Por: Hamid Ramos[1]
«No hay peor servidumbre que la de quienes abrazan sus cadenas pensando que así aseguran su sustento.»
-Miguel de Unamuno
La autodeterminación y la soberanía han sido principios vulnerados a lo largo de la historia de Venezuela. Desde el período colonial, distintos esquemas de subordinación menoscabaron la integridad territorial. Muestra de ello son las pérdidas fronterizas sufridas por la República: tanto con Colombia, donde sucesivos laudos lesionaron la delimitación original de 1810; como en la Guayana Esequiba, despojada tras la coacción del imperio británico y potencias anglosajonas.
Esta vulnerabilidad halló espacio en la conducta de diversas cúpulas de poder. El propio Libertador, Simón Bolívar, fue acusado por sus detractores de actuar bajo la órbita de la Corona británica por los empréstitos de la Independencia. Décadas más tarde, Antonio Guzmán Blanco gobernó con comodidad desde París, condescendiendo ante exigencias de potencias extranjeras. En el siglo XX, Juan Vicente Gómez otorgó a las petroleras transnacionales las concesiones más ventajosas y la menor carga fiscal de la región. Recientemente, el chavismo profundizó esta subordinación ante La Habana, graficada en la estampa de Padrino López arrodillado ante Fidel Castro, permitiendo la injerencia cubana en registros, educación, sanidad y seguridad nacional, mientras entregaba soberanía minera y energética a China y Rusia. Semejante capitulación evidencia la disposición de dichas élites para subastar la dignidad nacional con tal de aferrarse al poder.
Sin embargo, existió un lapso en que Venezuela buscó la autonomía. En su breve gobierno de 1948, Rómulo Gallegos estableció el principio del Fifty-Fifty (50/50), asegurando que el Estado recibiera al menos la mitad de las ganancias netas petroleras. Este firme empeño por la soberanía fiscal precipitó el golpe de Estado militar de noviembre de 1948, ejecutado con la complacencia de los intereses corporativos extranjeros.
La restitución democrática de 1959 trajo en Rómulo Betancourt una demostración de patriotismo y firmeza geopolítica. En plena Guerra Fría, denegó ayudas al entonces popular proyecto comunista encabezado por Fidel Castro. Al mismo tiempo, impulsó la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), un cártel de países productores concebido para arrebatar el control de los precios del crudo a las grandes corporaciones angloamericanas y defender los ingresos nacionales al margen de los intereses de Washington. Coherente a su vocación democrática, instauró la Doctrina Betancourt, una directriz de política exterior que rompía nexos diplomáticos y comerciales con cualquier régimen instaurado por la fuerza o cuyo ejercicio se desligara de los principios democráticos.
Sostener ese talante demandaba valor en el contexto latinoamericano. Pocos años antes, en 1954, el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz fue derrocado tras promulgar una reforma agraria que afectaba a la United Fruit Company. Pese a ese antecedente, durante su primer mandato, Carlos Andrés Pérez asumió el riesgo de nacionalizar la industria del hierro y del petróleo entre 1975 y 1976 para tomar el control directo del recurso primario frente a las presiones del mercado internacional.
Entre intenciones truncadas, experimentos fallidos y sobresaltos revolucionarios, nuestra República solo disfrutó de cuatro décadas de verdadera autonomía nacional. Ese lapso de cuarenta años, aun sin estar exento de defectos y contradicciones, representó el período de mayor progreso, libertad, desarrollo institucional y Estado de derecho en toda la historia de Venezuela.
Lamentablemente, la crisis contemporánea sitúa al país ante una frágil realidad donde la sociedad parece confinada a cambiar de señor feudal, esperando que la potencia tutelar de turno resulte más condescendiente que la anterior. Existe hoy el apremiante desafío de liberarnos de una arraigada vocación de colonizados. Si en la Guerra de Independencia Venezuela perdió a un tercio de su población entre el campo de batalla y sus derivaciones, durante el régimen chavista otro tercio ha sido expulsado del país por la degradación de las condiciones de vida.
Ante esta devastación, urge superar la mediocridad de una vocería política carente de representación real y arraigo popular. El país demanda estadistas con la estatura moral y la responsabilidad cívica que encarnaron los Rómulos; líderes convencidos de que el interés nacional debe privilegiarse por encima de cualquier agenda externa, y que la soberanía no se negocia en despachos extranjeros ni se recibe por designación externa, sino que se conquista con la determinación de un pueblo decidido a ser dueño de su destino.
[1] Abogado y psicólogo en el exilio.