Prof. Ramón Alfredo Aguilar[1]
Dolor, frustración, angustia, miedo… son muchas las reacciones y sentimientos surgidos y padecidos a raíz del doble terremoto acaecido en Venezuela, con mayor severidad en Caracas y La Guaira. La devastación, muertes y daños producidos en esta ciudad costera, nuestras playas de paseos infantiles, juveniles, o familiares, ha sido documentada por los propios afectados y cientos de voluntarios a través de dolorosas imágenes y videos subidos a redes sociales y transmitidos en tiempo real de móvil a móvil gracias a la tecnología. Dando a conocer al mundo dos caras trágicas de la misma moneda, por un lado, los graves daños y la incapacidad de quienes ostentan el “gobierno”, y contrapuestamente, por el otro, la dignidad, fortaleza y solidaridad de una ciudadanía empática que, literalmente, removió toneladas de escombros y salvó vidas “con sus manos”.
Resultan muchas -demasiadas- las carencias, negligencias, falta de previsión, y ausencia de planes y organismos de prevención y de contingencia por parte de quienes supuestamente gobiernan[2], amén de su responsabilidad por el previo descontrol en el levantamiento de edificaciones públicas y privadas que no soportaron el embate sísmico, aparentemente por no haber considerado las variables urbanísticas y de seguridad estructural requeridas, especialmente después de la tragedia de la misma zona en 1999. También brilló por su ausencia la fuerza armada nacional (así, en minúsculas) y resaltó la actuación descoordinada y obstructiva de los pocos organismos policiales que se apersonaron tardíamente, para ser captados videográficamente robando enseres, electrodomésticos o saqueando locales comerciales. Posiblemente estamos en presencia de graves delitos de homicidios, lesiones u omisión de socorro, cometidos por los responsables gubernamentales con “dolo eventual”, o con negligencia criminal, como dicen los anglosajones.
En contrapeso, la acción determinada de la población civil, local y foránea, que mostró su humanidad y civismo, levantando escombros, socorriendo a los lesionados y acopiando ayuda para los enfermos y damnificados, dentro y fuera del país. Entre esos actos de heroicidad, empatía y pronta resiliencia, hay eventos que llaman sobradamente la atención y son dignos de análisis, como las diversas situaciones en las que agentes policiales armados y uniformados fueron sorprendidos sobre o entre escombros, intentando robar dinero en efectivo (dólares) conseguidos entre las ruinas. Lo que sorprende, por supuesto, no es la impúdica felonía de los uniformados, ni su falta de humanidad, ni la consumación pública de un delito agravado por estarse “aprovechando de las facilidades que le ofrecían algún desastre, calamidad, perturbación pública o las desgracias particulares del hurtado” cometiendo el delito de “hurto calificado” sancionado con pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años por el Código Penal venezolano (art. 453.2). El rapaz latrocinio propio de un Estado devenido en cleptocrático, lamentablemente, es la constante y lo “normal” en Venezuela.
Lo que es realmente sorprendente, esperanzador y harto demostrativo de la calidad del gentilicio venezolano, su sentido de la ética y de la moral, son esas mismas imágenes y videos que muestran en varias ocasiones y lugares diferentes a una población indignada, rodeando y encarando a los funcionarios policiales que pretendían “llevarse la evidencia” (no se sabe de qué, distinto a su propio crimen), exigiéndoles y obligándolos a romper los billetes que representaban cientos o miles de dólares encontrados dentro de los escombros de viviendas destruidas, seguramente pertenecientes a víctimas fallecidas. Una población hambrienta, golpeada material y psicológicamente por el terremoto y sus consecuencias, y sin duda, carente de recursos económicos, interpelando, confrontando y obligando al “vil egoísmo” para que destruyera públicamente unas divisas, que bien (o mal) podían haberse repartido entre los presentes o ser destinadas para ayudar a las víctimas.
Al contrario, el “botín” mal habido fue protegido de los ladrones uniformados y al tiempo, repudiado y destruido por los grupos ciudadanos ¡Fuenteovejuna, señor! Como si rompiendo los billetes se hiciera justicia, o cuando menos, pudiera reivindicarse que la dignidad y la humanidad no tienen precio, ni se negocian en la adversidad por el miedo o la necesidad. Los ciudadanos, entre los que sobresalían las voces y la autoridad femeninas, a diferencia de los funcionarios, demostraron que no usufructúan la carroña, el dolor o la desgracia ajena. Reviviendo ante los ojos del mundo la enseñanza bíblica (Proverbios 10:2): “El dinero mal habido no aprovecha; ser solidario salva de la muerte”, cada uno de los ciudadanos presentes se salvaron de la muerte, de la física, de la ética, de la moral.
El país requiere reconstrucción estructural, institucional, democrática y también moral. Romper los billetes despreciando el dinero mal habido encierra un claro mensaje, los venezolanos pensamos y actuamos distinto a quienes detentan el poder y seudo gobiernan, no necesitamos escarbar los despojos y miserias de un país en ruina para salvarnos. También, puede ser un recordatorio a la autoridad tutelar de EE. UU, para que entienda que la estabilidad económica es esencial, pero la reinstitucionalización y devolución de la soberanía a los ciudadanos lucen prioritarias.
[1] Abogado acreditado en Venezuela y Colombia. Especialista en Derecho Procesal (UCV) y en Derecho del Trabajo (Universidad Católica Andrés Bello), Magister en Arbitraje Internacional (Universidad Internacional de la Rioja -UNIR), Doctorando en Derecho (UCV). Profesor de pregrado y postgrado en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Árbitro del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), Caracas-Venezuela. Miembro de la firma AMS Abogados, Madrid-Reino de España.
[2] Informe de la ONG “Encuentro, Justicia y Perdón”, de fecha 2 de julio de 2026: «el Deber de Proteger [del Estado] es la barrera que separa a la civilización de la barbarie. Filosóficamente, es la justificación del poder. Éticamente, es la obligación de los fuertes frente a los vulnerables. Humanamente, es el acto de amparo que valida nuestra dignidad. Cuando un Estado fracasa de manera contundente en estas tres dimensiones, deja de ser el garante del bienestar público y se convierte en el principal riesgo para la supervivencia de su propia nación».