La nacionalidad es un derecho humano fundamental que vincula al individuo con el Estado, dándole un sentido de pertenencia y derecho a la protección estatal. Confiere a determinadas personas derechos políticos y señala sus deberes militares; los habilita para desempeñar funciones públicas, obtener pasaporte y protección diplomática, retornar al país y; en caso de indigencia, ser repatriado por el Estado. Pero, así como genera el disfrute de derechos también impone obligaciones y deberes que la persona debe cumplir frente al Estado. Es decir, implica responsabilidades para ambas partes.
Su relevancia es tal que todos tenemos derecho a adquirir, cambiar y mantener una nacionalidad, y así ha sido reconocido internacionalmente por instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 15)la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIX), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 20) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 7 y 8).
El derecho internacional ha estipulado que los Estados tienen la facultad de determinar las regulaciones relativas a la adquisición, la renuncia y la pérdida de la nacionalidad de acuerdo con sus obligaciones internacionales, en particular en la esfera de los derechos humanos.
No obstante, en la práctica hay casos en los que regímenes autoritarios se han valido de la ley como arma política para arrebatarle la nacionalidad a sus connacionales, acusándolos de delitos graves como terrorismo, traición o espionaje, dejándolos en condición de apátridas; impidiéndoles la satisfacción de derechos fundamentales como la seguridad, la salud y la educación; y forzándolos al exilio.
El caso nicaragüense
En Nicaragua, Daniel Ortega, quien gobierna el país desde 2007, ha implementado medidas arbitrarias y represivas para mantenerse en el poder. Por ello, miles de ciudadanos han tenido que exiliarse a causa de persecuciones y represalias que van desde la desaparición forzada hasta el despojo de la nacionalidad.
En 2023, por medio de una serie de medidas administrativas y judiciales, el gobierno de Ortega le revocó la nacionalidad a cientos de opositores, al ser declarados culpables de los cargos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Y en 2025, tras una la reforma que modificó 95% del texto constitucional y que concentró el poder en la Presidencia de la República, se aprobó una disposición que estable que los nicaragüenses de nacimiento perderían su nacionalidad al adquirir otra.
Según datos de la declaracique,de ACNUR sobre la privación arbitraria de la nacionalidad por parte de Nicaragua, entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, 452 personas fueron privadas de su nacionalidad por orden judicial (de las cuales solo una permanece en el país) y otras sin proceso legal alguno; a algunos nicaragüenses en el extranjero se les denegó la solicitud renovación del pasaporte o el acceso a otros documentos oficiales, convirtiéndolos en apátridas “de facto” e impidiéndoles reconstruir sus vidas en el extranjero; mientras que entre junio de 2024 y junio de 2025, se documentaron 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin recurso legal.
Venezuela y sus intentos por transgredir el derecho a la nacionalidad
Tras una escalada represiva y de limitación de derechos fundamentales, en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ha usado distintos mecanismos para neutralizar a sus opositores. Los métodos han ido desde la censura hasta detenciones arbitrarias con uso de tortura, encarcelamiento y ejecuciones extrajudiciales. Luego de las elecciones presidenciales de 2024, y ante las denuncias de fraude de los resultados electorales, el régimen anuló pasaportes de abogados, periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.
En 2025, ante la tensa situación que sufre el país tras la operación contra el narcotráfico emprendida por EEUU y el despliegue de militares norteamericanos en aguas del mar Caribe, el régimen de Maduro ha amenazado con despojar de su nacionalidad a cualquier ciudadano que, según ellos, incite acciones internacionales contra el gobierno.
A pesar de que la Constitución venezolana establece que los venezolanos por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad -aunque sí los venezolanos por naturalización, por sentencia judicial -(artículo 35), el régimen, siguiendo los pasos de Nicaragua, ha iniciado procedimientos para privar de la nacionalidad venezolana a opositores con doble nacionalidad, acusándolos de supuestos delitos de traición a la patria.
Uno de los casos más resonados ha sido el de Leopoldo López, conocido opositor venezolano en el exilio (desde 2020), que por unas declaraciones hechas a los medios de comunicación españoles (donde reside) acerca de la operación militar norteamericana, le fue anulado el pasaporte y se le abrió un proceso judicial ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para arrebatarle la nacionalidad venezolana. Lo acusan de traición a la patria, por supuestamente incitar y estar a favor de acciones internacionales que promueven el bloqueo económico e incitan a la violencia contra la población venezolana en colaboración con gobiernos y actores extranjeros.
Lo mismo ha ocurrido con Yon Goicochea, otro opositor venezolano exiliado en España, tras declaraciones en las que supuestamente apoyó la intervención militar extranjera.
El basamento jurídico del gobierno para emprender estas medidas ha sido el artículo 130 de las Constitución venezolana, que establece la obligación de los ciudadanos de defender la patria, sus símbolos, la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales. Sin embargo, numerosas ONGs venezolanas y organizaciones internacionales de derechos humanos se han pronunciado en contra de esta práctica. Uno de ellos ha sido el Laboratorio de Paz, que ha manifestado su rechazo a esta flagrante violación tanto de la Constitución como de las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos, representando un nuevo intento de criminalizar la disidencia y castigar el ejercicio de la oposición política.
López y Goicochea serían los primeros ciudadanos nacidos en Venezuela a los que el régimen privaría de su identidad nacional, convirtiéndose en un peligroso precedente para nuevas acciones de este tipo.
Aunque ahora la violación de los derechos humanos de los venezolanos por temas de nacionalidad se hace más evidente, no se puede soslayar la circunstancia de que, desde 2019, cuando más de 50 países desconocieron la autoridad de Maduro y dejaron de funcionar las sedes consulares, el régimen ha dejado de emitir documentos de identidad en el extranjero, por lo que muchos venezolanos de facto se han visto privados de su identificación y ciudadanía, afectando su capacidad de vivir dignamente, aún en otros países.
A manera de reflexión
La nacionalidad constituye un elemento fundamental para la seguridad del individuo, ya que, además de conferir a la persona un cierto sentido de pertenencia e identidad, le otorga el derecho a disfrutar de la protección del Estado y le aporta un fundamento legal para el ejercicio de diversos derechos civiles y políticos.
El hecho de que gobiernos autoritarios abusen de su autoridad, con la complicidad de cortes y tribunales celestinas, para privar a sus ciudadanos de origen del derecho a la nacionalidad no tiene justificación. El derecho internacional de los derechos humanos no reposa en la nacionalidad de la persona, sino en la dignidad inherente a todos los seres humanos.
Arrebatar la nacionalidad como retaliación política implica el despojo de la identidad y el menoscabo en el ejercicio de ciertos derechos básicos de la persona, como el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al trabajo, a la propiedad, a la libre circulación, al ejercicio de otros derechos civiles y políticos, y, en última medida, a recibir asistencia y representación a nivel internacional. Muchas personas se han visto forzadas a huir de su hogar a causa de la persecución o discriminación de que son objeto, y a otras se les ha impedido el derecho de volver a éste, y convertirse en apátridas; porque carecer de nacionalidad implica, en definitiva, afecta la posibilidad de ser reconocido jurídicamente como individuo dentro de la comunidad internacional actual, formada por Naciones-Estados, violando sus derechos humanos fundamentales.
Si bien los Estados pueden determinar a su discreción las normas de acceso a la nacionalidad, estos deben cumplir con los principios del derecho internacional; y velar por que se incorporen a su legislación nacional salvaguardias amplias para prevenir la apatridia.
FUENTES:
- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
- Convención de los Derechos del Niño
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (España)
- Oficina del ACNUDH . El ACNUDH y el derecho a la nacionalidad.
- Oficina del ACNUDH. Repercusiones de la privación arbitraria de la nacionalidad en el disfrute de los derechos de los niños afectados, y leyes y prácticas vigentes en materia de accesibilidad de los niños a la adquisición de la nacionalidad, entre otros, del país en el que han nacido, si de otro modo serían apátridas (2015).
- Oficina del ACNUDH. Nicaragua: concentración de poder y negación de derechos. 06 de octubre de 2025
- Oficina del ACNUDH. Nicaragua: Expertos de la ONU advierten sobre represión creciente que traspasa las fronteras. 23 de septiembre de 2025.
- ACNUR. Nacionalidad y apatridia. Rol del ACNUR (1998).
- ACNUR. Declaración de ACNUR sobre la privación arbitraria de la nacionalidad por parte de Nicaragua, 17 de febrero de 2023.
- France24. Nicaragua aprueba retirar la nacionalidad a los nicaragüenses que adquieran otra ciudadanía. 17 de mayo de 2025.
- El Confidencial. Venezuela quita el pasaporte a Leopoldo López y abre un proceso judicial para retirarle la nacionalidad. 25 de octubre de 2025
- Laboratorio de Paz. Comunicado: Privación de nacionalidad no puede ser usada como instrumento de persecución política.
- El Mundo (España). Maduro pide quitar nacionalidad a quien “se sume” a una invasión extranjera en Venezuela. 30 de octubre de 2025.
- Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos. 23 de septiembre de 2025.
- New York Times. Seré nicaragüense hasta el día que me muera’: el gobierno de Ortega retira la ciudadanía a cientos de personas. Alan Yuhas. 17 de febrero de 2023.
- Europa Press. El Gobierno venezolano pide retirar la nacionalidad a otro opositor, Yon Goicoechea, 02 de noviembre de 2025.
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