Por: Equipo de redacción de Conciencia es Dignidad
El miércoles 16 de septiembre circuló en la red social X un comunicado firmado por Oliver Blanco mediante el que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática recomendó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, eliminar las restricciones contra los medios digitales bloqueados en el país. Al día siguiente, Conatel formalizó la instrucción y varios proveedores —CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Net Uno— restablecieron el acceso a al menos diez portales, entre ellos EFE, Efecto Cocuyo, El Pitazo y la revista Semana.[1] No obstante, se trató de un desbloqueo parcial: de los 202 dominios que, según el monitoreo de VE Sin Filtro y Conexión Segura y Libre reportado por NTN24, permanecían bloqueados en el país, solo una fracción quedó habilitada.[2]
¿Quién anuncia, y con qué autoridad?
La acción proviene del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática —un mecanismo de diálogo político instalado por Delcy Rodríguez el 23 de enero de 2026, sin autonomía institucional propia, cuyas conclusiones llegan a la presidenta como mera recomendación—, que planteó el desbloqueo, y la ejecuta Conatel, el organismo con competencia legal en telecomunicaciones. Quien la anuncia, sin embargo, es Oliver Blanco, viceministro primero de Relaciones Exteriores y viceministro para Europa y Norteamérica, no obstante carecer de competencia alguna en la materia.[3] Ese es un dato relevante: que el anuncio salga de la Cancillería y no del propio regulador, pese a que quien lo emite no tiene atribución sobre el asunto, dice bastante sobre a quién estaba dirigido en primera instancia.
¿La ley autorizaba los más de 200 bloqueos que se hicieron?
No. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, vigente desde el año 2000, excluye expresamente de su objeto «la regulación del contenido de las transmisiones» (artículo 1)[4], de modo que la norma que en teoría rige a Conatel nunca le concedió una facultad explícita para bloquear contenidos. Los más de 200 bloqueos que llegaron a acumularse en el país, según el monitoreo de VE Sin Filtro, se sostuvieron, en cambio, en atribuciones genéricas sobre nombres de dominio y espectro radioeléctrico, previstas en los artículos 37 y 39 de esa misma ley.
De ahí que Conatel haya operado durante años en una zona gris que activistas como Carlos Correa, director de Espacio Público, han descrito sin rodeos: los bloqueos «se ordenan de oficio, a discreción de Conatel», declaró a EFE, y son «datos que tenemos por la vía extraoficial», ante la ausencia de aviso o base jurídica clara.[5] Ese vacío legal es, precisamente, lo que debería corregirse ahora: sin una reforma que fije garantías y límites claros, nada impide que el mismo margen discrecional que permitió bloquear durante una década se use, en el futuro, para revertir el avance que hoy se celebra.
Hubo, con todo, un intento de cerrar ese vacío. En 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó en segunda discusión una reforma parcial de la ley orientada a despolitizar a Conatel: ratificación parlamentaria de sus directivos, períodos fijos de tres años, incompatibilidades por conflicto de interés.[6] La reforma no llegó a aplicarse nunca; quedó neutralizada por la vía paralela que, en esos mismos años, fue vaciando de competencias a esa Asamblea.
¿Qué dice el informe de la ONU?
Ese mismo miércoles, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su informe anual. Su presidenta, Sofía Macher, fue categórica: «mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible.»[7]
Esa fragilidad, además, no es una advertencia abstracta. La propia Misión ha documentado en sus informes de este mes un patrón de detenciones contra familiares de opositores y de periodistas exiliados, empleado como forma de presión sobre quienes ya escapan al alcance directo del Estado.[8] El mensaje, en este sentido, es directo: que se permita el acceso a una publicación no garantiza que no se persiga después a quienes la comunican.
¿De qué sirve poder comunicar si la ley del odio sigue vigente?
La Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la Constituyente en noviembre de 2017, castiga en su artículo 20 la «incitación al odio» con diez a veinte años de prisión,[9] sobre categorías tan abiertas —»fomentar», «promover» el odio— que la ONU[10], la CIDH[11] y Human Rights Watch[12] la han señalado, una y otra vez, como herramienta de persecución política antes que como protección real contra el discurso de odio.
El propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, admitió el 19 de febrero de 2026 que la ley tuvo «mala utilización y aplicación» y anunció una revisión.[13] Ese mismo mes, el SNTP y el Colegio Nacional de Periodistas pidieron su derogación; la Conferencia Episcopal de Venezuela respaldó eliminarla junto a otras normas que «coartan derechos fundamentales»; y la Unión Europea exigió en un documento que Venezuela la derogara.[14] Siete meses después, al 16 de septiembre, la ley seguía intacta. El SNTP contaba, solo en enero de 2026, al menos 40 periodistas y trabajadores de prensa detenidos o judicializados.[15]
Si bien es cierto que levantar un bloqueo técnico resuelve que el lector entre a la página, no resuelve que un periodista que publique algo incómodo pueda seguir enfrentando hasta veinte años de cárcel por el mismo artículo que ya lleva nueve años sirviendo para eso.
El desbloqueo parcial de dominios es, sin duda, una medida que la prensa venezolana reclamaba desde hace años y que merece reconocerse como tal. Pero conviene no confundir un gesto —ejecutado, además, al margen de los cauces institucionales que le habrían dado peso real, y sobre una ley de telecomunicaciones que nunca autorizó ni prohíbe expresamente lo que hace— con una garantía. Mientras el aparato legal que permite criminalizar la opinión siga en pie, la pregunta que importa no es si un dominio carga o no carga, sino qué le ocurre a quien escribe algo una vez que el dominio ya cargó.
[1]Cooperativa.cl, «Gobierno venezolano levanta las restricciones a sitios web de prensa en medio del diálogo», 17 de septiembre de 2026. Disponible en: https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/venezuela/gobierno-venezolano-levanta-las-restricciones-a-sitios-web-de-prensa-en/2026-09-17/142504.html
[2]NTN24, informe sobre censura digital citando el monitoreo de VE Sin Filtro y Conexión Segura y Libre, septiembre de 2026. Disponible en: https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/desbloqueo-o-cuentagotas-el-desbloqueo-parcial-a-medios-en-venezuela-ordenada-por-el-regimen-651260
[3]El Diario, «Designaron a Oliver Blanco como viceministro primero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional», 24 de julio de 2026. Disponible en: https://eldiario.com/2026/07/24/viceministro-primero-ministerio-relaciones-exteriores-oliver-blanco/
[4]Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela, Publicada en Gaceta Oficial Nº 36.970 de 12 de junio de 2000, y reformada posteriormente, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.610 de 7 de febrero de 2011. Artículos 1, 37 y 39.
[5]Diario de los Andes / EFE, «El bloqueo a medios digitales en Venezuela entorpece el acceso a información», declaraciones de Carlos Correa, director de Espacio Público. Disponible en: https://diariodelosandes.com/el-bloqueo-a-medios-digitales-en-venezuela-entorpece-el-acceso-a-informacion/
[6]TeleSemana, «Venezuela: Asamblea Nacional aprueba reforma a la Ley de Telecomunicaciones y cambios en Conatel», 21 de septiembre de 2016. Disponible en: https://www.telesemana.com/blog/2016/09/21/venezuela-asamblea-nacional-aprueba-reforma-a-la-ley-de-telecomunicaciones-y-cambios-en-conatel/
[7]“En Venezuela ha habido cambios políticos pero “el aparato represivo” permanece intacto, dice Misión de la ONU” CNN en Español, 16 de septiembre de 2026. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2026/09/16/venezuela/cambios-politicos-aparato-represivo-intacto-dice-mision-onu-orix
[8] «Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela: analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU», NTN24, 23 de septiembre de 2025. Disponible en: https://www.ntn24.com/noticias-actualidad/hay-34-colombianos-detenidos-arbitrariamente-en-venezuela-analista-sobre-reciente-informe-de-ddhh-de-la-mision-de-la-onu-581667
[9]Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, 8 de noviembre de 2017, artículo 20.
[10] “ONU exhorta a reformar la Ley contra el Odio para que no vulnere la libertad de expresión”. Instituto, Prensa y Sociedad, de 3 de septiembre de 2024. Disponible en: https://ipysvenezuela.org/2024/09/03/onu-exhorta-a-reformar-la-ley-contra-el-odio-para-que-no-vulnere-la-libertad-de-expresion/
[11] “Relatoría especial para la libertad de expresión manifiesta su grave preocupación por la aprobación de «la ley contra el odio» en Venezuela y sus efectos en la libertad de expresión y de prensa”. Comunicado de Prensa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha 10 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1082&lID=2
[12] “Venezuela: Urge desmantelar el aparato represivo”. Comunicado de Prensa de Human Right Watch, de 18 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2026/02/18/venezuela-urge-desmantelar-el-aparato-represivo
[13]«Parlamento venezolano admite mal uso de Ley contra el odio, que afectó a presos políticos», 19 de febrero de 2026. Swiss Info, 20 de febrero de 2026. Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/parlamento-venezolano-admite-mal-uso-de-ley-contra-el-odio%2C-que-afect%C3%B3-a-presos-pol%C3%ADticos/90971170
[14]«¿Qué establece la Ley contra el Odio y por qué piden su derogación?», 28 de abril de 2026. Disponible en: https://eldiario.com/2026/04/28/ley-contra-el-odio-venezuela/
[15]«El SNTP pidió una reforma del sistema de justicia que ofrezca garantías a la prensa en Venezuela», El Diario, 13 de agosto de 2026. Disponible en: https://eldiario.com/2026/08/13/reforma-justicia-prensa-venezuela/