El Aissami: El victimario convertido en víctima

También importa que El Aissami haya pedido un juicio oral y público. Esa solicitud no es un detalle procesal menor. Si el caso involucra corrupción, recursos públicos, poder político y disputas internas del oficialismo, los venezolanos tienen derecho a ver cómo se juzga. No obstante, el proceso avanzó hacia audiencias telemáticas y, con ello, más restringidas. En un caso así, la forma también habla: la publicidad permite ver; la opacidad permite administrar el relato.

En las audiencias recientes, las defensas plantearon nulidades por torturas, extorsión y graves violaciones al debido proceso durante la investigación. La jueza desestimó esos planteamientos. El Ministerio Público sostuvo que los vicios denunciados estaban convalidados y alegó desconocer denuncias formales sobre violaciones de derechos humanos. Acusaciones de enorme gravedad quedaron así cerradas procesalmente, sin investigación independiente conocida, sin respuesta. Convalidar torturas es que el sistema absuelve sus propios métodos y carga sobre sus hombros una responsabilidad que las instancias   internacionales no debe perdona.

Lo que El Aissami dice haber sufrido no es nuevo ni una excepción en Venezuela. Es un repertorio conocido: incomunicación, defensa debilitada, opacidad, prisión como instrumento de presión, denuncias de abuso tratadas como obstáculos procesales, falta de atención médica La diferencia está en quién lo cuenta. Ya no es un preso anónimo, ni un opositor sin poder, ni una familia que clama desde afuera. Es un antiguo hombre fuerte del propio Estado. El a diferencia de Víctor Quero puede denunciar.

Y ahí el caso se ensancha. En las cárceles y centros de detención venezolanos no están solo los nombres que llegan a los titulares. Están los pobres, los desconocidos, los que no tienen abogado influyente, los que no pueden convertir su expediente en noticia. Para ellos, el retardo procesal, la prisión preventiva indefinida, la defensa endeble no son episodios extraordinarios: son la rutina.

Una cifra del propio discurso oficial ayuda a dimensionar esa realidad. Durante la apertura del año judicial de 2026, Delcy Rodríguez afirmó que el 68,8 % de las personas privadas de libertad pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos, y habló de la necesidad de enfrentar la “criminalización de la pobreza”. La frase vale precisamente porque vino de adentro: reconoce, desde el gobierno, que el sistema penal no golpea a todos por igual. Golpea con más fuerza a quienes tienen menos recursos, menos voz y menos herramientas para resistir.

El victimario convertido en víctima no deja de ser un posible victimario por denunciar abusos. Quien hoy describe con detalle la incomunicación, el aislamiento y la tortura fue parte del poder que construyó y sostuvo ese sistema. No lo frenó, no lo cuestionó, por el contrario, lo ejerció como instrumento para que el régimen permaneciera en el poder, y sus denuncias de hoy, aunque útiles para documentar, no borran esa responsabilidad.

Y es que concretamente se trata de preguntarse si un sistema que escoge qué investigar, deja sin respuesta graves señalamientos internacionales, restringe la publicidad del juicio y desestima denuncias de tortura puede producir justicia. Si la respuesta es no -y hay razones para que lo sea- entonces este caso no habla solo de El Aissami. Habla de los más de 55.000 personas privadas de libertad en Venezuela hoy, la mayoría sin nombre conocido, con causas donde se viola el debido proceso, con encarcelaciones que quizás nadie conoce, con condiciones de reclusión contrarias a la dignidad humana. Y habla de algo más amplio todavía: de una población entera expuesta a un sistema sin límites claros, sin garantías reales y sin respeto efectivo a los derechos. Un sistema que no es una anomalía ni un residuo del pasado, sino una estructura activa, capaz de alcanzar a cualquiera.