Por: Carmen E. Alguindigue M.[1]
Resumen
Entre septiembre y noviembre de 2026, varios órganos del Estado venezolano admitieron, de forma expresa o implícita, que el sistema penal se había utilizado al margen de la Constitución y de la ley. La presidenta encargada reconoció que la Ley contra el Odio fue «mal aplicada» e instruyó a los cuerpos de seguridad para que nadie sea detenido sin orden judicial; la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, al reorganizar la jurisdicción antiterrorista, aludió a causas llevadas a juicio sin una correcta calificación jurídica. A ello se suma la Ley de Amnistía, que presupone la existencia de procesos penales vinculados con la persecución polìtica. No se conoce públicamente que esas admisiones hayan dado lugar a investigaciones sobre quienes ordenaron, ejecutaron o convalidaron las actuaciones reconocidas, ni, en caso de existir, cuál es su estado. En continuidad con trabajos anteriores, este artículo describe cada una de esas admisiones, las valora como pasos de aproximación al orden constitucional y examina los límites que comparten: atribuyen los abusos a una aplicación defectuosa, cuando el problema reside también en el diseño de normas como la Ley contra el Odio y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, cuyos tipos penales abiertos hicieron posible esa aplicación; confían la corrección a las mismas estructuras que lo produjeron y colocan a las personas afectadas en la posición de beneficiarias de una decisión estatal. Concluye con cuatro medidas que la garantía de no repetición exige para consolidar esos avances.
Abstract
Between September and November 2026, several organs of the Venezuelan State acknowledged, expressly or implicitly, that the criminal justice system had been used outside the bounds of the Constitution and the law. The acting President admitted that the Law against Hatred had been “misapplied” and instructed the security forces that no one be detained without a judicial warrant; the Plenary Chamber of the Supreme Tribunal of Justice, when reorganising the counter-terrorism jurisdiction, referred to cases brought to trial without a correct legal characterisation. To these must be added the Amnesty Law, which presupposes the existence of criminal proceedings linked to political conflict. It is not publicly known whether these admissions have led to investigations into those who ordered, carried out or validated the conduct acknowledged, nor, should any exist, what their status is. Building on previous work, this article describes each of these admissions, regards them as steps towards the constitutional order and examines the limits they share: they attribute the abuses to faulty application, whereas the problem also lies in the design of laws such as the Law against Hatred and the Organic Law against Organised Crime and Terrorist Financing, whose open-ended criminal provisions made that application possible; they entrust the correction to the same structures that produced the problem; and they place those affected in the position of beneficiaries of a State decision. It concludes with four measures that the guarantee of non-repetition requires in order to consolidate these advances.
Keywords: official admissions; accountability; Law against Hatred; counter-terrorism jurisdiction; amnesty; personal liberty; guarantees of non-repetition; Venezuela.
I. Introducción
El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas a Nicolás Maduro. Ese mismo día, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumir la presidencia de la República con carácter de encargada, y el 5 de enero esta prestó juramento ante la Asamblea Nacional.[2] Desde entonces, el Gobierno ha adoptado medidas presentadas como parte de un proceso de reconciliación: la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, publicada el 19 de febrero; sucesivas excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos, y una Mesa de Diálogo con la Asamblea Nacional electa en 2015, instalada el 6 de agosto, que acordó, entre otras cosas, la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.[3]
En ese contexto, distintos órganos del Estado formularon declaraciones o dictaron actos en los que reconocen, de manera expresa o implícita, que el aparato penal se utilizó al margen de la Constitución y de la ley. En este trabajo se denominan admisiones oficiales. Dos de ellas provienen de la presidenta encargada: la solicitud de reforma de la Ley contra el Odio y la instrucción de no detener a nadie sin orden judicial. La tercera es una resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia sobre la jurisdicción antiterrorista. Las tres se produjeron entre septiembre y noviembre de 2026. La cuarta, anterior en el tiempo, es la Ley de Amnistía, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional a iniciativa de la propia presidenta encargada. Todas ellas constituyen pasos de aproximación al orden constitucional que deben valorarse. Para que se consoliden, sin embargo, conviene advertir un rasgo que comparten: no se conoce públicamente que hayan dado lugar a investigaciones sobre quienes ordenaron, ejecutaron o convalidaron las actuaciones reconocidas, ni, de haberse iniciado alguna, en qué estado se encuentra.
En trabajos anteriores se ha sostenido que retomar el hilo constitucional exige que las instituciones recuperen las funciones para las que fueron concebidas, y que la reconstrucción del sistema de justicia debe ocuparse también del pasado, esclareciendo lo ocurrido y determinando responsabilidades individuales.[4] En esa línea, este artículo describe las cuatro admisiones, examina sus límites comunes y propone las medidas que la garantía de no repetición exige para que esos avances perduren.
II. Cuatro admisiones oficiales
1. La Ley contra el Odio:
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue dictada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, y castiga con diez a veinte años de prisión a quien fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia por distintos motivos, entre ellos la pertenencia política real o presunta. Durante años sirvió de fundamento para procesar a periodistas, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos críticos.[5] Según Foro Penal, desde 2017 se imputó a 927 personas por instigación al odio.[6] El 29 de septiembre de 2026, al pedir a la Asamblea Nacional su reforma parcial, la presidenta encargada reconoció que la ley había sido «mal aplicada» y que se había hecho de ella un uso abusivo.[7] El proyecto aprobado en primera discusión el 3 de noviembre parte de esa misma premisa: sustituye las penas de prisión por sanciones administrativas que impondría el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, conserva conceptos abiertos como el de «hostigamiento» y no regula la situación de las causas abiertas ni de las condenas ya impuestas.[8]
2. La jurisdicción antiterrorista:
Desde 2012, el Tribunal Supremo de Justicia creó, mediante resoluciones propias y sin una ley que regulara su organización, tribunales con competencia especial en terrorismo concentrados en Caracas, ante los cuales se tramitaron numerosas causas contra personas percibidas como opositoras. La Comisión Internacional de Juristas encontró que el 78% de una muestra de 180 sentencias dictadas entre enero de 2015 y junio de 2025 correspondía a delitos no necesariamente vinculados con actos genuinos de terrorismo.[9] Mediante una resolución de 13 de octubre de 2026, la Sala Plena suprimió la competencia nacional de los cuatro juzgados de control especializados y trasladó sus causas a los tribunales penales ordinarios de control de cada estado, con el propósito declarado de evitar dilaciones indebidas y garantizar el debido proceso. En sus considerandos alude a la necesidad de impedir que lleguen a juicio causas sin una correcta calificación jurídica, lo que supone admitir que eso ocurría. Los tribunales de juicio y las cortes de apelaciones especializados siguen, no obstante, en Caracas, y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo no ha sido modificada.[10]
La ejecución de la medida ha producido, además, efectos contrarios a su finalidad. Las causas se repartieron entre más de setecientos juzgados de control, y abogados defensores han señalado que no se ubican los expedientes ni las peticiones presentadas antes de la resolución, que no está claro ante qué tribunal deben solicitarse las amnistías y que personas con órdenes de aprehensión dictadas por los juzgados suprimidos desconocen dónde se encuentra su causa; hay familiares de detenidos que llevan semanas esperando una nueva audiencia.[11] Una reorganización justificada en el debido proceso ha terminado, en lo inmediato, por dificultar el acceso a la amnistía y el ejercicio de la defensa.
3. La instrucción de no detener sin orden judicial
El 29 de octubre de 2026 la presidenta encargada anunció que había instruido a los cuerpos de seguridad para que nadie sea detenido sin orden judicial, salvo en flagrancia.[12] Se trata de una exigencia que la Constitución ya contiene, declara inviolable la libertad personal y la rodea de garantías precisas: nadie puede ser arrestado o detenido sino en virtud de una orden judicial, salvo que sea sorprendido in fraganti, en cuyo caso debe ser llevado ante una autoridad judicial en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas; la persona debe ser juzgada en libertad, salvo las excepciones previstas en la ley; tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares y su abogado; la autoridad debe llevar un registro público de toda detención y quien la ejecuta está obligado a identificarse; y nadie puede continuar detenido después de dictada la orden de excarcelación. La Constitución prohíbe además la desaparición forzada, protege la integridad de la persona privada de libertad y garantiza el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.[13] El Código Orgánico Procesal Penal desarrolla esas garantías y determina cuándo procede la privación de libertad, consagra como regla la afirmación y el estado de libertad y ordena interpretar restrictivamente las disposiciones que la limitan; define la flagrancia y regula la presentación del aprehendido ante el Ministerio Público y el juez de control; y reserva a este, a solicitud del Ministerio Público y siempre que concurran los requisitos legales, la privación judicial preventiva de libertad, incluida la aprehensión que solo en casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia puede autorizar por cualquier medio idóneo.[14] Por esa razón, Foro Penal recordó que la instrucción reitera lo que la Constitución ya ordena, y PROVEA pidió que se investigue a quienes han practicado detenciones arbitrarias.[15] La instrucción presupone que esas detenciones se producían, pero, por sí sola, no corrige la práctica judicial que las convalidó y que sigue vigente. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos dedicó en 2021 un informe al papel del sistema de justicia en la persecución de personas percibidas como opositoras, y en mayo de 2025 registró al menos veinte casos en los que los tribunales no recibieron, rechazaron o ignoraron solicitudes de habeas corpus; Acceso a la Justicia, por su parte, examinó 207 sentencias del Tribunal Supremo dictadas entre 2021 y 2023 en esa materia y encontró una sola orden de excarcelación.[16] Su eficacia requiere, además, jueces de control que examinen la legalidad de cada aprehensión, fiscales que ejerzan la acción penal contra quienes detengan arbitrariamente y cuerpos policiales sometidos a control; requiere, en suma, un sistema de justicia independiente.
4. La Ley de Amnistía:
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática presupone, por su propio objeto, que miles de personas fueron sometidas a procesos penales vinculados con la conflictividad política, y en ese sentido constituye también una admisión. En un seguimiento anterior se mostró que en abril de 2026, frente a 8.616 «beneficiados» anunciados, las excarcelaciones efectivas eran 314, y que cerca del 70% de las excarcelaciones se había producido bajo medidas sustitutivas que mantienen abiertas las causas.[17] Las cifras de quienes siguen detenidos tampoco coinciden: Foro Penal contabilizaba 322 presos políticos al 5 de octubre; Justicia, Encuentro y Perdón, al menos 406 a comienzos de noviembre, y la Plataforma Unitaria Democrática, más de 393 el 8 de noviembre, con solo 27 excarcelaciones verificadas desde el 26 de septiembre. No existe un registro oficial con el cual contrastarlas.[18]
III. Límites comunes de las admisiones
Las cuatro admisiones comparten tres límites que, de no corregirse, podrían restarles eficacia como garantía de no repetición.
1. Se reconoce la aplicación, no el diseño de las normas:
En todos los casos el reconocimiento se formula en términos de aplicación: la ley fue mal aplicada, las causas se calificaron incorrectamente, hubo detenciones sin orden. Esa formulación deja a salvo las normas que hicieron posible el abuso, cuando el problema no reside solo en cómo se aplicaron, sino en cómo fueron diseñadas. En la Ley contra el Odio, verbos como «fomentar» o «promover», unidos a un concepto indeterminado de odio y a penas de diez a veinte años de prisión, son difíciles de conciliar con las exigencias de legalidad estricta, taxatividad y lesividad, como se sostuvo en un trabajo publicado en septiembre.[19] En la legislación antiterrorista, la amplitud de las definiciones de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo permitió llevar a esa jurisdicción casos ajenos al terrorismo propiamente dicho, y la Comisión Internacional de Juristas ha recomendado derogar o modificar la ley para establecer definiciones precisas y restrictivas.[20] En septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos advirtió que las estructuras responsables de la represión permanecían esencialmente intactas y que seguían vigentes las leyes utilizadas para criminalizar la disidencia, y el 28 de octubre la CIDH y su Relatoría Especial reiteraron la petición de derogar la Ley contra el Odio.[21] Mientras el problema se atribuya solo a la aplicación, la corrección alcanzará a quienes aplican las normas y dejará intactos los tipos penales que la permitieron. Por eso, la garantía de no repetición exige derogar la Ley contra el Odio y revisar la legislación antiterrorista, y no solo corregir su aplicación.
El término «abuso» tiene, además, un efecto propio, porque presenta como desviación ocasional lo que operó como práctica. Zaffaroni, Alagia y Slokar denominan sistema penal subterráneo al conjunto de prácticas punitivas que las propias agencias del sistema ejercen al margen de la legalidad.[22] Cuando prácticas de ese tipo han sido reiteradas, conocidas y documentadas durante años, calificarlas de abusos sin que conste su investigación termina por tolerarlas.
2. La corrección queda en manos de las mismas estructuras:
El segundo límite consiste en que la corrección queda a cargo de las mismas instancias que produjeron el problema. La potestad sancionadora prevista en la reforma pasaría al ministerio del que dependen los cuerpos de seguridad; la jurisdicción antiterrorista la reorganiza el tribunal que la creó; las detenciones arbitrarias se pretenden corregir con una instrucción dirigida a los mismos cuerpos que las practicaron, y la amnistía, la revisión de las causas y las absoluciones las deciden tribunales con las mismas carencias de independencia y de carrera judicial que aquellos que dictaron o mantuvieron las órdenes de detención que ahora se modifican o dejan sin efecto. Solo en 2025, la Comisión Judicial designó 764 jueces sin concurso público de oposición, y la Sala Plena aprobó normas que la facultan para cesar de inmediato y sin motivación a los jueces no titulares.[23] En trabajos anteriores se ha insistido en que la renovación del Tribunal Supremo, con ser necesaria, no bastará si no va acompañada de una reconstrucción integral del sistema de justicia y de mecanismos independientes que esclarezcan las violaciones vinculadas a su uso desviado.[24] El baremo aprobado el 2 de noviembre por el Comité de Postulaciones Judiciales para evaluar a los aspirantes a magistrados ilustra la dificultad. Asigna 0,8 puntos por cada año de servicio en el sistema de justicia, hasta un máximo de doce, y tres puntos por haber sido juez superior, sin ponderar la calidad del desempeño, la probidad ni la independencia demostrada, y concede un punto por haber superado un concurso de oposición sin exigir que haya sido público, en un país donde no se celebran concursos públicos para ingresar a la judicatura desde 2003. Acceso a la Justicia advirtió que ese diseño corre el riesgo de privilegiar la permanencia en determinados cargos sobre la idoneidad y la trayectoria independiente.[25] Sin un control independiente, la corrección queda sujeta al mismo margen de discrecionalidad que permitió el abuso.
3. Las personas afectadas como beneficiarias de una decisión estatal:
El tercer límite se refiere a la posición que se asigna a las personas afectadas, y exige distinguir dos situaciones. Quienes obtuvieron la amnistía tienen a su favor la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa.[26] El proceso termina, pero el sobreseimiento se funda en la extinción de la acción penal y no en la inexistencia del hecho o en su atipicidad, de modo que la persona queda libre de la causa sin una declaración judicial que reconozca que fue perseguida por una conducta lícita.[27] Distinta es la situación de quienes fueron excarcelados al margen de la amnistía, bajo medidas cautelares sustitutivas: su causa sigue abierta, la medida puede revocarse y su libertad continúa dependiendo de los mismos órganos que ordenaron la detención. Ya en marzo se advirtió que una amnistía legítima es un acto de justicia y no de clemencia, y en agosto y septiembre se constató que buena parte de las excarcelaciones carecía de un fundamento jurídico identificable.[28] Cuando la conducta atribuida nunca fue delictiva, lo que corresponde es el sobreseimiento por inexistencia del delito, que, a diferencia de la amnistía, deja constancia de que la conducta nunca fue punible. El caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel lo ilustra: detenida en febrero de 2024 y excarcelada el 8 de enero de 2026 bajo una medida cautelar sustitutiva, fue absuelta el 1 de octubre de 2026, después de casi dos años de prisión. La absolución puso fin al proceso, pero no se conoce que se haya examinado quién ordenó su detención ni con qué pruebas se sostuvo, ni que se haya dispuesto reparación alguna por los años de prisión.[29]
IV. Lo que la garantía de no repetición exige
El reconocimiento de los abusos tiene valor, porque puede contribuir a establecer lo ocurrido y servir de punto de partida para la reparación. Para que funcione como garantía de no repetición, sin embargo, debe ir acompañado del cumplimiento del deber de investigar. La Constitución obliga al Estado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, y establece la responsabilidad de los funcionarios que ordenen o ejecuten actos violatorios de derechos, sin que puedan excusarse en órdenes superiores.[30] Desde el caso Velásquez Rodríguez, la Corte Interamericana exige que la investigación se emprenda con seriedad y no como una simple formalidad, y el Conjunto de principios contra la impunidad vincula ese deber con las garantías de no repetición, entre ellas la reforma de las leyes e instituciones que contribuyen a la impunidad.[31] La propia Ley de Amnistía declara entre sus finalidades prevenir que los hechos objeto de la amnistía o similares vuelvan a repetirse, y excluye de su ámbito las violaciones graves de derechos humanos, de modo que no alcanza a quienes las hayan cometido.[32]
V. Conclusión
Las cuatro admisiones oficiales examinadas, esto es, el reconocimiento del uso abusivo de la Ley contra el Odio, el considerando de la resolución de la Sala Plena sobre la jurisdicción antiterrorista, la instrucción del 29 de octubre y la propia Ley de Amnistía, son pasos en la dirección correcta. La garantía de no repetición exige que vayan seguidos de decisiones verificables, y al menos cuatro parecen indispensables. La primera es depurar el ordenamiento, derogando la Ley contra el Odio con un régimen claro para las causas abiertas y las condenas impuestas, como se propuso en septiembre a la Asamblea Nacional electa en 2015, revisando la legislación antiterrorista y asegurando el control judicial efectivo de toda detención, incluido el habeas corpus.[33] La segunda es investigar con independencia a quienes ordenaron, ejecutaron o convalidaron las detenciones, con las mismas garantías de debido proceso cuya violación se reprocha, lo que requiere jueces y fiscales independientes. La tercera es publicar información oficial, empezando por una lista verificable de las personas detenidas por motivos políticos y del fundamento jurídico de cada excarcelación. La cuarta es proteger a quienes denuncian, sean víctimas o testigos, sin lo cual difícilmente llegarán los testimonios que podrían esclarecer los hechos.
Acompañar el proceso iniciado en 2026 supone también exigir que los reconocimientos produzcan consecuencias jurídicas. Retomar el hilo constitucional supone que las garantías vuelvan a orientar la actuación de las instituciones, y que quienes sufrieron la persecución encuentren, además de la libertad, verdad, justicia y reparación.
[1] Profesora e investigadora universitaria. Especialista en Gerencia de Auditoría de Estado, Ciencias Penales y Criminológicas y Derecho Digital.
[2] El Comercio, “TSJ ordena que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia encargada de Venezuela”, 3 de enero de 2026, https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/tsj-ordena-delcy-rodriguez-asuma-presidencia-encargada-venezuela/; CIDOB, “Delcy Rodríguez Gómez”, biografía, https://www.cidob.org/lider-politico/delcy-rodriguez-gomez
[3] Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Gaceta Oficial n.º 6.990 Extraordinario, 19 de febrero de 2026; El Diario, “What Does Venezuela’s Amnesty Law Propose and What Do Critics Say Is Missing?”, 7 de febrero de 2026, https://eldiario.com/2026/02/07/venezuela-amnesty-law-what-it-proposes-and-whats-missing/; Acceso a la Justicia, “Renovación del TSJ en Venezuela: avances y desafíos para la independencia judicial”, 5 de noviembre de 2026, https://accesoalajusticia.org/renovacion-tsj-venezuela-avances-y-desafios-pindependencia-judicial/, sobre la Mesa de Diálogo y los acuerdos de renovación del Tribunal Supremo.
[4] Conciencia es Dignidad, “Retomar el hilo constitucional en el sistema de justicia venezolano: dos acontecimientos en menos de 24 horas muestran su urgencia”, 8 de octubre de 2026, https://concienciaesdignidad.org/sistema-de-justicia-venezolano-dos-acontecimientos-en-menos-de-24-horas-muestran-su-urgencia/, apartado “Mirar hacia atrás para reconstruir hacia adelante: responsabilidad individual y no repetición”.
[5] Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, Gaceta Oficial n.º 41.274, 8 de noviembre de 2017, reimpresa en la Gaceta Oficial n.º 41.276, 10 de noviembre de 2017, art. 20; Acceso a la Justicia y otras organizaciones, “La paz se construye con derechos: deroguen la ‘Ley contra el odio’”, 4 de noviembre de 2026, https://accesoalajusticia.org/paz-construye-derechos-deroguen-ley-contra-odio/, sobre su uso contra la expresión crítica.
[6] El Diario, “Foro Penal: Más de 900 personas en Venezuela fueron acusadas de incitar al odio desde 2017”, 30 de septiembre de 2026, https://eldiario.com/2026/09/30/acusaciones-incitacion-odio-venezuela/.
[7] El Diario, “Delcy Rodríguez reconoce que la Ley contra el Odio fue ‘mal aplicada’”, 29 de septiembre de 2026, https://eldiario.com/2026/09/29/delcy-rodriguez-ley-contra-el-odio-fue-mal-aplicada/.
[8] Acceso a la Justicia y otras organizaciones, “La paz se construye con derechos…”, cit., sobre el régimen sancionatorio, la definición de hostigamiento y la ausencia de previsiones sobre causas abiertas y condenas; El Diario, “AN aprobó en primera discusión el proyecto de ley de reforma de la Ley contra el Odio”, 3 de noviembre de 2026, https://eldiario.com/2026/11/03/an-aprobo-proyecto-de-ley-de-reforma-de-la-ley-contra-el-odio/.
[9] Acceso a la Justicia, “Tribunales contra el terrorismo: seis claves de la decisión del TSJ”, 28 de octubre de 2026, https://accesoalajusticia.org/tribunales-contra-el-terrorismo-seis-claves-de-la-decision-del-tsj/, sobre las resoluciones n.º 2012-0026 y 2015-0007 y el informe de la Comisión Internacional de Juristas de febrero de 2026.
[10] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, resolución n.º 2026-0010, 13 de octubre de 2026; El Nacional, “El Supremo elimina cuatro tribunales especiales de terrorismo y descentraliza las causas”, octubre de 2026, https://www.elnacional.com/2026/10/el-supremo-elimina-cuatro-tribunales-especiales-de-terrorismo-y-descentraliza-las-causas/, sobre los objetivos declarados de la resolución; Acceso a la Justicia, “Tribunales contra el terrorismo…”, cit..
[11] Tal Cual, “Buscar en cada tribunal: el ‘caos’ que dejó eliminar los tribunales de control antiterrorismo”, 7 de noviembre de 2026, https://talcualdigital.com/a-fondo/buscar-en-cada-tribunal-el-caos-que-dejo-eliminar-los-tribunales-de-control-antiterrorismo/; El Nacional, “El TSJ no eliminó los tribunales de terrorismo: repartió sus casos entre más de 700 juzgados”, noviembre de 2026, https://www.elnacional.com/2026/11/el-tsj-no-elimino-los-tribunales-de-terrorismo-repartio-sus-casos-entre-mas-de-700-juzgados/.
[12] Nuevo Día, “Delcy Rodríguez: ‘Ninguna persona será detenida sin orden judicial’”, 29 de octubre de 2026, https://nuevodia.com.ve/delcy-rodriguez-ninguna-persona-sera-detenida-sin-orden-judicial/.
[13] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, arts. 44 (numerales 1 a 5), 45, 46 y 49.
[14] Código Orgánico Procesal Penal, arts. 9 (afirmación de la libertad), 229 (estado de libertad), 233 (interpretación restrictiva), 234 (flagrancia), 236 (privación judicial preventiva de libertad y aprehensión en casos de extrema necesidad y urgencia) y 373 (procedimiento en caso de flagrancia).
[15] El Diario, “Foro Penal advirtió que la represión política continuará mientras haya detenidos arbitrariamente”, 30 de octubre de 2026, https://eldiario.com/2026/10/30/foropanal-represion-politica/
[16] Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, informe A/HRC/48/69, 2021, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69_EN.pdf, y comunicado de prensa de 14 de mayo de 2025, https://www.ohchr.org/es/press-releases/2025/05/venezuela-fact-finding-mission-urges-end-state-use-isolation-against; Acceso a la Justicia, Justicia aplazada en Venezuela. Informe anual 2025, cap. I, § 1.3.1, pp. 13-14, https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2026/07/Informe-anual-AJ-2025.pdf.
[17] Conciencia es Dignidad, “A seis meses de la Ley de Amnistía en Venezuela: demora, opacidad e incumplimiento”, 19 de agosto de 2026, https://concienciaesdignidad.org/a-seis-meses-de-la-ley-de-amnistia-en-venezuela-demora-opacidad-e-incumplimiento/; Conciencia es Dignidad, “La Misión Independiente de la ONU reitera la advertencia: la Ley Contra el Odio no puede quedar fuera de la reinstitucionalización”, 17 de septiembre de 2026, https://concienciaesdignidad.org/ley-contra-el-odio-no-puede-quedar-fuera-de-la-reinstitucionalizacion/, sobre la proporción de excarcelaciones bajo medidas sustitutivas.
[18] El Diario, “Foro Penal contabiliza 322 presos políticos en Venezuela”, 9 de octubre de 2026, https://eldiario.com/2026/10/09/foro-penal-contabiliza-322-presos-politicos-en-venezuela/; Tal Cual, “‘No están solos’: Machado pudo comunicarse con presos políticos del Rodeo I pese al caos”, 6 de noviembre de 2026, https://talcualdigital.com/noticias/no-estan-solos-machado-pudo-comunicarse-con-presos-politicos-del-rodeo-i-pese-al-caos/, que recoge el registro de Justicia, Encuentro y Perdón; Tal Cual, “PUD exige la liberación de más de 393 presos políticos: ‘Solo se necesita voluntad’”, 9 de noviembre de 2026, https://talcualdigital.com/noticias/pud-exige-la-liberacion-de-mas-de-393-presos-politicos-solo-se-necesita-voluntad/; El Diario, “Familiares de presos políticos se reorganizan tras 10 meses de protesta frente a El Rodeo I”, 8 de noviembre de 2026, https://eldiario.com/2026/11/08/presos-politicos-venezuela-6/.
[19] Conciencia es Dignidad, “Cerrar la puerta a la repetición exige dejar sin efecto la ley contra el odio: derogación legislativa, nulidad constitucional y reforma del sistema de justicia en Venezuela”, 17 de septiembre de 2026, https://concienciaesdignidad.org/derogacion-legislativa-nulidad-constitucional-y-reforma-del-sistema-de-justicia-en-venezuela/, apartados IV y V.
[20] Acceso a la Justicia, “Tribunales contra el terrorismo…”, cit., apartado 6, que recoge la recomendación de la Comisión Internacional de Juristas de derogar o modificar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
[21] Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, “Venezuela: Pese a cambios políticos limitados, el aparato represivo del país permanece intacto”, 16 de septiembre de 2026, https://www.ohchr.org/es/press-releases/2026/09/venezuela-amidst-limited-political-changes-countrys-repressive-apparatus; CIDH y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, comunicado de 28 de octubre de 2026, reproducido por Foro Penal, “CIDH y RELE urgen a Venezuela a derogar la ‘Ley contra el Odio’”, 29 de octubre de 2026, https://foropenal.com/articulo/cidh-rele-urgen-a-venezuela-a-derogar-la-ley-contra-el-odio.
[22] Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, Derecho Penal. Parte General, 2.ª ed., Ediar, Buenos Aires, 2002, sobre el poder punitivo y el sistema penal subterráneo.
[23] Acceso a la Justicia, “Acceso a la Justicia evidencia en su informe anual que la crisis institucional del país es estructural”, 6 de octubre de 2026, https://accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-evidencia-informe-anual-crisis-institucional-pais-es-estructural/; Acceso a la Justicia, “Renovación del TSJ en Venezuela…”, cit., sobre la provisionalidad de la gran mayoría de los jueces.
[24] Conciencia es Dignidad, “Retomar el hilo constitucional en el sistema de justicia venezolano…”, cit., resumen y apartado “La carrera judicial que nunca se instauró”.
[25] Acceso a la Justicia, “Renovación del TSJ en Venezuela…”, cit., apartado “La publicación del baremo de evaluación”; El Nacional, “Comité de Postulaciones Judiciales publicó criterios de evaluación para aspirantes a magistrados del TSJ”, 2 de noviembre de 2026, https://www.elnacional.com/2026/11/comite-de-postulaciones-judiciales-publico-criterios-de-evaluacion-para-aspirantes-a-magistrados-del-tsj/.
[26] Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, cit., arts. 10 y 11; Acceso a la Justicia, “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, 24 de febrero de 2026, https://accesoalajusticia.org/engaceta-ley-de-amnistia/.
[27] Código Orgánico Procesal Penal, arts. 49.2 y 300.3 (extinción de la acción penal por amnistía), frente al art. 300.1 y 2 (inexistencia o atipicidad del hecho); Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, cit., art. 6.
[28] El Pitazo, “ONG Conciencia es Dignidad alerta: Ley de Amnistía en Venezuela es un ‘instrumento de control’ y no de justicia real”, marzo de 2026, https://elpitazo.net/politica/ong-conciencia-es-dignidad-alerta-ley-de-amnistia-en-venezuela-es-un-instrumento-de-control-y-no-de-justicia-real/; Conciencia es Dignidad, “A seis meses de la Ley de Amnistía…”, cit.; Conciencia es Dignidad, “La Misión Independiente de la ONU reitera la advertencia…”, cit.; Conciencia es Dignidad, “Cerrar la puerta a la repetición…”, cit., apartado IX, sobre el sobreseimiento cuando la conducta atribuida nunca configuró un hecho punible.
[29] El Independiente, “Una de las españolas liberadas por Venezuela agradece la gestión de Zapatero, pero denuncia que no es una libertad plena”, 10 de enero de 2026, https://www.elindependiente.com/espana/2026/01/10/una-de-las-espanolas-liberadas-por-venezuela-agradece-la-gestion-de-zapatero-pero-denuncia-que-no-es-una-libertad-plena/amp/; El Diario, “Rocío San Miguel recibió libertad plena”, 2 de octubre de 2026, https://eldiario.com/2026/10/02/rocio-san-miguel-recibio-libertad-plena/.
[30] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, arts. 25 y 29.
[31] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Fondo, sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C n.º 4, párrs. 166, 176 y 177; Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 de febrero de 2005, principios 19, 35 y 38, https://docs.un.org/es/e/cn.4/2005/102/Add.1.
[32] Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, cit., arts. 2.3 y 9.1; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 29.
[33] Conciencia es Dignidad, “La Misión Independiente de la ONU reitera la advertencia…”, cit.; Conciencia es Dignidad, “Cerrar la puerta a la repetición…”, cit., apartado VII.