia-donde-se-dirige-el-proceso/
[20] Foro Penal, La represión en cifras, actualización al 14 de septiembre de 2026. La organización contabilizó 344 presos políticos en Venezuela, de los cuales 153 habían sido condenados y 191 permanecían sin condena. Véase en: https://foropenal.com/represion-en-cifras
[21] “Aplicación selectiva y discrecional de la Ley de Amnistía mantiene a 477 presos políticos en Venezuela: denuncian exclusión de opositores y militares”, El Tiempo, 23 de abril de 2026. Véase en: https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/aplicacion-selectiva-y-discrecional-de-la-ley-de-amnistia-mantiene-a-477-presos-politicos-en-venezuela-denuncian-exclusion-de-opositores-y-militares-3549705
[22] “Dinorah Figuera recibe denuncia de traslados irregulares de presos por motivos políticos en El Rodeo I”, Yaracuy al día, 03 de septiembre de 2026. Véase en: https://yaracuyaldia.com/venezuela/dinorah-figuera-recibe-denuncia-de-traslados-irregulares-de-presos-por-motivos-politicos-en-el-rodeo-i/
[23] “Laura Dogu oficializa el plan de Estados Unidos para hacer una Venezuela ‘amigable, estable, próspera y democrática’: estas son las tres etapas”, El Tiempo, 03 de febrero de 2026. Véase en: https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/laura-dogu-oficializa-el-plan-de-estados-unidos-para-hacer-una-venezuela-amigable-estable-prospera-y-democratica-estas-son-las-tres-etapas-3529315
[24] “Delegación de la AN 2015 llegó a Venezuela para participar en un nuevo ciclo de diálogo”, El Diario, 14 de septiembre de 2026. Véase en: https://eldiario.com/2026/09/14/dialogo-an-2015-venezuela/
[25] “TSJ ordena al Consejo Nacional Electoral suspender totalización de votos en Barinas”, Efecto Cocuyo, 29 de noviembre de 2021. Véase en: https://efectococuyo.com/politica/tsj-ordena-consejo-nacional-electoral-suspender-totalizacion-votos-barinas